Empresas mineras Prodeco y Drummond deben responder por afectaciones a indígenas yukpas

La Corte Constitucional ordena a Prodeco, filial de la multinacional Glencore y a la empresa Drummond, reparar al pueblo indígena yukpa, por afectaciones tras actividades mineras a cielo abierto, que durante varios años ha venido denunciando esta comunidad.

“Como resultado del diálogo, los planes de manejo ambiental de los proyectos mineros deberán incorporar medidas de prevención, mitigación y compensación de las afectaciones directas que se han causado al medio ambiente y al pueblo Yukpa”, reza la sentencia.

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En igual sentido, establece que las multinacionales anteriores, deben garantizar la seguridad alimentaria de los niños, niñas y adolescentes del pueblo Yukpa, a través de la formulación de un plan de atención integral a esta población, en los términos de esta sentencia.

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Este plan contará con la participación de la Gobernación del Cesar y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICB), en el marco de sus competencias legales y constitucionales.

“Debido a la grave situación de la infancia yukpa que se ha identificado en esta providencia, el Comité de Coordinación deberá tener en cuenta en este plan

las necesidades y requerimientos expresados por la comunidad indígena y determinar medidas concretas que permitan superar la situación de desnutrición de los niños, niñas y adolescentes”, recalca el fallo.

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El fallo de última instancia también da un plazo de un año a la Agencia Nacional de Tierra (ANT), para ampliación, saneamiento y delimitación del territorio Yukpa, bajo un enfoque etnodiferencial.

Advierte, además, a los funcionarios encargados del cumplimiento de esta orden, la responsabilidad disciplinaria y, eventualmente, penal que conlleva el incumplimiento de las decisiones judiciales dictadas por esta corporación.

De la misma manera la mencionada sentencia vincula al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, par que en común acuerdo con la ANT se amplie, sane y delimite el territorio ancestral Yukpa.

En este contexto, exhorta a la Dirección Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior para que tenga en cuenta la jurisprudencia constitucional sobre consulta previa para dar trámite a las solicitudes que le presenten las comunidades étnicas frente a proyectos, obras o actividades que ya se encuentren en ejecución.

Estas determinaciones fueron proferidas por la Corte Constitucional a través de la Sentencia T-375 del 25 de septiembre de 2023, la cual obedece a un constante litigio estratégico que el pueblo indígena Yukpa viene adelantando desde el año 2016, en donde los altos tribunales han antecedido dos sentencias de restitución de tierras.

“El pueblo Yukpa confía en que las entidades del gobierno nacional y las empresas Prodeco y Drummond, cumplan de buena fe y en los tiempos señalados las ordenes emitidas en la Sentencia T-375 DE 2023 de la Corte Constitucional”, recalcó Edwar Álvarez Vacca, Defensor de Derechos Humanos de la comunidad yukpa.

El TIEMPO intentó conocer la versión de las empresas mineras, pero no recibió respuesta.

El pueblo indígena yukpa solicitó a los Ministerios del Interior, Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Unidad Nacional de Protección (UNP), acelerar las rutas de protección colectivas e individuales a esta comunidad.

De igual modo, requieren dar aplicabilidad inmediata al acuerdo de Escazú para proteger a los lideres ambientales y Gobernadores de esta comunidad: Jaime Luis Olivella Márquez, Alfredo Peña Franco, Emilio Ovalle Martínez, Alirio Ovalle Reyes, Andrés Vence Villar, Adolfo Enrique Garcerant.

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“También solicitó protección para el líder del Consejo de protección territorial del Resguardo Iroka, Javier Clavijo Franco y a mi persona que nos encontramos en un riesgo permanente debido a la lucha activa por la defensa de los territorios yukpas”, recalcó Álvarez Vacca.

Los yukpas, son uno de los siete pueblos indígenas del Cesar. Está integrado aproximadamente por 13.000 de esta comunidad que habitan en la serranía del Perijá.

Son portadores de una historia hereditaria de su cultura ancestral, que fortalecen su legado a través de sus resguardos: Sokorpa, Menkue, La Laguna, El Rosario, Iroka y Caño Padilla.

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“Es un territorio ancestral nómada, a quienes les quitaron gran parte de sus tierras por varios procesos de colonización, especialmente por algunos proyectos de agroindustria y minerías que llegaron con Drummond y Prodeco a mediados de los años 90. En estas tierras ellos pescaban, cazaban y recolectaban en las fincas. Pero luego, estas se convirtieron en títulos mineros y luego no los dejaron ingresar”, detalló Álvarez Vacca.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar