Contraloría delegada encontró 300 irregularidades por Hidroituango

La Contraloría General de la Nación, mediante la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, entregó los resultados del recorrido hecho aguas debajo del Proyecto Hidroeléctrico Ituango que abarcó los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre analizando los impactos ecológicos y sociales en estas comunidades ocasionados por la megaobra.

De acuerdo con el ente de control, en estas zonas evidenciaron hasta 300 irregularidades en estas zonas, las cuales no solo van desde el cierre de compuertas de Hidroituango que afectó los niveles del río Cauca en enero de este año, sino también por la avalancha ocurrida el pasado 12 de mayo y la construcción de vías del proyecto de años más anteriores.

“Se trasladaron más de 300 irregularidades a EPM, la Ungrd (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres), la Procuraduría General de la Nación, las gobernaciones de Antioquia, Sucre y Córdoba; y las alcaldías De Sabanalarga, Valdivia, Cáceres, Caucasia, San Benito Abad, Montecristo, Achí y Magangué”, expresó Luis Carlos Pineda, Contralor Delegado para la Participación Ciudadana.

Agregó el ente de control, que una vez se reciban las denuncias y planes de contingencia de cada entidad, lo que sigue es establecer una serie de compromisos que serán socializados a las comunidades afectadas a fin de iniciar con la población especial seguimiento a los recursos invertidos y acciones que se comprometa cumplir.

“El recorrido hizo parte de los compromisos adquiridos el pasado 27 de febrero en la audiencia preventiva realizada en Medellín. Quisimos conocer de primera mano las inquietudes y denuncias sobre las posibles afectaciones del proyecto Hidroituango en lo referente al río Cauca. Vemos unas afectaciones constantemente denunciadas y es nuestro deber velar para que se llegue a unas soluciones y unos cumplimientos de los acuerdos de gestión”, agregó Pineda.

De acuerdo con el informe entregado por el ente de control, en los municipios de Sabanalarga, Caucasia, Valdivia y San Andrés de Cuerquia las irregularidades son:

- EPM no reconoce a la totalidad de los pescadores, barequeros, mineros y comerciantes informales como afectados de Hidroituango.

- Presuntas irregularidades en el manejo de gestión del riesgo, especialmente en el desplazamiento de la población.

- Presuntas irregularidades en el Registros Único de Damnificados (RUD).

- Presuntas irregularidades en el plan de retorno y entrega de auxilios.

- No hay censos.

- No se han adquirido lotes para la reubicación.

- No hay inventario de viviendas para el plan de retorno ni apoyo psicológico para la población.

- La creciente súbita y la sequía intempestiva afectaron la pesca, la minería artesanal y el comercio de arenas.

- Se denuncian daños a viviendas y terrenos por la construcción de la carretera en San Andrés de Cuerquia y afectación a zonas de agricultura y comercio. Imposición de condiciones: El documento de retorno exonera de toda responsabilidad a EPM.

En Ituango encontraron que la vía principal fue destruida por lo que los viajeros quedaron sometidos a una vía de propiedad de EPM, lo que afecta su derecho a la libre movilidad y un incremento en los tiempos y costos de transporte.

De igual forma, allí aseguró la Contraloría que no hay espacios adecuados para atender a la población afectada.

En lo referente a Cáceres, en el corregimiento Guarumo, la comunidad indígena Balay no es reconocida como afectada, no cuentan con un adecuado servicio de salud y la creciente desapareció la ciénaga “cambiando las costumbres ancestrales, actividad económica y generando afectación psicológica sin atención”.

Por su parte, Isabel Cristina Zuleta, vocera del movimiento Ríos Vivos, que le hace veeduría a Hidroituango, aseguró que las emergencias e irregularidades no comenzaron el pasado 28 de abril con el taponamiento de la Galería Auxiliar de Desviación, sino que vienen de años atrás.

“Desafortunadamente tuvimos que llegar a una situación catastrófica para que realmente la institucionalidad nos atendiera, pero valoramos que la Contraloría comience con estas visitas”, expresó Zuleta.

Agregó, que la actualidad de las comunidades es de zozobra y no hay atención ni en alimentos ni salud a las comunidades de Ituango, Sabanalarga y Toledo en más de un año de la contingencia.

Finalmente, aseguró que hay diferencias entre las cifras de afectados y censados que tiene EPM con el que tiene Ríos Vivos, lo que es muy grave debido a la necesidad del restablecimiento de las condiciones de vida de quienes fueron impactados por la megaobra.

Aseguró que hay múltiples derrumbes por todas partes y las laderas del embalse se están cayendo. “Personalmente he contado más de 100, pero como solo hay una cámara de vigilancia en el derrumbe principal, este hecho queda desconocido para la opinión pública”, puntualizó Zuleta.

Entre tanto, el Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cdgrd) y el Dapard informaron ayer que continúan vigentes las alertas para los municipios ubicados aguas abajo del Proyecto Hidroeléctrico Ituango.

“Los riesgos aún están latentes en el proyecto en su proceso de construcción debido a que no hay control del túnel de desviación derecho y del sistema auxiliar de desviación”, aseguró la directora del Dapard, Juliana Palacio.

MEDELLÍN