Nuevo bloqueo de la vía Panamericana en Cauca: campesinos exigen no más desplazamiento y desmonte del paramilitarismo

Esta movilización que se desarrolla en el sector de Las Cruces, hace parte de otras cinco que se llevan a cabo en carreteras y centros urbanos del país y en apoyo a la ‘Movilización por la Vida y la Permanencia en el Territorio’ que se está llevando a cabo en Bogotá.

En comunicado, las comunidades movilizadas denuncian el exterminio político en los territorios a través de la estrategia paramilitar. Además, piden el cambio de la doctrina de seguridad nacional que concibe a los movimientos populares y oposición política como enemigos internos.

“Tal situación constituye una amenaza estratégica contra el movimiento social y popular, particularmente contra nuestro movimiento social y político Congreso de los Pueblos, razón por la cual nos hemos declarado en Emergencia Humanitaria desde abril del 2019”, dice el texto.

Desde aproximadamente las 9 de la mañana de este martes, comunidades indígenas y campesinas se tomaron pacíficamente la sede de la Nunciatura Apostólica, en Bogotá.

El Congreso de los Pueblos ha presentado un pliego de peticiones que incluye protección inmediata para los líderes amenazados, la creación de un mecanismo de investigación frente a situaciones de riesgo y la construcción de refugios humanitarios en varias regiones del país.

Ejerciendo el derecho constitucional a la movilización y la protesta social, las comunidades presentaron un pliego que exige:

Cambio de la doctrina de seguridad nacional, proscribiendo la doctrina de seguridad nacional y estableciendo una que respete los derechos humanos, la autodeterminación de los pueblos y la soberanía.

Desmontar el paramilitarismo, ejecutando acciones concurrentes y coordinadas, ejecutadas con voluntad y decisión política gubernamental, además del reconocimiento del paramilitarismo como política estatal.

Implementar mecanismos urgentes de protección y autoprotección para la defensa de la vida y la permanencia en los territorios.

Plan inicial de reparación integral, en el que se exige el desarrollo de medidas de reparación, simbólicas, políticas y materiales, individuales y colectivas que permitan la reconstrucción de la memoria; reparación integral al movimiento A Luchar, justicia y reconocimiento de la responsabilidad del Estado en la violación de DD. HH. e infracciones al DIH; el retorno a los territorios, reconstrucción, adecuación y dotación de sedes; adjudicación y titulación de tierra.