El Ocad Caribe le negó a la Gobernación de
Magdalena el derecho de ejecutar el
Plan de Alimentación Escolar (PAE) 2022.
En la reunión, estableció que la Región istrativa y de Planificación (RAP) asumiera esa responsabilidad.
En ningún caso se alude ni al Icbf, como lo hicieran en diciembre pasado el Ocad, ni a las RAP, como ilegalmente los hacen ahora
Dicha determinación generó malestar en el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, quien arremetió contra los gobernantes que no estuvieron de acuerdo que el departamento se encargara de distribuir las dosis alimentaria en los colegios de los municipios.
Según Caicedo, los gobernadores de Sucre, Córdoba y Bolívar, coludidos con la alcaldesa del municipio de Sampués (Sucre), incurrieron nuevamente en el delito de prevaricato.
Para sustentar su afirmación, precisó que “el marco normativo colombiano solo ite como responsables de la garantía de la alimentación escolar a los departamentos, municipios y distritos”.
En lo que corresponde a presupuesto, dijo que la ley indica que la ejecución de los recursos de alimentación escolar están a cargo de la Nación y las entidades territoriales certificadas en educación.
“Es decir, en ningún caso se alude ni al Icbf, como lo hicieran en diciembre pasado el Ocad, ni a las RAP, como ilegalmente los hacen ahora”, anotó el gobernador de Magdalena.
El rechazo del Icbf
El mandatario recordó que el 6 de diciembre de 2021 los gobernadores, reunidos en el Ocad región Caribe, aprobaron que el Icbf fuese la entidad ejecutora del PAE para el Magdalena.
Esta decisión, según agregó, por ser contraria a derecho fue rechazada por la directora general del Icbf, quien al igual que el Ministerio de Hacienda y la Gobernación del Magdalena argumentaron que no tenía ni las facultades legales ni la competencia para asumir la ejecución del PAE.
Se trata de una decisión que expresa el abuso de la posición dominante del gobernador de Córdoba y la alcaldesa de Sampués
El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, manifestó su rechazo a la nueva decisión argumentando que “se trata de una decisión que expresa el abuso de la posición dominante del gobernador de Córdoba y la alcaldesa de Sampués”.
Anunció, asimismo, que presentará denuncia penal y queja disciplinaría contra los gobernadores de Sucre y Córdoba y la alcaldesa de Sampués, “toda vez que con su conducta dolosa han incurrido nuevamente en el delito de prevaricato por acción".
“Es inamisible que por razones políticas se le niegue a los niños y niñas del departamento del Magdalena, el cuarto más pobre del país, su derecho a la alimentación escolar”, puntualizó Caicedo.
Roger Urieles
Para EL TIEMPO Santa Marta
@rogeruv
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