Crisis humanitaria en Nariño está lejos de resolverse, dicen defensores de DD. HH

La crisis humanitaria en el departamento de Nariño está lejos de resolverse, por el contrario, se agudiza cada día más porque la lucha por el dominio territorial entre los grupos armados ilegales no cede.

El delicado tema fue planteado en el marco del análisis “Crisis humanitaria en Nariño y la paz con el Eln”, a cargo de los medios alternativos del Comité Nacional de Participación, CNP, muy preocupados por la realidad regional.

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De acuerdo con la Red de Prensa Alternativa Zur, RPAZ, “la situación del departamento de Nariño con respecto al conflicto armado y la crisis humanitaria evidentemente se agudiza cada día”.

Para sustentar tal afirmación se revelaron las más recientes cifras recopiladas por la Fundación Desarrollo y Paz, Fundepaz, que son bastante alarmantes.

Nariño terminó el año 2023 con 8 masacres, se constituyó en el tercer departamento en Colombia con el mayor número de líderes asesinados (17), ocupó el primer lugar en desplazamientos forzados con más de 35.000 personas que debieron dejar sus parcelas para salvar sus vidas.

“Se han venido reactivando los focos de violencia, sobre todo, a nivel subregional por las disputas de territorios por parte de grupos armados”, reiteró y puso como ejemplo las subregiones del Sanquianga y Telembí en la Costa Pacífica nariñense.

Para Esteban Montenegro Sepúlveda, defensor de derechos humanos en Nariño, la crisis humanitaria en la región está muy ligada a la presencia de estructuras armadas como el Ejército de Liberación Nacional, Eln, al igual que la Segunda Marquetalia con el frente 30.

“De los 64 municipios que integran al departamento de Nariño, por lo menos 27 se encuentran con presencia permanente de estos grupos armados no estatales”, dijo y puso de presente que en otros municipios existe una presencia ocasional o de tránsito de esas organizaciones armadas.

Es por eso que desde los años 2021 y 2022 surgieron fenómenos de desplazamiento forzado y confinamiento de pobladores, “vemos una tendencia siempre hacia el alza en esta dinámica”.

Estimó que durante esos años alrededor de 25.000 personas fueron afectadas por el conflicto armado, mientras que en el año 2023 esa cifra aumentó a 32.000 habitantes, por lo que en el 2024 se cree que la población será mayor.

“Los nuevos comportamientos y alianzas que existen entre los grupos armados en defensa de esa autonomía que tienen en el territorio, para evitar que otras estructuras lleguen a disputarlo, podrían tener efectos colaterales sobre la población civil”, aseguró.

Pero esa crisis humanitaria también persiste por otro factor fundamental: la deficiente presencia del Estado que se evidencia en la falta de servicios públicos, salud, educación y vías de comunicación, entre otros.

El más reciente antecedente que habría agudizado la crisis humanitaria fue el proceso expansivo del frente 30 de las disidencias de las Farc en aquellas zonas que históricamente eran ocupadas por el Eln, como los municipios de Los Andes, La Llanada, Samaniego y Santacruz, al occidente de Nariño, en donde las familias desplazadas y confinadas se mantienen en constante miedo y zozobra por el temor a la violencia.

De acuerdo con Uberley Ramírez, asesor de la Red de Derechos Humanos del Pacífico, las cifras de la crisis humanitaria en la región casi que se han triplicado, por fenómenos tales como la instalación de minas antipersona, extorsiones y homicidios de líderes sociales.

“Nos preocupa que el mensaje de la intención del gobierno de construir paz, esté generando una sensación de impunidad y de falta de autoridad y gobernabilidad”, expresó y agregó que “no vemos en el Pacífico nariñense acciones que puedan decir que existe una voluntad real de los actores armados para construir la paz”.

Sostuvo que, por el contrario, se siguen registrando homicidios de líderes sociales, desplazamientos masivos de comunidades y atentados contra la Fuerza Pública.

“Esta crisis humanitaria se agrava si le ponemos el adicional que ha sido la crisis cocalera que venimos arrastrando hace un par de años”, dijo y reveló que lo anterior ha llevado a que los actores armados busquen una nueva financiación de la guerra en el territorio, a través de otras economías ilegales como la minería ilícita a gran escala y a recurrir a otras prácticas como el secuestro exprés y la extorsión.

MAURICIO DE LA ROSA

Pasto