La historia de los megacontratos por los que a Mauricio Aguilar le imputarán cargos ante Fiscalía y Procuraduría

para este 12 de agosto a las 9:30 a.m. se tiene programada la audiencia de imputación de cargos en la Fiscalía por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos formales por presuntas irregularidades en un contrato que se ejecutó durante la pandemia y por el que, en su momento, el diputado Ferley Sierra denunció penalmente a Mauricio Aguilar por contratar un plan de medios.

En su momento, el diputado del partido Verde  denunció un supuesto cartel de contratación a periodistas  e influencers para mejorar la imagen de la gobernación de Santander.

Se trataba de un contrato que iba a ejecutarse con 5.000 millones de pesos invertidos en un plan de medios del 2021, pero hasta que se conoció la denuncia, fueron 1.200 millones los que se pagaron a medios de comunicación alternativos.

Según Ferley, la contratación se originó a medios fantasmas, que traduce a que las redes sociales no tenían ningún seguidor, ni movimientos, pero sí publicaciones positivas de la gobernación de Santander.

"Es decir no cumplieron con las obligaciones de publicar las pautas, pero aún así les liquidaron los contratos. Son más de 18 contratos con las irregularidades. Se contrataron personas que no son periodistas, sino que fueron activistas de campaña de Mauricio Aguilar y Fredy Anaya, quienes ejercen persecución política contra la oposición de Aguilar". 

Sobre esta denuncia, en el 2021 la istración se pronunció y negó haber contratado un cartel de periodistas y sustentó que había comunicadores independientes para tal fin, aludiendo a que todo estaba sustentado legalmente y de manera regular.

Entre tanto, el segundo contrato en cuestión también sucedió en pandemia para atender la emergencia del COVID-19, cuando Mauricio Aguilar era gobernador de Santander. 

Del mencionado en cuestión la Procuraduría le formuló pliegos y catalogó este acto como una falta gravísima a título de culpa gravísima.

Se trata del contrato con una plataforma tecnológica que superaría los mil millones de pesos en el que también está investigado César García, el ex director de gestión de riesgo del departamento de ese entonces y el supervisor del contrato, Sergio Orlando ferro.

Este contrato tenía la intención de que la comunidad de Santander recibiera atención telefónica y asesoría sobre COVID- 19, lo que se presume hasta el momento, es que, al parecer, se pagó por un servicio que no fue prestado y sin los profesionales completos como se pedía en la contratación

El contrato en cuestión tenía una ejecución de tres meses con un presupuesto de más de 742 millones, Según la Procuraduría, fueron 13 millones mensuales los desembolsados.

A pesar de esto hubo dos adiciones presupuestales más y finalmente el contrato en total sumó dos mil millones de pesos.

Ese proceso se realizó con Advance Technologies & Solutions Groups SAS, y su representante legal es Viviana Ojeda Bernal.

Según Fabián Díaz, congresista de Santander, uno de los denunciantes,  lo que se pudo detectar es que "el contratista no proporcionó todo el personal prometido, faltando específicamente un epidemiólogo. A pesar de este incumplimiento, se efectuaron pagos completos al contratista, lo que evidenció una falta de supervisión adecuada".