Alcalde de Cúcuta dice que contralor que busca suspenderlo es del 'ramirismo'

La reciente solicitud de suspensión del cargo proferida por la Contraloría municipal en contra del alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, avivó las históricas rencillas entre la actual istración y el exalcalde Ramiro Suárez Corzo (condenado por parapolítica y homicidio).

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El ente de control halló un detrimento patrimonial que asciende a más de seis mil doscientos millones de pesos, dentro de 18 convenios suscritos durante las vigencias 2020 y 2021 con el Área Metropolitana de Cúcuta (AMC), por valor superior a 77 mil millones de pesos.

De inmediato, Yáñez le salió al paso a los señalamientos y calificó la solicitud de suspensión como un "ataque a la democracia", que se da dos semanas después de la llegada del exalcalde Suárez a Cúcuta para seguir cumpliendo la detención domiciliaria que obtuvo en julio del 2020.

El mandatario también advirtió que el contralor municipal, Óscar Enrique Sandoval, sería afín al condenado exalcalde y responsabilizó al 'ramirismo' de querer "apoderarse de los recursos públicos para enriquecerse y financiar sus campañas".

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Un día después, se conoció que Ramiro Suárez interpondrá una demanda por injuria y calumnia contra Yáñez. "El ingeniero ha lesionado de manera grave el bien jurídico de la integridad moral, por lo que esta defensa ha optado por impetrar una denuncia para que se investigue y se sancione al alcalde", precisó el abogado del exalcalde.

No es la primera vez que Jairo Yáñez -quien ganó las elecciones en 2019- señala al exalcalde. En febrero del 2021, el alcalde le dijo a EL TIEMPO que el proceso de revocatoria de su mandato era liderado por "un señor que está en la cárcel condenado por homicidio, el señor Ramiro Suárez".

Cabe destacar que, aunque la revocatoria llegó a las urnas, solo votaron 11.555 personas; muy lejos del umbral mínimo requerido de 130 mil votos. Tras el escrutinio final, Yáñez dijo que "los corruptos no volverán".

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La lucha contra la corrupción fue uno de los ejes centrales que le dieron la victoria a Yáñez en 2019 y, desde que se posesionó como alcalde, ha reiterado que cada "centavo público debe respetarse".

Por esta razón, la solicitud y los hallazgos realizados por la Contraloría este lunes tomaron por sorpresa a su electorado, quienes le reconocen un correcto tratamiento de los dineros públicos de la istración municipal.

Edgar Allan Niño, docente e investigador de la Universidad de Pamplona, señala que aunque Yáñez lidere la lucha contra la corrupción, él o algunos de sus funcionarios no están exentos de cometer algún error, y por eso es importante el seguimiento que hacen los entes de control.

"La Contraloría debe cumplir con su función a pesar de que se diga que la oposición es quien está dirigiendo ese tipo de incursiones contra el alcalde. Eso se debe probar; hoy no se tienen evidencias, y lo único cierto es que el alcalde debe someterse al escrutinio de la entidad", explicó.

El académico advierte que, a pesar de la imagen desfavorable del alcalde, en los comicios del próximo año los cucuteños no cambiarían la decisión de no elegir candidatos con prácticas que atenten contra el erario público.

"El municipio le dio un espaldarazo a Yáñez y eso no cambiará solo porque se abra una investigación. En este tipo de cosas, las ligerezas, los trámites y todo tipo de vicios de carácter istrativo se pueden presentar y eso no implica que el alcalde esté obrando con dolo", agregó.

Para Niño, el discurso anticorrupción sigue activo y advirtió que no solo Yáñez debe liderar las banderas contra la corrupción, sino que deben surgir nuevos liderazgos que "desvirtúen esa maraña que se teje alrededor de los contratos y los financiamientos de las campañas".

Por ahora, no se conoce una respuesta por parte del gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, a quien la Contraloría elevó la suspensión de Yáñez. Mientras tanto, el equipo jurídico de la alcaldía estudia si el contralor municipal se habría extralimitado en sus funciones y si la decisión podría ser considerada inconstitucional.

Aunque la Resolución 088 de la Contraloría se sustenta bajo el principio de "verdad sabida y buena fe guardada", establecida en la Constitución Política de Colombia; la sentencia de la CIDH del 8 de julio de 2020, que detalla el caso Petro Urrego Vs. Colombia, señala que ninguna suspensión deberá ser impuesta por una autoridad de naturaleza istrativa sino por un juez competente.

ANDRÉS CARVAJAL

Para EL TIEMPO

CÚCUTA