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Juez legalizó interceptación a celdas y antenas de telefonía de implicados en el asesinato del ganadero Esteban Urueta y sus trabajadores en Córdoba

La decisión fue apelada y ahora una juez de Cereté (Córdoba) definirá la situación.

Las autoridades capturados a los presuntos implicados en Cartagena. — Funcionarios del grupo GAULA detuvieron a Cristian Petro y Juan Fernando Soto en una casa de Cartagena. Foto: Tomada de X: @directorpolicia

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Francisco javier barrios

23.10.2024 16:18 Actualizado: 23.10.2024 16:37

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El juez de control de garantías del municipio de San Carlos (Córdoba) legalizó la interceptación de las celdas y las antenas del abonado Cristian Petro, presunto implicado en la muerte del ganadero Esteban Urueta y de sus trabajadores, Fredys Beleño Acosta y Gerardo Marzola Coronado, con lo que se pudo demostrar que el imputado habría estado en el sitio de los hechos el día y hora del triple homicidio.

De igual manera se habría establecido que varias personas tuvieron o con Cristian Petro en su celular la mañana del pasado 12 de septiembre del año en curso y al parecer entre ellos una mujer, de quien la Fiscalía tendría su identificación.

Sin embargo para los interesados en del caso, la supuesta mujer se constituye en un misterio y más por saber cuál sería la relación con los presuntos asesinos de las tres personas.

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Esteban Rafael Urueta González Foto:X de José Félix Lafouri

La identidad de la mujer que tiene o con Cristian Petro podría estar definida, teniendo en cuenta el supuesto informe que la empresa de telefonía móvil le habría entregado a la Fiscalía.

La investigación de los expertos de la Fiscalía General de la Nación podría estar dirigida también hacia las otras personas que, al parecer estuvieron conectadas con Cristian Petro, cuando este supuestamente aparecía en el lugar donde fueron encontrados los cuerpos del ganadero y sus dos trabajadores.

Se pudo establecer además a través de las celdas y las antenas, que efectivamente el ganadero Esteban Urueta se alejó del lugar de los hechos, en jurisdicción del corregimiento de ‘Carolina’, zona rural del municipio de Chimá (Córdoba).

En el análisis de los especialistas investigadores de la Fiscalía, se determinó que el celular del ganadero Esteban Urueta estuvo por fuera de la jurisdicción de donde se cometió el triple crimen.

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De acuerdo con el delegado de la Fiscalía, Esteban Urueta González regresó al corregimiento de ’Carolina’, donde fue asesinado y lanzado a una fosa junto con sus dos empleados.

El Fiscal informó que ahí en esa fosa fueron incinerados sus cuerpos y luego el lugar fue abandonado.

Apela decisión

La decisión de legalizar la interceptación de las celdas y antenas que se hizo en la audiencia celebrada en San Carlos (Córdoba) fue apelada por el abogado defensor de Cristian Petro y Juan Fernando Soto y será ahora la juez penal primera del circuito de Cereté (Córdoba), la encargada de definir tal solicitud.

Sin embargo, la Fiscalía, la comunidad y los sujetos procesales en general esperan que los imputados en el caso, Cristian Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés, puedan contar lo que realmente sucedió, en un pre acuerdo que podrían hacer.

La desaparición del ganadero Esteban Urueta y sus trabajadores fue denunciada el pasado 12 de septiembre en el corregimiento de Bellavista, zona rural de Ciénaga de Oro (Córdoba), cuando al parecer salieron a investigar lo relacionado con la desaparición de 700 cabezas de ganado.

La camioneta donde se movilizaban fue encontrada abandonado en jurisdicción del corregimiento de ‘El Viajano’, área rural del municipio de Sahagún (Córdoba).

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Funcionarios del grupo GAULA detuvieron a Cristian Petro y Juan Fernando Soto en una casa de Cartagena donde se habían escondido. Se logró además descubrir donde se encontraban los cuerpos de las tres personas desaparecidas.

Con la utilización de drones se habría realizado seguimiento y vigilancia a la casa donde se encontraban y en un operativo coordinado por un grupo llegado desde Bogotá, se logró la captura.

Las audiencias continúan el próximo 30 de octubre para definir la legalización de la medida de aseguramiento.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

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