En manos del Concejo de Medellín estaba la decisión de aprobar o no los recursos para que el Valle de Aburrá tuviera una cárcel para sindicados y así mitigar el hacinamiento en estaciones de Policía, que supera el 200%.
El problema, sin embargo, es que dichos millonarios recursos serían mediante vigencias futuras, por lo que serían parte del presupuesto de futuras alcaldías y no de la actual.
Con una votación de 11 votos positivos y 9 negativos, el Concejo aprobó dicho proyecto de acuerdo y la alcaldía Quintero podrá disponer de más de $670.000 millones para construir la obra mediante la figura de Alianza Público Privada (APP).
En total, se aprobaron vigencias por $56.210 millones anuales efectivos entre 2026 y 2037.
La construcción se prevé comience en 2024 y su funcionamiento está planteado para el 2026 bajo el modelo público privado. Dicha cárcel, ubicada en San Cristóbal, tendrá capacidad para a 1.339 personas en calidad de sindicados.
Los privados de la libertad en las 27 estaciones de la Policía nos genera una cantidad de problemas, entre ellos de seguridad, porque tenemos a los policías en funciones que no les corresponden
“Este proyecto resuelve dos problemas flagrantes de la comunidad: El primero es el hacinamiento en las Estaciones de Policía, inhumano, indigno, falto de salubridad, toda una problemática que alcanza las 2.000 personas aproximadamente. En segundo lugar, el cumplimiento de una sentencia judicial de la Corte Suprema de Justicia, que obliga a los municipios a resolver este problema, que es una bomba de tiempo para la ciudad”, dijo Rodrigo Foronda Morales, director de la Agencia Público Privada (APP).
Por su parte, el Secretario de Seguridad y Convivencia, José Gerardo Acevedo, indicó que hay 108 policías dedicados a la custodia de los sindicados en las estaciones de Policía en lugar de estar en las calles generando condiciones de seguridad para los ciudadanos.
“Esto nos genera una cantidad de problemas, entre ellos de seguridad, porque tenemos a los policías en funciones que no les corresponden", afirmó Acevedo.
Críticas al proyecto
De los 21 concejales, 9 votaron negativo, mientras que la concejala Dora Saldarriaga, de Estamos Listas, no pudo votar ya que se encontraba incapacitada por un tema médico.
Los que votaron negativo fueron: Luis Bernardo Vélez, Daniel Duque, Simón Pérez, Leticia Orrego, Claudia Ramírez, Carlos Ríos, Julio González Villa, Sebastián López y Alfredo Ramos.
El concejal Duque manifestó que la razón de su voto negativo, principalmente, fue por la desconfianza con la alcaldía de Daniel Quintero.
"El director de la Agencia APP, entidad encargada de diseñar esta cárcel y su modelo financiero, ha sido seriamente cuestionado en el pasado por la manera en que ha adjudicado contratos a empresas de aliados políticos sin idoneidad", expresó el cabildante.
Asimismo, criticó el retraso del proyecto afirmando que en el Plan de Desarrollo hay un programa que contiene la cárcel como proyecto y esperaba dejar avances del 40%.
"Había asegurados más de 180.000 millones de pesos que nunca nos respondieron en qué se han invertido",agregó Duque.
Por su parte, el concejal Simón Pérez opinó que no vio la viabilidad técnica y financiera para construir el proyecto mediante APP.
"También tengo serios reparos sobre el diálogo que se dio con la comunidad de San Cristóbal, que aquí en el Concejo rechazaron que se hiciera una nueva cárcel en este corregimiento y no se justidicó de manera adecuada por qué se haría allí y no en otro lugar", expresó Pérez.
De otro lado, quienes votaron positivo el Proyecto de Acuerdo fueron los concejales: Fabio Rivera, Juan Felipe Betancur, Aura Marleny Arcila, Luis Carlos Hernández, Carlos Romero, Jaime Cuartas, Juan Jiménez Lara, Babinton Flórez, Lucas Cañas, Lina García y Nataly Vélez.
MEDELLÍN