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Otro líder social asesinado por grupos armados en Antioquia: ya van 63 líderes y defensores de derechos humanos

- Marín Amaya habría recibido una orden de comparecencia el domingo 11 de mayo sin ninguna explicación.

La Defensoría del Pueblo había advertido el riesgo que afrontan líderes y defensores de derechos humanos en El Bagre mediante alertas tempranas Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO/REDES SOCIALES

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Danna Valeria Figueroa Rueda

15.05.2025 11:44 Actualizado: 15.05.2025 14:05

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William Arnulfo Marín Amaya, de 39 años, fue asesinado el pasado domingo 11 de mayo en la zona rural del municipio de El Bagre, al norte de Antioquia. El líder social, integrante del comité de conciliación en equidad de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Castillo, acudió a un llamado de un grupo armado ilegal y fue ultimado en el centro poblado de Puerto Claver.

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Marín Amaya era reconocido por su trabajo mediando conflictos locales y promoviendo la participación comunitaria. Vivía junto a su familia en la vereda El Castillo, donde desempeñaba funciones de coordinación y escucha en procesos de justicia comunitaria. Su asesinato golpea a la región, que desde hace años enfrenta altos niveles de violencia y control social por parte de actores armados.

en que se produjo el homicidio sugiere un mecanismo de control: primero el requerimiento, luego la ejecución. — El homicidio sugiere un mecanismo de control: primero el requerimiento, luego la ejecución. Foto:Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

El asesinato habría sido bajo presiones de grupos armados

Según un pronunciamiento de Indepaz, Marín Amaya recibió una orden de comparecencia el domingo 11 de mayo, sin que mediara una explicación pública de los fines de esa citación.

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Al llegar al lugar citado, fue atacado por personas vinculadas a un grupo armado ilegal.

En El Bagre operan diversas estructuras criminales. El Clan del Golfo mantiene presencia con sus antiguas denominaciones como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. el Eln también desarrolla acciones de hostigamiento en varias veredas; las disidencias de las Farc, a través de los frentes 4 y 36 del Estado Mayor Central, consolidan rutas de narcotráfico; y bandas locales ejercen extorsión y vigilancia permanente sobre habitantes y líderes.

.Otros municipios de la subregión como Valvidia e Ituango han vivido situaciones similares Foto:REDES SOCIALES

Alertas tempranas y cifras de violencia

La Defensoría del Pueblo había advertido el riesgo que afrontan líderes y defensores de derechos humanos en El Bagre mediante dos alertas tempranas: la AT 045 de 2020, que incluye a este municipio por la presencia de grupos armados y la vulneración de derechos; y la AT 019 de 2023, focalizada en defensores de derechos humanos, liderazgos comunitarios y sindicales. Ambos documentos señalaban que la imposición de normas, toques de queda y otras formas de control social por parte de estos actores constituían un peligro constante para la población civil.

Esas alertas describen cómo los grupos ilegales ejercen presión sobre las diferentes regiones del país. La dinámica conduce a amenazas, desplazamientos forzados, extorsiones y, en casos extremos, a homicidios selectivos como el de Marín Amaya y el de más lideres sociales que han sucedido en lo que va del año.

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Con este hecho, Indepaz contabiliza 63 líderes y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante lo que va de 2025. Esta cifra sitúa al país en una de las etapas más críticas de los últimos años.

El conteo, que incluye casos registrados por organizaciones sociales y entidades de derechos humanos, evidencia la persistencia de la violencia contra quienes promueven la convivencia y la reconciliación en los territorios más afectados por la violencia ejercida de los grupos armados.

El Bagre no es un caso aislado dentro de Antioquia. Otros municipios de la subregión como Valvidia e Ituango han vivido situaciones similares: desplazamientos de campesinos, renuncia de líderes comunales y abandono de proyectos colectivos por temor a represalias. Actividades como el control de minas de oro y la extorsión a pequeños comerciantes se combinan para generar un ambiente de temor que dificulta la participación ciudadana.

A falta de resultados en las investigaciones, familias quedan expuestas a represalias y a la revictimización — A falta de resultados en las investigaciones, familias quedan expuestas a la revictimización Foto:Séptima División

La muerte de William Arnulfo Marín Amaya deja una herida profunda en la comunidad de Puerto Claver y en El Bagre en general. Su labor de mediación y su compromiso con la justicia comunitaria quedarán como testimonio de los esfuerzos locales por construir espacios de diálogo, aunque hoy ese camino se vea truncado por la violencia armada.

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