Medellín: El drama de las familias que deben sacrificar su vivienda por megaobras que no terminarán disfrutando

“Aquí lo tengo todo, muchas iglesias, ocho rutas de buses, un balcón muy grande y bonito…es que yo cultivé mi casa porque creí que aquí me iba a morir”, así le expresó la señora Cecilia su situación al concejal José Luis Marín, quien le hace seguimiento al tema de moradores del proyecto Metro de la 80.

La mujer dice que a sus 82 años no ha podido conseguir casa en el mismo sector con los 265 millones que le ofrece la Alcaldía por su predio por el que pasará la tercera línea de metro de la ciudad, ya que en el sector el precio de las viviendas supera los 600 millones de pesos.

No es la única. El pasado sábado 21 de septiembre se realizó el III Encuentro Víctimas del Desarrollo Medellín, en el que varios de los afectados por los proyectos de infraestructura de la capital antioqueña contaron sus experiencias.

“(Para la Alcaldía) pareciera que nosotros no somos propietarios, menos ciudadanos, ni siquiera seres humanos”, dijo allí uno de los afectados.

Y es que detrás de importantes y galardonadas obras como Tranvía de Ayacucho, Cable Picacho, Puente Madre Laura, entre otros, está el drama de miles de familias que tuvieron que salir para que el desarrollo pudiera llegar.

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Lo peor es que, en la gran mayoría de los casos, estos moradores que han dejado el lugar donde vivían no terminan reubicados en la misma zona por lo que no terminan como beneficiarios de estas megaobras, sino como víctimas de las mismas.

Expertos que han trabajado este fenómeno lo catalogan como desplazamiento, expropiación e incluso despojo intraurbano derivado por estas obras. Indican que es algo que ha venido pasando desde hace años y que aún sigue pasando a pesar de que desde 2019 la ciudad cuenta con una Política Pública de Protección a Moradores.

Se calcula que en Medellín serían más de 10.000 las personas afectadas por estas obras de infraestructura, sin contar los afectados de manera indirecta.

Cifras recopiladas por docentes investigadores como Andrés Escobar Vásquez, docente de la Universidad ITM y Alfonso Insuasty Rodriguez, docente investigador, Universidad de San Buenaventura Medellín y de la Red Interuniversitaria por la Paz (Redipaz), revelan que, en el caso de la obra del Tranvía de Ayacucho (inaugurada en 2016) fueron 2.790 personas afectadas, la construcción del Metrocable Picacho dejó 1.750 personas afectadas, en el caso del Puente de la Madre Laura la cifra fue de 2.100 afectados, en el Parque Bicentenario fueron 760 personas afectadas, las obras del Túnel de Occidente dejaron 226 afectados y la más reciente: el Metro de la 80, se calculan unas 2.200 personas afectadas solo en el barrio El Volador y unas 10.000 unidades productivas en el área de influencia del proyecto.

De acuerdo con los expertos, el número de personas afectadas por estos desarrollos en Medellín supera incluso al del desplazamiento forzado intraurbano, que para 2024 fue de 889 personas según la Personería Distrital. 

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“Las dificultades que las comunidades han padecido tienen que ver principalmente con un desplazamiento interurbano y pérdida de los medios de vida, es decir, los moradores afectados se han visto obligados a desplazarse forzosamente a otros sectores de la ciudad por una pérdida de su vivienda o de negocios. Son miles de personas las que han perdido sus hogares y/o sus medios de subsistencia debido a las expropiaciones o a la compra de terrenos o de predios con precios muy por debajo de lo que realmente vale la propiedad para la ejecución de estos megaproyectos”, expresó el profesor Vásquez.

Desarraigo y pérdida de identidad, empobrecimiento y precarización y deterioro de la salud mental, son otras consecuencias que trae este fenómeno para los afectados.

Para el docente, hasta este momento no hay una ley que explícitamente le brinde garantías de protección a los moradores, tanto de los territorios urbanos, como de los territorios rurales y esa es la razón por la que se presenta una planeación del territorio sin las comunidades.

Y aunque en 2019 se aprobó una política pública de protección a moradores, la aplicación de esta no se ha visto reflejada, por ejemplo, en el caso del Metro de la 80, donde se haría la prueba piloto de la reglamentación de dicha política pública.

“Estamos evidenciando que esa reglamentación tiene fallas en términos de garantizarle a las comunidades un pago justo de sus viviendas y una solución que les permita mantener sus niveles de vida e incluso quedar en mejores condiciones y que ojalá se garantice también el derecho a permanecer en el territorio”, afirmó el profesor Insuasty.

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El Senador Omar Restrepo, del partido Comunes, presentó un Proyecto de Ley para la Protección de Moradores Urbano-Rurales, el cual tiene como objetivo principal garantizar la protección de los modos y medios de vida de las comunidades afectadas por el desarrollo y los planes de ordenamiento territorial.

De acuerdo con los docentes, quienes conocen esta iniciativa, se ha evidenciado es en la normatividad nacional hay vacíos ya que ahí, por ejemplo, no aparece la categoría Morador, por lo que se espera que estos vacíos y esta permisividad pueda aminorar con la nueva Ley.

“En este momento el Proyecto de Ley ya ha sido radicado, después de esto se asignan los ponentes y de ahí hay cuatro discusiones: dos en el Senado y dos en la Cámara. Está asignado el proyecto a la Comisión Primera del Senado y si todos los debates surten buen proceso y buen efecto pues terminados esos debates se votaría para que esta este proyecto se convierta en ley de la República”, expresó Vasquez.

Por su parte, Insuasty destacó esta iniciativa ya que, aseguró él, las obras van a seguir y dio como ejemplo los proyectos de expansión del metro hacia 2030, “los cuales son inmensos y ya vimos hacia el pasado que estas afectaciones ya se dieron, es como una suerte de repetición de historia ya vivida o manual de expulsión de las comunidades”.

El profesor indicó que también se debe hacer un seguimiento a las comunidades que fueron desplazadas por estas obras de desarrollo, ya que la gran mayoría no quedó en mejores condiciones, no pudieron quedarse en el territorio y poca información se tiene sobre su devenir.

Una situación que los moradores del corredor de la 80 esperan no repetir, aunque ya están sintiendo las afectaciones.

“Me siento demasiado deprimida…yo siempre he sido muy aliviada, pero después de este problema…”, cuenta la mujer y no termina su relato pues rompe en llanto. “Si me tengo que ir, pues bueno, yo me voy, pero que me paguen lo justo para yo estar bien”, agregó.

ALEJANDRO MERCADO

Periodista de Nación

Medellín