Liberación de presos en cárcel de Villavicencio genera polémica

Un cruce de comunicación se produjo entre el alcalde Felipe Harman y el director de la cárcel de Villavicencio, Miguel Ángel Rodríguez, por la liberación de 13 internos, uno de los cuales resultó con covid-19 dos días después que salió de la prisión.

Tras conocerse la situación del exrecluso, el mandatario expresó el martes que “el Inpec de una manera irresponsable viene determinando boletos de libertad en las que ni siquiera se está verificando las condiciones de aislamiento de las personas”.

El alcalde hacía referencia no sólo a ese interno sino otros ocho que en la cárcel de Villavicencio se había dado libertades sin los protocolos de sanidad establecidos, según conoció.

En respuesta a ese pronunciamiento del alcalde, el director de la cárcel, Miguel Ángel Rodríguez,  le envió un oficio al mandatario el mismo martes en la tarde.

En el documento señala que el pasado viernes primero de mayo se concedió la libertad a trece internos por orden de autoridad judicial.

"La libertad de estas personas se ajustó a los protocolos de salud de las secretarías de Salud del Meta y Villavicencio y se notificaron a esas entidades mediante oficios el 30 de abril, es decir un día antes de concederles la libertad", replicó Rodríguez.

Además, dijo que las muestras tomadas a los internos liberados resultaron negativas y en consecuencia el protocolo establece que son el municipio y el ciudadano quienes hacen una declaración juramentada, en la cual se comprometen al periodo de aislamiento por 14 días.

Rodríguez también señala que no haber dejado en libertad a esos internos se estaba tipificando el delito de privación ilegal de la libertad.

Por su parte, el alcalde le recordó al director de la cárcel que desde el pasado 30 de abril se suscribió un acta por medio de la cual se prorrogó la medida sanitaria de aislamiento y cuarentena a la cárcel de Villavicencio hasta el 30 de mayo próximo, cuando se cumple la emergencia sanitaria nacional.

Y, además, que el Inpec debe solicitar a los organismos de protección de derechos para que garanticen las disposiciones sanitarias relacionadas con el lugar de aislamiento de la persona que quede en libertad y es quien debe activar una ruta segura de traslado en conjunto con la entidad receptora.

Al margen de la discusión, la Procuraduría les solicitó a los ministros de Justicia, Margarita Cabello, y de Salud, Fernando Ruiz, que ante la presencia del virus en seis cárceles del país y las excarcelaciones de internos por decisiones judiciales o por el decreto que permite la salida de los internos de las cárceles para cumplir sus privaciones en sus casas, se adopten los protocolos sanitarios.

Entre otros, la identificación y estado de salud de la persona que será objeto de excarcelación, especialmente si son positivos para covid-19, y el seguimiento periódico sanitario del mismo; establecer los lugares donde cumplirán el aislamiento obligatorio sean o no positivos para el virus, y el mecanismo de seguimiento y monitorio para que el aislamiento se cumpla adecuadamente.

NELSON ARDILA ARIAS

Para EL TIEMPO

VILLAVICENCIO