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Las lujosas obras de vivienda en Villavicencio que investiga la Contraloría
La entidad también detectó falta de gestión en el recaudo del impuesto de delineación urbana.
Een la base de datos oficiales aparecían como lotes, pero ya tenían mejoras considerables. Foto: Contraloría de Villavicencio.
La Contraloría detectó por lo menos 16 grandes y millonarias construcciones en Villavicencio, que no tienen licencia y evaden el pago del impuesto de delineación urbana en sumas superiores a los 205 millones de pesos.
Un informe del ente de control, con base en denuncias presentadas por ciudadanos, estableció que se están adelantando las construcciones en sectores como el corredor Ecológico, entre las veredas Zuria y Barcelona.
La Contraloría de Villavicencio mediante el uso de herramientas tecnológicas, información catastral, línea de tiempo de softwares especializados, logró identificar predios que en la base de datos oficiales aparecían como lotes, pero ya tenían mejoras considerables en promedio de 100 y hasta 500 metros cuadrados.
El caso que llamó más la atención es el del Condominio Barú, ubicado en el kilómetro 4 de la vía entre Villavicencio y Puerto López, en el que se encontraron cuatro construcciones en los que se presentaron diferencias entre los metros cuadrados reportados y liquidados, y los metros cuadrados en la información catastral, lo que genera una diferencia en el pago del impuesto de delineación urbana.
En una de las construcciones el reporte liquidado es por 332,86 metros cuadrados, pero se hallaron 481, es decir que no se reportaron 148,14 metros cuadrados.
La Contraloría también llama la atención de las autoridades locales sobre el caso de la urbanización ilegal Bosques de Manuel Alejandro. Foto:Contraloría de Villavicencio.
Para la Contraloría, al construirse y no pagarse el gravamen local, se estaría incumpliendo una obligación tributaria, debido a un “deficiente control urbano por parte de las entidades que tienen esa función, falta de gestión en el recaudo del impuesto de delineación urbana, y escaso seguimiento a las actualizaciones catastrales que evidencian mejoras en lotes”, concluyó el documento del órgano de control fiscal.
La Contraloría también llama la atención de las autoridades locales sobre el caso de la urbanización ilegal Bosques de Manuel Alejandro en la que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Villavicencio, el 24 de noviembre de (2022) ordenó la restitución del predio por los daños ambientales que se estaban ocasionado.
La orden la debían cumplir la Alcaldía, la Policía, la corporación ambiental Cormacarena y las entidades prestadoras de servicios públicos, en el término no superior de un mes, en el que tenían que generen un plan de acción que tenga como fin hacer cumplir las normas istrativas, urbanísticas y ambientales, que correspondan a los usos de suelo del predio según el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad y teniendo en cuenta los derechos fundamentales de los moradores del predio.
En una de las construcciones el reporte liquidado es por 332,86 metros cuadrados, pero se hallaron 481. Foto:Contraloría de Villavicencio.
Lo anterior, como resultado de la afectación ambiental y ecológica en el predio que tiene un 20 por ciento de su extensión en zona de expansión urbana, y para cualquier desarrollo urbanístico se requiere de plan parcial y ese trámite no ha sido adelantado por los imputados ni tampoco por ninguno de los habitantes del asentamiento del predio Bosques de Manuel Alejandro, por lo que la conducta está materializada, concluye la Contraloría.
El predio se ubica en suelo de expansión urbana y que por lo tanto no es objeto de urbanizaciones ni construcciones sin antes haber gestionado y diseñado un plan parcial; además, el predio se ubica parcialmente en suelo de protección por ser parte de la reserva forestal protectora Quebrada Honda y caños Parrado y Buque: comúnmente denominada reserva de Buenavista, área de bosque, franja de manejo ambiental y en franja de protección hídrica del caño Amoladero y siete vueltas.
Por todos estos hechos, la Contraloría estableció cinco hallazgos, de los cuales uno tiene presunta incidencia disciplinaria, y tres con alcance fiscal con daño patrimonial por 205’682.652 de pesos, para ser trasladados a la dependencia respectiva, para la apertura del proceso de responsabilidad fiscal.
En uno de los casos detectados, se ordenó dar traslado a la Procuraduría Ambiental, al igual que a la Fiscalía, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la corporación ambiental Cormacarena.