La dura puja jurídica y política por la suspensión de Daniel Quintero

Tras la tormenta desatada por la suspensión que le impuso la Procuraduría al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, bajo cargos de presunta participación en política, lo que se pronostica es un intenso forcejeo jurídico para buscar el pronto regreso del polémico mandatario paisa a su despacho.

Quintero y el alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, fueron separados por tres meses de sus cargos porque estarían usando su investidura para favorecer las candidaturas de Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, respectivamente, según dijo la procuradora general, Margarita Cabello.

Una decisión que se produce en medio de una de las campañas presidenciales más polarizadas de los últimos tiempos y en la que otros altos funcionarios y servidores públicos han sido señalados por supuestamente violar la veda de intervenir en asuntos electorales, desde el presidente Iván Duque y el general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército; hasta la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el de Cali, Jorge Iván Ospina.

Y la polémica es más intensa aún porque varios sectores le reclaman a la Procuradora que la misma celeridad que mostró en el caso de Quintero no se ha visto frente a otras denuncias, especialmente las relacionadas con el general Zapateiro y sus ataques por Twitter contra Gustavo Petro.

Hay un primer punto en el mapa sobre el que no puede haber discusión: la participación en política está prohibida para todos los funcionarios públicos y tiene castigos disciplinarios y penales. El alcalde de Medellín, quien tiene a varios de sus alfiles en la campaña del Pacto Histórico, había tenido ya varias salidas que sus contradictores señalaban como intervenciones indebidas.

La última, tras la cual vino la suspensión, fue el polémico video que difundió a través de sus redes y en el que habló del ‘cambio en primera’. El mensaje fue interpretado por tirios y troyanos como una réplica del llamado de Petro a votar por él para que pueda ganar en la primera vuelta presidencial, pero Quintero dice ahora que es parte de una campaña de inclusión para las zonas de Medellín a las que, supuestamente, hay que llegar con los carros con el cambio en primera, por lo empinada de su ubicación.

Quintero y sus abogados ya entablaron una tutela contra la suspensión. Su premisa es que por gracia del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Gustavo Petro –por la destitución que le impuso Alejandro Ordóñez por el caos en el manejo de las basuras cuando fue alcalde de Bogotá, que tumbó después el Consejo de Estado– los alcaldes, y en general todos los funcionarios elegidos por voto popular solo pueden ser sancionados y destituidos por un juez penal.

Esa es una posición que comparten muchos abogados, dirigentes políticos y analistas, y que el propio Petro ha defendido en su actual campaña presidencial. Sostienen que, como lo dice la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, los funcionarios elegidos por voto solo pueden ser destituidos o inhabilitados tras una condena impuesta por un juez penal. Y dicen que por haber un tratado firmado y ratificado por Colombia de por medio (la Convención) y una orden expresa de la Corte Interamericana, la Procuraduría perdió la facultad que tuvo por décadas para investigar y sancionar disciplinariamente a los elegidos: no solo a alcaldes y gobernadores, sino a concejales, diputados y congresistas.

"Al estar la Convención atada a nuestra Constitución en virtud del bloque constitucionalidad, es absolutamente procedente una tutela a través de la cual se reincorpore de inmediato el alcalde Daniel Quintero al ejercicio de sus funciones. Si esta no es fallada a su favor, el Alcalde puede acudir a la solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", dice el abogado y académico Santiago Trespalacios.

Pero esa interpretación tiene varios problemas. Por un lado, si lo dispuesto por la Convención operara automáticamente en Colombia, todos los procesos disciplinarios contra alcaldes y congresistas de los últimos 53 años se caerían, incluido el que llevó a la destitución de Samuel Moreno por el saqueo de Bogotá. En ese escándalo, la Procuraduría actuó antes que la Fiscalía para frenar la corrupción en la istración de la capital.

Y en una sentencia de 2019, la Corte Constitucional, la máxima instancia en la materia en el país, reiteró su posición de décadas: "Esta Corte no comparte el argumento planteado según el cual únicamente un juez penal pueda asegurar las garantías mínimas de los derechos políticos. Los Estados tienen un margen de apreciación en virtud del cual pueden atribuir a los organismos de control del Estado competencias disciplinarias que puedan conducir a la imposición de sanciones de destitución e inhabilidad general de los servidores públicos (...) Por ende, el legislador puede otorgarle esa competencia a cualquier autoridad, siempre que ella respete las garantías establecidas en los artículos 29 de la Constitución y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos".

Y concluye: "No obstante no ser un 'juez penal', la Procuraduría debe respetar las garantías establecidas en el artículo 29 de la Constitución y 8 de la Convención (debido proceso). En consecuencia, puede válidamente limitar los derechos políticos de los funcionarios públicos de elección popular".

Lo que eso significa es que, por lo menos hasta que haya un nuevo pronunciamiento de la Corte Constitucional (que estudia una demanda contra la reforma de la Procuraduría del año pasado, en la que se intentó adecuar la legislación a las exigencias de la Corte IDH), las facultades disciplinarias están plenamente vigentes en Colombia. Lo cual no implica que no vendrán tutelas y tutelatones, y eventuales medidas cautelares de la Comisión Interamericana en el caso Quintero, tal y como pasó con Petro en el 2013. En todo caso, esas tutelas llegarán a la misma Corte Constitucional, que tendrá la última palabra en el espinoso debate.

Otro pulso ya en curso es el del nombramiento del alcalde encargado, pues Juan Camilo Restrepo, el designado por el presidente Iván Duque, debería ser reemplazado por un nombre que salga de una terna que presente el Movimiento Independientes, por el cual fue elegido Quintero.

Pero cinco días después, esta terna no se ha presentado y tampoco es claro el tiempo que se debe demorar el Presidente para seleccionarlo.

Hay polémica porque el Gobierno no nombró de entrada, como es el procedimiento normal en esto casos, a un funcionario de la istración. "¿Qué debió hacer el Presidente? En mi opinión, haberle consultado de inmediato al Movimiento (de Quintero) si tenía una terna y, en caso de que la respuesta fuera que no o no hubiera respuesta en el tiempo establecido, ahí sí designar uno para satisfacer el principio de permanencia y no como ocurrió", expresa Trespalacios.

Momentos antes de que se llevara a cabo el primer consejo de Gobierno con el alcalde encargado, el viernes por la tarde, todo el gabinete de la Alcaldía dio a conocer una carta en la que asegura que la sanción a Quintero fue una "actuación arbitraria que busca desestabilizar la institucionalidad de nuestra ciudad".

El equipo cercano del Alcalde, que se mantiene en la istración, dice que aun con la llegada de Restrepo seguirán cumpliendo los lineamientos de su jefe suspendido.

"Este gabinete seguirá ejerciendo sus funciones, trabajando con amor y dedicación por el plan de desarrollo Medellín Futuro 2020-2023 (...) Nos oponemos a instrucciones que puedan contrariarlo, ya que es nuestro deber constitucional y legal", manifestó la secretaria de Gobierno, María Camila Villamizar.

Estos pronunciamientos del equipo de Quintero son una muestra de la tensión que se gesta en la Alcaldía, pues ya Restrepo enfrentó protestas cuando asistió a una reunión con el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo.

A la pregunta de qué pasaría si el gabinete se declara en rebeldía, el mandatario encargado Restrepo aseguró que, como en cualquier entidad pública o privada, hay dos opciones: "Le pido la renuncia o lo declaro en insubsistencia, pero yo no puedo permitir que Medellín se paralice". Aunque aseguró que no parte de ninguna prevención y viene a "trabajar en equipo".

Jaime Carrión, analista político y docente universitario, anticipa sin embargo que no habrá problemas con los proyectos que están en marcha en Medellín.

"En el momento en el que estamos del año, que aparte es electoral, buena parte de los programas y proyectos ya están en ejecución o comprometidos. Si esto hubiera sido a comienzo o a final de año, otra sería la historia, porque el alcalde encargado tendría alguna injerencia en la contratación o presupuestación", afirma Carrión.

Y Agrega que lo que sí perderá Quintero será visibilidad en algunos proyectos que tienen su sello, como la entrega de computadores, la entrega del intercambio vial de la 80, del Jardín Buen Comienzo en el barrio Pablo Escobar, la licitación del constructor del Metro de la 80, entre otros. Son proyectos previstos para concretarse en los tres meses en los que el alcalde estaría fuera del cargo por la suspensión.

Sobre las relaciones con el gabinete y otros actores, el docente considera que aunque habrá roces con las fichas de Quintero, el alcalde encargado podría tender puentes que hoy están resquebrajados con el Concejo de Medellín, la Gobernación de Antioquia y algunos sectores empresariales.

Así lo ratificó la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Lina Vélez de Nicholls: "Juan Camilo Restrepo es un profesional que conoce a Antioquia y a Medellín y que ha construido una valiosa experiencia en la istración pública, lo que da garantía y confianza de un manejo transparente e idóneo de los asuntos relacionados con la istración municipal".

Todo esto, por supuesto, dependiendo de que la suspensión supere la batería de recusos jurídicos, empezando por las tutelas, que ya están en marcha para tumbar o al menos poner en el congelador la medida contra Daniel Quintero.

ALEJANDRO MERCADO

EL TIEMPO - MEDELLÍN

En Twitter: @AlejoMercado10