Desde este lunes 11 de diciembre, comunidades étnicas de San José de Uré, en el sur de Córdoba, se tomaron el a las instalaciones de la compañía minera Cerro Matoso.
Las comunidades que participan en las manifestaciones son el Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Uré y el Cabildo Indígena La Libertad de Puerto Colombia.
Con la protesta, que este martes completa su segundo día, denuncian un supuesto incumplimiento por parte de la empresa a las órdenes cuarta, quinta, sexta y séptima de la sentencia T 733 de 2017 de la Corte Constitucional, según explicó el presidente del Consejo Comunitario de San José de Uré, Carlos Mario Franco Santos, a Caracol Radio.
“No hay una restauración de los ecosistemas ni un mecanismo que permita monitorear con imparcialidad los casos de contaminación. Además, no hay atención integral en salud para las comunidades que habitan la zona de influencia y afectación de la mina de Cerro Matoso. Por otro parte, no se han dado consultas previas con respecto a proyectos recientes como Queresas y Porvenir”, aseguró el vocero.
Ante la situación, la empresa se pronunció mediante un comunicado emitido este 12 de diciembre. En la misiva se asegura que los manifestantes “han estado bloqueando las vías de e incluso ingresando de manera no autorizada a la operación minero-metalúrgica, arriesgando su integridad, la de menores de edad que participan en este bloqueo, así como la de los trabajadores y equipos”.
Además, la compañía dijo que, aunque respeta las manifestaciones públicas y pacíficas, rechaza la protesta: “Sin embargo, bloquear las vías de a las instalaciones, impedir el de trabajadores, contratistas, equipos y materiales necesarios para garantizar la seguridad de la gente y la estabilidad de la operación es un acto de violencia que la empresa rechaza y que desborda el ejercicio del derecho a la protesta”.
El comunicado de la compañía
En siete puntos numerados en el comunicado, señalaron que las vías de diálogo están abiertas con las comunidades.
Por otra parte, indicaron que las manifestaciones han afectado la libre movilidad de más de 2.000 personas, entre empleados directos y contratistas, entre quienes hay 450 personas que permanecen encerrados en la Planta desde el domingo.
En un tercer punto señalaron: “La Compañía ha venido cumpliendo a cabalidad desde 2019 con los acuerdos protocolizados – producto de 18 meses de diálogo, más de 115 mesas de trabajo y 1.000 participantes. El Tribunal istrativo de Cundinamarca, autoridad competente y designada por la Corte Constitucional para verificar el cumplimiento de la Sentencia T-733, ha reconocido que todas las órdenes bajo responsabilidad de Cerro Matoso están siendo cumplidas a cabalidad”.
En otro de los puntos aseguraron que, en caso de que no se pueda superar el bloqueo este martes “la empresa se verá obligada a declarar la fuerza mayor en la ejecución de sus contratos y suspender todas las actividades que no sean imprescindibles para la operación”.
También, señalaron que los cambios que se hagan en juntas directivas no pueden desconocer acuerdos previos “que han permitido el desarrollo conjunto de proyectos en beneficio de las comunidades. Por eso, el llamado es a preservar la institucionalidad para beneficios de todos”.
Para finalizar, hicieron un llamado a las autoridades competentes para el levantamiento de estas vías de hecho, promover la seguridad y demás derechos de los trabajadores y abrieron las vías de diálogo con la comunidad.
ELIM J ALONSO
REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS
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