El pueblo de Nariño, cercado por violentos que buscan oro y coca: más de la mitad de la población está confinada

La operación 'Cordillera' del Ejército Nacional en el municipio de Cumbitara, sin descanso les sigue el rastro por tierra y aire a las disidencias de las Farc, que por décadas impusieron el terrorismo en un extenso territorio financiado por el narcotráfico y la minería ilegal. 

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Cumbitara, en el oriente de Nariño es el municipio que no sobrepasa los 6.200 habitantes, por lo que es uno de los más pequeños de esta zona del suroccidente del país y es uno donde más de la mitad de su población ha quedado afectada, la mayoría, desplazada o confinada. 

En su afán por obtener las rentas criminales a su antojo, los alzados en armas aprovechan un corredor de movilidad estratégico para sus oscuras maniobras. 

Se trata de los ríos Patía e Iscuandé por donde estos grupos armados movilizan la coca y el oro, al punto de que en pocas horas logran llegar al océano Pacífico hasta donde resulta muy difícil para los organismos de seguridad lograr las capturas.

Si desde años atrás era la coca su principal medio de financiación, ahora es el oro el recurso al que le apuestan, con el fin de lucrarse y así obtener sofisticado armamento y otros elementos no convencionales para enfrentar a la Fuerza Pública.

Hoy, el solo gramo de oro tiene un valor en el mercado de 400.000 pesos, mientras que un kilo de clorhidrato de cocaína cuesta alrededor de 4 millones.

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El coronel Carlos Dídier Pérez, comandante de la Fuerza de Tarea de Despliegue Rápido No. 2, adscrita a la Tercera División del Ejército Nacional, asegura que la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación avanzan en las investigaciones orientadas a establecer las rutas y el destino que tiene el metal precioso.

“El enfoque del Ejército por ahora es afectar estas estructuras que están en estos enclaves de la coca y las rentas ilícitas a través de la extracción de yacimientos mineros”, enfatiza.

Han transcurrido 15 días de los fuertes combates entre las tropas del Ejército y el grupo armado residual 'Franco Benavides', del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, en esa alejada zona del bajo Cumbitara y en plena cordillera Occidental de Nariño, donde las comunidades de los corregimientos de Damasco, Santa Rosa y Sidón temen al fuego cruzado.

Los intensos enfrentamientos se cumplen desde el aire con helicópteros artillados y desde tierra con las tropas del Ejército.

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El coronel Pérez sale al paso de las denuncias que hacen autoridades civiles y líderes sociales de la región, cuando advierten que cerca a sus viviendas hay bombardeos que han dejado varias viviendas afectadas y animales muertos.

Tranquilidad y entendimiento son sus dos palabras con las que envía el primer mensaje a las comunidades angustiadas de la región, pero a la vez defiende la operación 'Cordillera', como una misión militar estructurada y planeada para los municipios de Cumbitara, Policarpa, Los Andes, Leiva y El Rosario.

“Ese es el escenario, esta operación fue planeada y diseñada para recobrar la presencia del Estado, en una región en donde simultáneamente se han desarrollado unos enclaves de estas estructuras armadas ilegales”, dice y no duda en recalcar que son las que intimidan y extorsionan a la población civil, y lo que es aún peor practican el reclutamiento de menores de edad.

Desde la perspectiva operacional considera que el balance en Cumbitara es muy positivo, si se tiene en cuenta que las tropas lograron llegar a zonas donde desde hace 15 años el Ejército no ejercía una presencia permanente.

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“Hoy estamos sobre los corregimientos de Damasco y Santa Rosa en Cumbitara y veredas como La Palma, Santacruz y Buenos Aires”, advierte y agrega que es en ese escenario donde las tropas continúan desarrollando operaciones militares con el objetivo de brindar tranquilidad y seguridad a la población civil.

Confiesa que el Ejército no tiene un balance oficial sobre el desplazamiento y confinamiento de habitantes, como consecuencia de los constantes enfrentamientos.

En tal sentido aclara: “No hemos tenido referencia alguna de movimiento de la población civil, sobre los corredores de movilidad que nosotros tenemos controlados”.

Sin embargo, no descarta que se pueda presentar un confinamiento de habitantes en los corregimientos de Sidón y Santa Rosa, pero recalca que es por la presencia de la ya mencionada estructura armada ilegal.

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Cuando niega de manera categórica las versiones de autoridades civiles y líderes sociales, según las cuales, los combates han producido daños en casas y muerte de vacas, así lo recalca: “Las operaciones han sido meticulosamente planeadas. Nosotros hemos recibido disparos, incluso, ataques desde algunos centros poblados o caseríos. Obviamente, son estas estructuras las que vienen realizando estas actividades ilegales, metiéndose en las viviendas de la población civil”.

Dice que, inclusive, los soldados han tenido que arriesgar sus vidas cuando reciben fuego permanente a través de artefactos explosivos improvisados o por métodos de lanzamiento (drones).

Hemos decidido no responder a esos ataques porque consideramos que puede haber un daño colateral, no tengo conocimiento de la afectación de viviendas o animales, porque los combates se han desarrollado de manera cercana con esta estructura”, advierte luego.

Desconoce, por ahora, cuántos integrantes del grupo al margen de la ley han sido dados de baja, en medio de los enfrentamientos, pero no descarta que haya varios muertos, aunque no hay cuerpos recuperados.

Tampoco tiene evidencias claras sobre la posible instrumentalización de esa estructura criminal sobre la población civil, pero lo que si tiene claro es que existe un constreñimiento permanente que ejerce en esa región y además el reclutamiento forzado de niños y niñas.

Esta siniestra y oscura actividad como así la califica, subraya que se hace a través de falsas promesas en las que tristemente los menores caen y resultan involucrados en la guerra.

Frente a las versiones que entregan líderes sociales de la zona en el sentido de que la operación 'Cordillera', en Cumbitara es un fracaso, Pérez responde sin vacilaciones: “La operación es de largo aliento, está planteada y pensada en tres escenarios, en los que se han arrojado importantes resultados que nos permiten decir que es exitosa, sino fuera, entonces estaríamos replanteando la operación o quizás ya hubiéramos salido de las áreas de operaciones”.

Desde su posición, la alcaldesa del municipio de Cumbitara, Adriana María López, confiesa su gran preocupación por la crisis humanitaria que enfrenta su jurisdicción desde el pasado 16 de mayo, cuando empezaron los combates entre el Ejército y el grupo armado Franco Benavides.

Da cuenta de que hay 852 familias afectadas por desplazamiento y confinamiento, según un censo preliminar, es decir, alrededor de 3.400 personas, es decir, el 54,8 % del total de habitantes en sus zonas urbana y rural. De esas 3.400 personas, más de mil son desplazados que equivalen a 273 familias en un éxodo que no parece tener retorno. Hay 579 familias confinadas, o sea, unas 2.300 personas. Todo esto significa que el 82 % de la población está confinado, más de la mitad de sus moradores. 

La funcionaria indicó: “También se registran pérdidas materiales como afectaciones a viviendas y la muerte de animales domésticos, a causa de los impactos de fuego y detonaciones de bombas”.

En las últimas semanas su agenda se ha cumplido entre las ciudades de Pasto y Bogotá, en esta última gestionando ante distintas instituciones oficiales las soluciones más urgentes, con la finalidad de salvaguardar la vida de la población civil y la garantía de sus derechos vulnerados en medio del conflicto armado.  

Después sostuvo: “Desde la istración municipal rechazamos toda violación a los Derechos Humanos y reitero todo nuestro compromiso con la vida, la dignidad y la paz de todos nuestros habitantes”.

La diputada de la Asamblea de Nariño Isabel Rodríguez Guevara, quien es oriunda de Cumbitara, confiesa sin temor a equivocarse que los hechos que ha dejado la violencia en su terruño son innumerables.

Si nos ponemos a contar todos los hechos violentos que se han suscitado desde que se dio el proceso de paz hasta hoy, son incontables y cada vez se agrava más el conflicto”, afirma y agrega que cuando los grupos armados ingresan a una zona dejan abandonados artefactos explosivos, por lo que los campesinos se ven obligados a dejar sus tierras por el miedo a quedar mutilados.

Luego hace la siguiente denuncia: “Los habitantes decidieron salir cuando un artefacto explosivo cayó en un potrero y mató un semoviente, es allí cuando la comunidad decide desplazarse”.

Según la integrante de la corporación, eso ocurrió en el corregimiento de Damasco, a una hora de la cabecera municipal de Cumbitara el pasado 18 de mayo.

Angélica, una habitante del corregimiento de Santa Rosa, advierte que ella y su familia completan 15 días en estado de confinamiento, lo que ha significado vivir en medio de la incertidumbre, el terror y el miedo permanentes.

“Todos estamos en confinamiento porque no se puede salir alrededor, hay muchos bombardeos por el conflicto armado que hay aquí”, declara la mujer, al tiempo que añade que las madres deben salir corriendo de sus casas a coger a sus niños, cuando sienten cerca el ruido de las balas de fusiles.

Sobre el duro escenario de violencia en su pequeño poblado con la voz entrecortada afirma: “Corremos el riesgo por cualquier bala perdida, por el momento los niños no tienen clases, esta situación es muy dura, lo que le pido al gobierno es que no nos tiren más bombas y que los helicópteros dejen de tirar balas cerca a nuestras casas”.

MAURICIO DE LA ROSA

Especial para EL TIEMPO

Pasto