CIC en el Caribe: Millonarias obras abandonadas

Obras olvidadas, materiales robados, alcaldes ausentes e investigados y, en medio, las comunidades, intentando proteger un espacio construido para ellas. Ese es el panorama que rodea a seis Centros de Integración Ciudadana (CIC) en igual número de municipios del Caribe colombiano.

El Ministerio del Interior invirtió 4.600 millones de pesos del Fondo de Seguridad y Convivencia (Fonsecon) para la construcción de los CIC de Repelón, Atlántico; El Guamo, Bolívar; Cerro San Antonio, Chibolo, Santa Ana y San Sebastián de Buenavista, municipios del Magdalena. En su momento la Contraloría General de la República le hizo tres auditorías a 80 CIC del país, entre ellos cuatro de los mencionados anteriormente, y encontró inconsistencias que fueron reportadas al Ministerio para el debido plan de mejoramiento.

EL TIEMPO visitó varios CIC y el uso que le están dando las comunidades y esto fue lo que encontró.

El convenio para la construcción del CIC de Repelón se firmó con la anterior alcaldesa, Cecilia Soler, en diciembre de 2013, pero los resultados de la auditoría de la Contraloría que se centraron en cuestionar la calidad de los materiales empleados así como visibles inconsistencias en las actas de entrega y un presunto hallazgo fiscal de $38 millones, fueron reportados al actual alcalde, Enrique Antonio Escobar Ruiz, del partido Cambio Radical.

Según afirma el alcalde y la comunidad, a pesar de que la obra debía terminar en 2016, aún no ha concluido. Peor aún, hay un acta de entrega firmada el 28 de diciembre de 2015, según reportó la Contraloría, sin que esta estuviera concluida.

Al momento de la visita periodística, el CIC estaba en mantenimiento y según asegura Ezequiel Figueroa, encargado de la vigilancia del Centro, el plazo de entrega se corrió al 27 de julio de 2019 y aún hay retrasos con las obras de la zona istrativa del centro.

Con respecto a la auditoría de la Contraloría, el Alcalde dice que los diseños aprobados desde el Ministerio del Interior estaban “mal planeados” ya que,el nivel freático del municipio está a menos de 50 cm y los baños y oficinas del CIC fueron diseñados de forma subterránea por tanto se inundarían, como en efecto ocurre.

“Quienes trajeron la obra no pensaron que a 50 cm se nos viene el agua y eso no se va a resolver nunca, ningún alcalde va a resolver el problema, hay que cambiar lo que son baños y camerinos pero no podemos hacer nada… yo puedo decir que me comprometo pero el problema es cumplir, porque no están los recursos. Estamos trabajando para eso y creemos que a más tardar el 15 de julio terminamos las adecuaciones para entregar los reportes a la contraloría”, aseguró el mandatario.

La fecha pasó y la obras aún no se terminan.

El CIC de Repelón se convirtió en parte de un complejo deportivo construido por el Consorcio Parques Para la Paz que, además de asumir el mantenimiento y adecuación de la obra, también está construyendo dos canchas de fútbol sintéticas, un parque y un estadio de béisbol con dinero de la Gobernación del Magdalena.

“Después de la inversión de más de 1.600 millones que hizo el municipio, La Gobernación nos regala la construcción de la casa de la cultura al lado”, comenta el alcalde, quien se refiere a la importancia del Centro de Integración Deportivo y Comunitario que agrupa todas las obras antes mencionadas incluyendo el CIC. Sin embargo, la comunidad no está conforme.

Boris Otero, mototaxista de Repelón, lo controvierte y dice que “el alcalde no le pone cuidado a esa obra”. A esa afirmación se suma el encargado de la vigilancia del Centro Deportivo quien critica la falta de supervisión o interventoría a las obras, lo cual se evidencia en los retrasos de la entrega del complejo deportivo.

La exalcaldesa Soler también habla y manifiesta que el sistema de alcantarillado del municipio, que quedó listo en un 95%, sigue sin terminarse, generando problemas de aguas estancadas cuando llegan las lluvias, lo cual afecta al complejo deportivo y cultural que aún no se culmina.

El alcalde Enrique Escobar, a sabiendas de que la istración y el mantenimiento de los CIC le corresponde al Municipio, según el convenio firmado con el Ministerio del Interior, le hace un llamado a la Gobernación para que asuma la carga financiera que implica el CIC, que según él, es muy cara para un municipio como Repelón.

En la región de los Montes de María, en noviembre de 2013 se celebró el convenio entre el Mininterior y el municipio de El Guamo, Bolívar, para la construcción de un CIC. Pero hasta diciembre de 2014 la Alcaldía firmó el contrato con el Consorcio El Guamo CIC para realizar la obra, dándole un plazo de 3 meses para su ejecución. Y no fue hasta once meses después, en noviembre de 2015, con una inversión mayor a los mil millones de pesos que se inauguró por fin el CIC de El Guamo.

A pesar de los retrasos, un año después de ser inaugurada, la obra fue cerrada por el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo debido al peligro que representaba para la comunidad y la mala calidad de la construcción. Y como resultado de ello el Ministerio del Interior demandó al municipio por incumplimiento de contrato.

Actualmente el CIC luce deteriorado y olvidado. En frente de la obra vive Yohaira Villalba. Ella se queja de que que los baños están dañados al igual que los cerramientos de la cancha. “Hay un señor que en la mañana lo abre y ya en la nochecita viene y lo cierra”, señala la señora Villalba.

Dairo Beñaloza, otro habitante de El Guamo, señala que la ubicación del CIC no favorece la apropiación ni el uso del mismo por parte de la comunidad ya que está retirado del centro poblado del Municipio.

Según el acta de presentación del proyecto CIC, estos espacios están equipados con oficinas justamente para que allí trabaje personal istrativo que debe contratar la Alcaldía, pero en este caso no cuenta con ello. La Unidad de Datos de EL TIEMPO buscó a la alcaldesa liberal Luz María Mercado Villalba, pero no fue posible hablar con ella.

La alcaldesa no solo tiene varios procesos en su contra por las deficiencias istrativas del CIC. Además, fue denunciada ante la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría General de la Nación por la Organización para la Defensa de los Derechos de los Ciudadanos (ODDC) por supuestas irregularidades contractuales en la construcción de un estadio de fútbol en el corregimiento El Roble, por más de 1.500 millones de pesos. Éste se encuentra en zona de inundación y según Blanca Sabagh, directora de la ODDC, los certificados de suelos habrían sido expedidos de manera fraudulenta.

Igualmente la ODDC demandó a la mandataria ante el programa Bolsillos de Cristal de la Fiscalía por fallas en la entrega de un proyecto destinado a las víctimas del conflicto en los Montes de María. El proyecto contaba con recursos de Fonade y la Unidad de Víctimas y tenía como propósito crear fuentes de ingresos para las familias que han sido víctimas en el sector. Las investigaciones, por lo pronto, siguen su curso.

En junio de 2015 se firmó el convenio entre el municipio de Cerro de San Antonio y el Ministerio del Interior para la construcción un CIC para la comunidad y solo dos años después por fin se hizo entrega de la obra. Los retrasos del CIC fueron reportados inicialmente en 2016 por la Contraloría Departamental de Magdalena al alcalde de Cerro San Antonio, Edgard Fernandez Lafaurie.

Dos años después, en 2018, la Contraloría General de la Nación hizo el hallazgo de irregularidades contractuales en el CIC con posibles incidencias disciplinarias. La Contraloría encontró responsable al Mininterior y a la Alcaldía municipal por fallas en la calidad de la obra e incumplimineto de contratos. Finalmente reportó hallazgo istrativo por $31 millones que no se han podido aclarar.

El alcalde Edgard Fernandez Lafaurie, de Cambio Radical, respondió al informe diciendo que el contratista se comprometía a arreglar las deficiencias y reintegrar al Tesoro Nacional los excedentes de dinero pero no se especificó en qué fechas, además también atribuyó los daños encontrados en el CIC al vandalismo, pero no adjuntó prueba de ello.

A pesar de los hallazgos de las contralorías y de los planes de mejoramiento, hoy el CIC de Cerro de San Antonio es devorado por la maleza y la basura. El Centro permanece abierto todo el día sin vigilancia ni istración, el baño de mujeres está inundado mientras el baño de hombres es un botadero de desechos. Las oficinas están cerradas y el olor de los excrementos en el suelo se expande por todo el espacio. A pesar de las condiciones, los jóvenes que viven en el barrio a veces lo usan para realizar sus torneos de fútbol.

Néstor García, habitante del municipio agrega que debido al abandono, en muchas ocasiones el sitio es empleado para el consumo de drogas.

EL TIEMPO no pudo ar al alcalde Edgard Fernandez Lafaurie. De hecho los habitantes dicen que se la mantiene poco en el Municipio. Fernández tiene también un proceso en su contra en la Procuraduría por presuntas irregularidades istrativas y fiscales debido a la compra de equipos médicos en el 2015 para un hospital, el cual hoy no presta los servicios adecuados.

El 8 de noviembre de 2013 se celebró la firma del convenio entre el municipio de Chibolo en Magdalena y el Mininterior para la construcción de un Centro de Integración Ciudadana. La entrega del CIC no se dio sino hasta marzo del 2017 y su finalización también trajo consigo una demanda al municipio por incumplimiento de contrato, ya que para agosto de 2016 el convenio con el Mininterior ya se había vencido.

La auditoría que la Contraloría realizó a esta obra reportó que el contrato se encontraba para 2017 en liquidación judicial y que el Mininterior había incumplido en la supervisión de la obra. A pesar de este informe el Mininterior, en cabeza de Guillermo Rivera Flórez, argumentó no tener responsabilidad en la supervisión de la obra sino exclusivamente en el desarrollo del convenio interistrativo.

La Contraloría pudo establecer que el alcalde del municipio, el liberal Hernán Julio Barrios Orozco, no anexó certificación de la puesta en funcionamiento del CIC al momento de la entrega. Al día de hoy, el CIC se encuentra en pésimas condiciones. No hay equipos de baloncesto o voleibol instalados, lo que debe ser la zona istrativa es un espacio lleno de basura, y es imposible ingresar a los baños porque están inundados.

Rosa del Paso, quien vive frente al CIC, comenta jocosamente que en esa obra “hasta los lavamanos se los robaron”. Dice que la obra no cuenta con vigilante y las inundaciones ocurren porque los techos los hicieron sin canaletas.

“Yo abro la puerta y miro las paredes (de su casa) y son negras de los mosquitos”, dice María Cervantes, quien se queja de ser vecina del CIC que es un foco de desaseo. “Menos mal no ha habido alguna epidemia de dengue”, menciona.

El alcalde Hernán Barrios, quien no estaba en el Municipio el día de la visita, se comunicó telefónicamente con este medio y descargó su molestia con los pobladores. “La comunidad no colabora porque han afectado los baños. Los jóvenes y niños los han destruído”. Confirma que el CIC no tiene vigilancia y argumenta que no cuenta con recursos para hacer las contrataciones de personal.

Explicó que el contratista se compromete a reparar los daños de puertas baños y ventanas ya que aún el Mininterior le tiene retenido parte del pago por causa de los faltantes y solo se desembolsará hasta que se termine por completo la obra.

Con respecto a la demanda que tiene el municipio por incumplimiento del convenio, comenta el Alcalde que el proceso continúa y aún no se ha dictado sentencia. Por el momento se espera que en este mes se efectúe la visita de un supervisor del Mininterior al CIC y así entregarle los reportes de avances.

Por lo menos 735 millones de pesos se destinaron a la construcción del CIC en Santa Ana durante la istración del alcalde Leandro Lopera Aguilar y aunque las obras tardaron más de lo esperado, el convenio se firmó en noviembre de 2015, hoy día el Centro está terminado.

Si bien el CIC cuenta con istración, la oficina dispuesta para ello prácticamente es la vivienda de alguien. Desde la ventana se observa un colchón.

El inconveniente de este Centro es que en el municipio nadie lo conoce, muchos no tienen idea de dónde está ubicado. Franklin Casas, habitante del municipio, manifestó no conocer la obra ni saber qué actividades se realizan allí. El problema radica en que el CIC está a las afueras del casco urbano del municipio.

Intentamos ar a la actual alcaldesa, Lourdes del Rosario Chicre Campo, de Cambio Radical, pero no fue posible. Chicre enfrenta una denuncia en la Procuraduría por mala ejecución de los recursos del CONPES destinados a la atención de primera infancia.

En este municipio se construyeron dos centros, uno en la cabecera municipal de San Sebastián de Buenaventura y otro en el corregimiento de San Rafael.

El que fue levantado en el casco urbano se usa para todo tipo de eventos y cuenta con vigilancia permanente, sin embargo, tiene fallas eléctricas que obligan a la comunidad a llevar sus lámparas recargables en las horas de la noche y no cuenta con un continuo servicio de agua, por lo que raras veces se usan los baños.

La segunda obra en San Rafael se inunda en época de lluvias y tampoco cuenta con servicios públicos, según cuenta Nelson Armesto, habitante del municipio. El convenio entre el Ministerio del Interior y la Alcaldía del Municipio fue firmado en octubre de 2015 y ya en agosto de 2016 la Contraloría departamental de Magdalena había reportado irregularidades contractuales. El alcalde, Edgar Iturriago Fuentes, del Partido de la U, no presentó evidencia de la prórroga de terminación del contrato ni aportó la póliza de garantía del contrato como tampoco comprobantes de pago.

Además de los reportes de la Contraloría, el alcalde Iturriago está demandado por las obras de acueducto en 4 corregimientos de San Sebastián que tuvieron un costo de 1.400 millones de pesos, explica Armesto quien es el demandante. “Las obras se tenían que entregar en 2015 y aún no están funcionando”. La Unidad de Datos intentó arse con al alcalde Iturriago pero no respondió.

En el CIC de Nariño, Antioquia, la Contraloría, según su informe de 2018, detectó fallas en el estudio por tanto incumpliento de las normas de sismo resistentecia, lo cual no reconoce el alcalde Carlos Arturo Marín. “No hubo fallas en el estudio de suelo, ni fallas en cuanto a la sismo resistencia de la construcción, lo único fue que hubo que reubicar una oficina que en los diseños quedaba enterrada. Por los hallazgos de las aguas subterráneas, debió construirse en la superficie”, explicó el Alcalde.

En el municipio de Belmira, Antioquia, la Contraloría reportó en su momento que las obras estaban inconclusas. El secretario de Planeación y Desarrollo municipal, Alejandro Ortíz Londoño expresó que “el contrato tuvo varias observaciones por parte del Ministerio, en la parte de mantenimiento y en la parte eléctrica, que fueron subsanados durante esta istración”.

El municipio de Vélez, Santander, cuenta con dos Centros de Integración Ciudadana, uno ubicado en el sector agroindustrial y otro en la Villa Olímpica, este último es el que está bajo la lupa de la Contraloría. Este CIC en Vélez habría generado un detrimento patrimonial de 22 millones de pesos por diferencias entre la calidad y cantidades de obras hechas y las pactadas en los contratos. En 2015, cuando se culminaron las obras y tras una auditoría inicial, el alcalde del municipio Leonardo Pico, tuvo que hacer válidas y efectivas las pólizas a los contratistas. El contratista reintegró recursos por el orden de siete millones de pesos, por concepto de unos acabados que no estaban en la obra, según manifiesta Pico.

Con relación al uso del CIC, el alcalde dijo: “la realidad es que en este lugar no se ve mucha cantidad de niños porque no hay muchas personas con edad para practicar deportes, ya que la población de esta vereda es de avanzada edad. Hemos garantizado el arreglo de la vía hasta allá para que se acerquen los clubes deportivos a practicar”.

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Válery Serrano @ValeryJSerranoU

Y colaboradores de Nación