'Aquarela': los 4 años del mayor escándalo del urbanismo en el país

William Dau, alcalde de Cartagena, anunció que derribará la mole sobre la que pesan seis demandas.

Para el tribunal istrativo de Bolívar el Curador Urbano No 1 de Cartagena no cumplió con su deber legal y constitucional de constatar la ubicación exacta del barrio sobre el que se construye el proyecto, Foto: Yomaira Grandett/ EL TIEMPO

PERIODISTA26.10.2020 04:54 Actualizado: 26.10.2020 09:01

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Luego de que el alcalde de Cartagena, William Dau, anunciara que la polémica torre de 'Aquarela' tiene las horas contadas, solo falta la orden de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para su demolición.

"'Aquarela', ese edificio que está en obra, lo voy a tumbar yo", aseguró el mandatario.

Pero Dau anunció que no está solo en la cruzada y que tiene el respaldo del Ministerio de Cultura, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Todo el respaldo jurídico está del lado del Distrito de Cartagena, pues la agencia Nacional de Defensa Jurídica anunció que demandará a la constructora por los daños cometidos a la Nación luego de casi 4 años de litigio.

La Ministra de Cultura, Carmen Vásquez, señaló que derribar la mole de 31 pisos vale entre 2.000 y 3.000 millones de pesos, dinero que un principio sería aportado por la UNGRD, Min Cultura y el Distrito de Cartagena.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres es la responsable de la planificación y la hoja de ruta que seguirán las autoridades para derribar la torre que se levanta en el barrio Torices, a una cuadra del Castillo de San Felipe, la joya patrimonial de la historia de Cartagena de Indias.

(También lo invitamos a leer: Así será la demolición de la torre ‘Aquarela’ en Cartagena)

Julito Torre de 'Aquarela' tiene las horas contadas. Según 'El Tractor' Dau, La Unidad para la Gestión del Riesgo financiará el desplome ¿cuánto vale derribar este gol que le hicieron al Distrito? Habla @daulaw @ELTIEMPO @ColombiaET @AlcaldiaCTG @UNGRD @mincultura @PGN_COL pic.twitter.com/x5SbafOKoV
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La mole no solo ha puesto bajo amenaza la declaratoria patrimonial de la humanidad de Cartagena, dada por la Unesco en 1984, sino que además invade 619 metros cuadrados de espacio público.

Desde octubre del 2018 hay una resolución de la inspección de policía de la zona que ordenó a los constructores restituir ese espacio público, trámite que nunca se cumplió.

Así, como lo sostuvo el propio Procurador general de la Nación, Fernando Carrillo:

"Demoler el edificio Aquarela es una obligación, porque seis acciones legales así lo determinaron para proteger el patrimonio cultural y la seguridad de los ciudadanos”.

El pasado 27 de mayo, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, de la mano del Ministerio de Cultura, presentaron un informe que daba cuenta que la edificación no cumple con la norma de sismoresistencia, la NSR.

A lo que el Procurador, Fernando Carrillo, dijo: "es 'inexorable' la demolición de Aquarela"

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Demoler el edificio Aquarela es una obligación

(Lo invitamos a leer: Propietarios del edificio Aquarela anuncian que demandarán al Estado)

Pero el caso Aquarela no solo ha generado investigaciones y demandas contra la constructora paisa, la polémica Promotora Calle 47.

Por presuntos incumplimientos a la acción policiva que ordenó la demolición del edificio Aquarela, la Procuraduría General de la Nación tiene abiertas investigaciones disciplinarias al alcalde William Dau Chamat y a los secretarios de Infraestructura y de Planeación, así como al jefe de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo Distrital, Fernando Abello Rubiano.

Las investigaciones también cobijan al exalcalde encargado de Cartagena, Pedrito Tomas Pereira Caballero; y los exsecretarios de Infraestructura, Clara Calderón; de Planeación, Iván Darío Castro Romero; de infraestructura y director de Control Urbano, Édgar Marín Támara, y a los exjefes de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo, Laura Mendoza Bernett; y de la Oficina Jurídica, Jorge Carrillo.

Sobre la obra pesan seis procesos y está sellada desde el año 2018. No obstante, una medida cautelar emitida por un juez a favor de la obra en 2017 es hasta ahora la piedra en el zapato para que las autoridades no hayan podido derribar la torre.

Hoy, luego de los anuncios del alcalde Dau de echar abajo la obra, los constructores y 80 familias (propietarios de apartamentos en las torres 1 y 2) que perdieron los recursos invertidos en el proyecto anunciaron una millonaria demanda al estado.

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La Torre de 'Aquarela' se levanta a una cuadra del emblemático Castillo de San Felipe de Barajas. Foto:John Montaño- EL TIEMPO

La obra es legal y fue un 'gol' al estado y sus instituciones

Pero el escándalo por el mega proyecto de vivienda de interés social el cual constaba de 5 torres de 33 pisos cada uno, desnudó la ineficiencia e inoperancia de las autoridades nacionales en todos los niveles, así como el paupérrimo y vetusto plan de ordenamiento territorial de la Ciudad Heroica, que permitieron este vergonzoso 'gol' a la nación.

De hecho, la gran defensa de los constructores es que todo el proyecto se hizo bajo todas las normas y es legal. Las cinco torres tienen licencia de construcción expedidas por la Curaduría Urbana Número Uno de Cartagena.

Es además un proyecto de interés social, como lo certificó el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Cartagena, Corvivienda, que firmó dando la autorización del proyecto por tratarse de un multifamiliar para personas de escasos recursos económicos.

ante el anuncio del alcalde de Cartagena, William Dau, de la inminente demolición de la torre de 'Aquarela', la constructora recuerda que las afectaciones patrimoniales serían además para familias de compradores. @ELTIEMPO @ColombiaET @daulaw @AlcaldiaCTG pic.twitter.com/7elzPVbdJM
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Antes de que se pusiera el primer ladrillo del proyecto, veedores ciudadanos lo denunciaron ante el concejo de la ciudad y hubo varios debates que alertaron de la mole.

El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, IPCC, salvo su responsabilidad con una carta de advertencia al Ministerio de Cultura sobre el proyecto urbanístico que se venía para el ícono patrimonial de la ciudad.

Pero el Ministerio de Cultura permitió en su momento que la obra avanzara, y su concepto fue que no representaba una amenaza para el patrimonio.