Los argumentos de la Fiscalía en caso contra secretaria de Educación de Medellín

El ente acusador pidió prisión domiciliaria contra Alexandra Agudelo. Audiencia sigue el jueves.

Alexandra Agudelo, secretaria de Educación de Medellín Foto: Alcaldía de Medellín

PERIODISTA14.02.2023 14:56 Actualizado: 14.02.2023 21:21

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En la audiencia de medida de aseguramiento contra la secretaria de Educación de Medelín, Alexandra Agudelo, la Fiscalía General de la Nación pidió ante la Juez 39 penal municipal con función de garantías prisión domiciliaria, de manera preventiva, contra la funcionaria y las otras dos personas imputadas en el caso.

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Se trata de Lina María Gil, ex directora técnica de Buen Comienzo, y Henry Paulison Gómez, representante legal de Colombia Avanza. La secretaría de Educación suscribió con esta corporación dos contratos de Buen Comienzo y PAE por los cuales están siendo investigados por presuntas irregularidades.

La Fiscalía les imputó a los procesados —hace una semana— los delitos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y peculado por apropiación en la modalidad de tentativa.

Y este lunes, 13 de febrero, el ente acusador presentó sus argumentos y pruebas para pedir la medida de aseguramiento. Por más de 4 horas, la fiscal del caso intervino en la diligencia, que tuvo fallas técnicas al inicio por la gran cantidad de personas conectadas.

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Luego de que la Fiscalía envió 225 megabytes de información, organizada en 7 carpetas, la audiencia fue suspendida para que las partes puedan revisar la documentación y se reanudará este jueves, 16 de febrero, a partir de las 2:30 p.m, con la intervención de la defensa de cada uno de los procesados.

La investigación se abrió con base a tres denuncias diferentes que recibió la Fiscalía y una compulsa de copias que hizo la Contraloría General de Medellín por presuntos hallazgos penales, a raíz de un informe de auditoria financiera en 2021.

Posibles hallazgos penales en auditoria de la Contraloría General de Medellín a la secretaría de Educación. Foto:Archivo particular

El contrato de Buen Comienzo

Los delitos imputados por la Fiscalía —y por los cuales se pidió medida privativa contra Agudelo, Gil y Gómez— se dividen entre los dos contratos. El primero es el 4600085185 de 2020 que se firmó el 3 de marzo por valor de 16.060 millones de pesos.

Su objeto era la prestación de servicios para la atención de la primera infancia, mujeres gestantes y madres lactantes, a través de la modalidad entorno familiar del programa Buen Comienzo. Inicialmente, tuvo un plazo de 135 días, pero después se amplió en 105 días y tuvo una adición de 4.631 millones de pesos.

Por este contrato, que se suscribió bajo la modalidad de prestación de servicios, se imputaron los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y

peculado en modalidad de tentativa.

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Para la Fiscalía, Agudelo y Gil decidieron cambiar la modalidad del contrato sin fundamento técnico y legal. Valga la pena decir que en los años anteriores se había suscrito bajo la figura de invitación pública y en 2021 también se hizo con esta modalidad.

Además, entre los requisitos contractuales se exigió que los posibles contratistas hicieran parte del banco de oferentes del ICBF, algo que tampoco se había pedido anteriormente. Colombia Avanza se registró apenas el 30 de diciembre de 2019 y para la Fiscalía se violó el principio de objetividad y transparencia al no publicar el requisito para los demás interesados en el proceso.

Investigadores de campo pudieron establecer que la corporación obtuvo el rango más bajo dentro de los establecidos por el Bienestar Familiar para calificar sus oferentes.

Este es el primer contrato que suscribió la secretaría de Educación de Medellín con la corporación Colombia Avanza el 3 de marzo de 2023. Foto:Archivo particular

También dijo la Fiscalía que los requisitos del contrato se ajustaron para que quedara en manos de esa corporación. Por ejemplo, antes se exigía una experiencia de 5 contratos, pero para este caso se bajó a 3, según la investigación.

Con este contrato —argumentó la fiscal del caso— habría un detrimento de 1.000 millones de pesos, puesto que la alcaldía de Medellín no recibió ninguna contraprestación por parte de Colombia Avanza.

Y aunque los contratos con entidades sin ánimo de lucro no deberían generar ganancias, aseguró la Fiscalía, la corporación obtuvo un 8 por ciento en ganancia.

El proceso de contratacion, aseguró el ente acusador, apenas se subió a la plataforma de contratación pública Secop en junio de 2020, es decir, tres meses después de haberse suscrito.

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Los investigadores del caso pudieron establecer que en la sede de Colombia Avanza, al parecer, hubo una orden para desaparecer la contabilidad y los soportes que dan cuenta del contrato. Y a la secretaría de Educación habrían remitido facturas globales sin los respectivos soportes.

Además, los estudios de mercado se habrían hecho al detal en conocidos supermercados de la ciudad como La Vaquita y Boom. Los precios facturados por los proveedores de Colombia Avanza tiene sobreprecios en relación con los costos reportados mensualmente por el Dane. La diferencia alcanza los 1.292 millones de pesos.

Este es el análisis de posibles sobrecostos que hizo la Fiscalía en contrato de Buen Comienzo. Foto:Archivo particular

El PAE en pandemia

El segundo contrato, por el que se imputaron los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, es el 4600085448 de 2020 que se firmó el 20 de marzo y que tenía por objeto: "Suministro de alimentación para la población estudiantil vinculada a la secretaría de Educación durante el periodo de calamidad para garantizar su seguridad alimentaria".

Su valor fue por 7.168 millones de pesos y tenía un plazo de ejecución de 30 días. Para la Fiscalía, en este caso la secretaria Agudelo "rompió el interés general y se desvió para favorecer a Colombia Avanza. Ella es la que propone para contratar con la corporación porque es idónea".

En la investigación se estableció que el contratista carecía de idoneidad "en la medida en debía contar desde el inicio de contrato con una bodega de uso exclusivo, para almacenamiento, ensamble y distribución de alimentos y no la tenía".

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Por lo tanto, se tuvo que recurrir a Plaza Mayor para la entrega de 220.578 paquetes alimentarios, a través de un convenio istrativo por 126 millones de pesos. Además, se dispuso de servidores públicos del Inder Medellín y la secretaría de Inclusión Social para la entrega de los paquetes, responsabilidad que estaba a cargo de Colombia Avanza.

De esta manera, ese contrato, según la Fiscalía, tuvo sobrecostos por 830 millones de pesos en el valor de los alimentos, además del convenio con Plaza Mayor y otros costos. Para el ente acusador, Víctor Zapata, gerente de esa empresa, fue un tercero utilizado para dicho fin, por eso no se vincula al proceso.

Estos son los sobrecostos que habría tenido el contrato del PAE. Foto:Archivo particular

Espaldarazo de Quintero

Tras la audiencia, la secretaria Agudelo escribió en su cuenta de Twitter que: "Hoy quedo tranquila porque a conciencia sé que para cada acusación hay un fuerte argumento que nos permitirá defender la atención de los niños y niñas que estaban padeciendo hambre en el 2020".

Durante el consejo de gobierno que se realizó en la mañana del lunes, el alcalde Daniel Quintero respaldó a la secretaria y aseguró que en el pasado la Contraloría de Medellín investigó el mismo contrato por el que fue imputada por la Fiscalía.

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“Después de casi tres años le volvieron a abrir esta vez a la secretaria de Educación un proceso por el mismo contrato. Va a demostrar después de este proceso, porque además le hicimos doble chequeo, que antes nos ahorramos plata y por eso tenemos toda la certeza y toda la tranquilidad y todo el apoyo para la secretaria, porque yo sé lo que está sufriendo en lo personal”, manifestó Quintero.

Se espera que el jueves la defensa de los imputados presente sus argumentos y que la juez decida si deberán permanece en prisión domiciliaria mientras se surte el juicio.

SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO MEDELLÍN

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