Cartagena avanza en demanda contra carga de valorización por Vía al Mar: en julio se inicia cobro en 46.305 predios

La Alcaldía de Cartagena avanza en las acciones legales para frenar el cobro de la contribución por valorización establecida por el Invías para predios en inmediaciones de la Vía al Mar.

La demanda es la respuesta al Gobierno Nacional que busca  recaudar 1,23 billones de pesos con los cobros que se les harán a predios de 10 municipios en la Vía al Mar. 

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Como lo señaló EL TIEMPO, en junio de este año el Instituto Nacional de Vías (Invías) comenzará a emitir las primeras liquidaciones de este impuesto y entregará las respectivas cuentas de cobro a los propietarios de 147.744 predios, en todo el corredor.

El corredor vial Cartagena-Barranquilla entró en operación en diciembre del 2021 y logró mejorar el a las dos ciudades con mayor desarrollo urbanístico y turístico de la región Caribe. a finales de junio les llegarán las primeras liquidaciones a 10.868 predios de los municipios de Santa Catalina (Bolívar), Piojó, Tubará y Juan de Acosta (Atlántico). A mediados de julio será el turno para 46.305 predios de la ciudad de Cartagena.

El alcalde Dumek Turbay recordó, en las últimas horas, que el Distrito presentó una demanda de nulidad simple ante la jurisdicción contencioso-istrativa, con el fin de suspender los efectos del acto istrativo que da origen al cobro. 

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"Lo dijimos una vez y lo repetimos. Como Alcalde Mayor de Cartagena no me siento más en una Mesa para conversar el cobro de valorización en nuestra ciudad. Vamos a insistir en nuestras acciones legales", señaló el mandatario.

Según la istración distrital, la decisión del Invías vulnera principios de legalidad, equidad y participación ciudadana.

El mandatario argumenta que no existe una justificación técnica suficiente que demuestre el beneficio directo y proporcional para todos los predios afectados en Cartagena, ni un proceso de socialización adecuado con la comunidad.

Además, el Distrito respaldó una acción pública de inconstitucionalidad presentada ante la Corte Constitucional contra el artículo 280 de la Ley 2294 de 2023, norma que habilita el cobro. 

La Alcaldía advierte que esta disposición vulnera principios como la irretroactividad, la buena fe, la confianza legítima y la unidad de materia, todos protegidos por la Constitución Nacional.

“Reiteramos que no nos oponemos al desarrollo vial ni a la integración regional”, enfatizó el alcalde, “pero consideramos inaceptable que los cartageneros asuman una carga económica sin garantías de justicia tributaria ni mecanismos adecuados de participación previa. Además, se han identificado falencias en los procesos de socialización, notificación y justificación técnica del impacto positivo sobre los predios del Distrito de Cartagena", suma el mandatario.

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La demanda se convierte en un nuevo capítulo de la defensa jurídica del Distrito para frenar un cobro que podría impactar fuertemente el bolsillo de millas de familias cartageneras.

En el mismo sentido del Distrito se pronunció el Consejo Gremial de Bolívar que considera el impuesto un cobro injusto y arbitrario. 

"Reiteramos nuestra firme oposición al cobro de la Contribución Nacional de Valorización (CNV) en el corredor vial Cartagena–Barranquilla y la Circunvalar de la Prosperidad, por considerarlo un gravamen injusto, arbitrario y contrario a los principios constitucionales que rigen el sistema tributario colombiano. Este cobro, promovido por el Instituto Nacional de Vías (Invías), no solo desconoce los límites de su competencia institucional, sino que impone cargas retroactivas a miles de propietarios sin una justificación técnica clara ni un beneficio comprobable para los predios afectados", señaló Juan Camilo Oliveros Calderón, Director Ejecutivo del Consejo Gremial de Bolívar. 

El directvo recordó además que en curso existen estrategias jurídicas de defensa.

“Como Consejo Gremial de Bolívar, en alianza con el Comité Intergremial del Atlántico, hemos avanzado con determinación en una estrategia jurídica que incluye una acción de nulidad contra las resoluciones que sustentan este cobro y la solicitud de medidas cautelares ante el Consejo de Estado. Respaldamos las acciones que desde el Congreso de la República y la Procuraduría General de la Nación buscan frenar su aplicación, en tanto se resuelven las demandas en curso".

"Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que suspenda este proceso, convoque una mesa de diálogo y escuche las alternativas que desde los gremios y la sociedad civil hemos propuesto con seriedad y responsabilidad", concluyó Oliveros Calderón.

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