Obras, cobro de peajes y hasta toque de queda: el régimen de terror que viven varias zonas del país bajo disidencias de las Farc

Desde finales del año 2023 se han conocido a través de redes sociales diferentes videos y fotografías en las que se ven ‘actos de entrega’ en zonas rurales en los que participan de las disidencias de las Farc, los cuales han desatado polémica por la participación de grupos ilegales en construcción de puentes, acondicionamiento de vías y hasta entrega de ambulancias.

El último hecho se registró en la vereda Honduras, en zona rural de El Tambo, en Cauca, donde del frente ‘Carlos Patiño’ de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ aparecieron el pasado lunes inaugurando un puente vehicular en el que supuestamente habría aportado fondos para su construcción.

Eduard Rubiano Álvarez, secretario de la Asociación Campesina del Micay, señaló que los recursos se obtuvieron mediante actividades comunitarias y que los grupos ilegales no tuvieron ninguna participación, no obstante, las imágenes en las que los de las disidencias se encuentran abriendo la obra dan cuenta de las condiciones que en varias zonas del país viven las comunidades bajo el control de estos grupos armados.

Precisamente, frente a este tema, el general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca de la Tercera División de las Fuerzas Militares, afirmó que las disidencias lo que están haciendo es atribuirse las obras en las que trabaja la población.

Afirma que lo que hacen las disidencias, “es hacer el show y toman las fotos como si estuvieran entregando la gran obra”. 

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“El cañón del Micay es inmenso y está muy alejado de la vía principal, por lo que estas obras prácticamente lo que hacen es beneficiar las economías ilegales de esas estructuras, lo único que hacen es sacar provecho de esto, pero la realidad es diferente”, dijo Mejía.

Ante medios de comunicación, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, afirmó que el grupo armado lo que hace es aparecer “apropiándose de una obra comunitaria para la inauguración”, lo que calificó de “inaceptable” y “reprochable”.

Según denuncias conocidas por EL TIEMPO, estos grupos armados no solo se han visto involucrados en el desarrollo de obras, sino que también imponen órdenes, como no transitar con casco si se va en moto y también que los vehículos no pueden transitar con los vidrios arriba.

En zona rural de Jamundí, por ejemplo, hombres armados imponen su propia ley con asesinatos, secuestros y trabajos forzados a una comunidad para que termine de construir una carretera que conecta con el Cauca.

Cerca de allí, según versiones de la misma población que han llegado hasta las autoridades, habría cuatro estaciones de gasolina levantadas por los mismos disidentes del frente ‘Jaime Martínez’, al parecer, para bombear combustible a la maquinaria que da forma a la vía que los alzados en armas están construyendo.

Lo denunciado se registra en las veredas La Liberia, Ampudia, La Cabaña, Pradera, Cascarilla, Paso de la Bolsa, Potrerito, Robles, San Antonio, Puente Vélez, Villacolombia, Timba y La Cima, donde en buena parte de esa región hay pancartas de bloques del mismo frente de disidentes de las Farc. 

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Labriegos y sus familias que no demuestren ser moradores de las veredas, portando carnés de las juntas de Acción Comunal, son sometidos a castigos por los disidentes, como multas de 3 millones de pesos y si no hay cómo pagar, vienen secuestros para que estos pobladores realicen trabajos forzados en construir una vía que va de la zona de El Despunte hasta el sector La Playa, cerca del río Naya, en las entrañas montañosas de Jamundí para tener al mar del Pacífico colombiano. Es una de las rutas perfectas para la salida de cargas de droga.

Sobre esta situación, la alcaldesa de Jamundí, Paola Catillo, aseguró que espera que el Gobierno Nacional actúe en compañía del gobierno del Cauca, pues es una vía que está más cerca de ese departamento, por lo que espera un trabajo conjunto.

“Hemos evidenciado desde hace un año que esta situación se ha venido recrudeciendo y ya también se ha evidenciado con los hostigamientos y algunos atentados a la comunidad; ahí también hay una evidencia de una vía, que es la vía que construyeron estos grupos al margen de la ley, pero eso es más hacia el Cauca que en el municipio realmente. Se están haciendo todas las investigaciones pertinentes para resolver la situación, pero realmente eso es más desde el nivel nacional que están atendiéndolo”, indicó la mandataria.

La Defensoría del Pueblo, en su alerta temprana de inminencia, la 005-24, dio un campanazo que se suma a la alerta 030 del año pasado. “En los homicidios y las desapariciones perpetradas en sectores rurales montañosos o adyacentes, por regla general se infiere la participación de este frente (‘Jaime Martínez’) al mantener un control territorial férreo y único hasta el momento”, indicó la alerta que fue ratificada por el propio exdefensor, Carlos Camargo.

Según datos del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, los municipios del Cañón del Micay representan el 75 por ciento de las 25.000 hectáreas de cultivos de coca del Cauca.

Pese a estar a menos de 50 metros de la ribera del rio Micay, no tienen buen servicio de acueducto, el agua que consumen no es potable y es precisamente ese el siguiente objetivo.

Por eso recientemente, la comunidad realizó un bingo en la caseta de la Junta de Acción Comunal en el que rifaron tres motos para recaudar recursos económicos para su propio acueducto.

Además de la grave imagen de seguridad que se evidencia con estos actos y el control de los grupos armados en la ruralidad, hay otras zonas del país donde autoridades denuncian daños a los ecosistemas, como es el caso del Meta.

Según autoridades locales, de las disidencias han causado graves afectaciones en la zona del área especial del parque nacional de La Macarena, ampliando el perímetro del área de las vías por donde se movilizan. 

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Los guerrilleros obligan a los campesinos a talar el bosque 50 metros a cada lado de las vías por las zonas donde ellos se mueven, en Vista Hermosa, Uribe y La Macarena, reveló la secretaria de Gobierno del Meta, Andrea Lizcano.

La comunidad hizo un breve video desde un vehículo en el que se aprecia como se desforestó un tramo al lado de la vía que del área urbana de Vista Hermosa conduce a la vereda Loma Linda.

En esta última vereda, en abril pasado, la comunidad, al parecer presionada por el ‘Estado Mayor Central’ de las Farc, al mando de ‘Iván Mordisco’, mantuvo retenidos durante más de 24 horas a 30 militares que acompañaban a la Fiscalía a una diligencia de inspección por delitos ambientales detectados en esa zona.

En esa ocasión, tras la mediación de una delegación de la ONU, la Defensoría del Pueblo, la gobernación del Meta y la alcaldía de Villavicencio, los uniformados fueron liberados.

Estos delitos ambientales también los habían realizado las antiguas Farc para la construcción de vías entre La Macarena (Meta) y San José del Guaviare, y entre Calamar y Miraflores (Guaviare).

Se conoció en aquel entonces que quemaban y talaban bosques para sembrar cultivos ilícitos y pastos que dedicaron a la producción de ganado en una zona de los parques naturales Tinugua y La Macarena, entre La Macarena y San Vicente del Caguán (Caquetá). 

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La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) indicó que además de los hechos recientes, en mayo de las disidencias también entregaron el colegio agropecuario ‘Gentil Duarte’ en límites de Meta y Caquetá; además, también se conoció de un centro de salud en zona rural de Tibú, en Norte de Santander.

“Tras la suspensión del cese al fuego, se ha observado una intensificación de las acciones del ‘Estado Mayor Central’, especialmente del grupo ‘Carlos Patiño’, en contra del Ejército, lo que ha resultado en numerosos hechos victimizantes”, indica el informe.

El informe recomienda que no solo se den acciones urgentes en materia de seguridad, sino que también es necesaria la presencia del Estado para que las comunidades no se vean sometidas a las órdenes de grupos al margen de la ley que solo los utilizan para su beneficio.

Por su parte, el sociólogo y experto en seguridad Hugo Acero, indicó que estas prácticas obedecen a una gobernabilidad criminal, que no son más que prácticas realizadas para ejercer el control no solo de rentas criminales, sino también del territorio.

“Ellos buscan tener el control sobre pobladores, lo cual no se diferencia de lo que hacía Pablo Escobar, por ejemplo. Tienen control del dinero y del territorio, un control poblacional. Estas obras las pueden hacer porque tienen suficientes ingresos de la minería, la extorsión y el narcotráfico.

Acero explica que esta práctica es muy común, pues al invertir pueden controlar a la población para poder mantener su control en el territorio. En materia de vías, el experto asegura que obedecen a un mejoramiento con el propósito de fortalecer su control en las rentas ilegales y la entrada y salida para el narcotráfico.

“No hay consideración medio ambiental, política o social. Es todo económico. Es una actividad de los narcos en los territorios; lo hacían las Farc, pero todas esas acciones apuntan a beneficiar las rentas criminales. Lo que sí es cierto es que se han fortalecido desde hace unos cinco años por diversos factores, entre ellos el cese al fuego, y eso les permite controlar territorios y con la obras mantener su gobernabilidad criminal y poblacional”, agrega Acero. 

NACIÓN

*Con información de Nelson Ardila Arias y Michell Francois Romoleroux