¿Pasará el impuesto a los servicios públicos en Antioquia? Así están las cartas para la votación

A las 9 de la mañana de este miércoles 4 de diciembre se llevará a cabo el debate definitivo en el que la Asamblea de Antioquia definirá si aprobará o no el Proyecto de Ordenanza Nro. 59 por medio del cual se impone la tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, instalará las sesiones extraordinarias en la Duma donde se debatirá esta polémica propuesta que gravará los servicios públicos (energía) a ciertos estratos de Antioquia y que tiene como meta recaudar 1,2 billones de pesos para temas de seguridad en el departamento.

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Y aunque el proyecto de Ordenanza ha tenido grandes detractores, como el gremio empresarial antioqueño, la liga de s de servicios públicos y hasta el mismo alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, la decisión final está en manos de 26 diputados, de los cuales el Gobernador tendría la gran mayoría.

Jorge Andrés Rico Zapata, docente y analista político, opinó que este proyecto tiene dos perspectivas.

“Primero, se enfoca en la obtención de recursos para un tema que es neurálgico y que en este momento está debilitado en el departamento como es la seguridad. Pero, por otra parte, la sociedad y el sector empresarial no soportan más cargas impositivas, debido a que el contexto actual demuestra que la economía se encuentra golpeada y los gremios empresariales, sobre todo, pequeños y medianos, requieren estabilizarse económicamente”, opinó Rico.

Agregó el profesor que después de la aprobación del proyecto en el primer debate, se vislumbra que, a pesar de las oposiciones, este se aprobaría en sesión plenaria.

“El tema está en que actores muy relevantes como Fenalco, partidos como Creemos no están de acuerdo y esto es un contrapeso mediático fuerte, lo cual podría lograr que no pase el proyecto, sobre todo, porque debe hacerse énfasis en la revisión técnica de este”, agregó el analista.

Y es que para él, toda la polémica que ha generado este proyecto en la opinión pública en los últimos días podría generar un cambio para que este no sea aprobado.

Precisamente, uno de los encargados de caldear el ambiente con su negativa al proyecto y sus opiniones sobre una posible ilegalidad es el diputado del partido Dignidad, Luis Peláez.

“Con mayorías a bordo, el Gobernador quiere imponer su tasa (impuesto) a los servicios públicos domiciliarios, los votos están cantados: 15 lo apoyan y 11 no. Sin duda, no es con votos que podremos hundir este nefasto proyecto de ordenanza. Un llamado a la sensatez, la asamblea no es competente para crear impuesto, hacerlo es posiblemente ilegal”, expresó el diputado.

De acuerdo con Peláez, los diputados que están en contra del proyecto de Ordenanza y que votarían negativo son, además de él, los cinco diputados de Creemos (el partido de ‘Fico’), Juan Felipe Vélez, David Ruiz, Zulema Zapata, Mateo Escobar y Andrés Bedoya; los diputados del Partido Verde, Camilo Calle y Juan David Muñoz; Manuel García (Pacto Histórico), Walter Salas (Independientes) y Hernán Torres (Liberal).

De otro lado, los que seguramente votarán a favor están los seis diputados del Centro Democrático -partido político del Gobernador-: Verónica Arango, Luis Gabriel Gómez, Gabriel Jaime Giraldo, Carlos García, José Luis Noreña y Edison Restrepo.

A ellos se les sumarían los del Partido Conservador: Jaime Cano, Jorge Correa, Walter Arias y Juan Esteban Villegas.

Según Peláez, también estarían por la línea del Sí, los Liberales Jonathan Roldán y Juan Carlos Palacio, así como los diputados restantes: Julio Restrepo (ASI), Néstor Mauricio Caly (MIRA) y Rogelio Zapata (Alianza Verde).

El diputado Peláez cuestionó las facultades que tiene la Asamblea para aprobar este tipo de impuesto y, no solo le pidió a la Mesa Directiva de la Duma emitir un concepto jurídico que evalúe la competencia que tiene la Asamblea para darle luz verde a este proyecto, sino que también anunció acciones jurídicas.

Y es que este proyecto también ha puesto el debate sobre su legalidad, pues son varios los abogados los que afirman que las entidades territoriales no tienen competencia para obligar a los s de servicios públicos a pagar impuestos locales en las facturas.

Así mismo, indican que ya hay sentencias de años atrás que avalan esta postura.

Por otro lado, desde la Liga Nacional De s de Servicios Públicos Domiciliarios, seccional Antioquia, manifestaron que este proyecto de Ordenanza es ilegal y antitécnico argumentando que señala como sujeto pasivo al suscriptor, mientras que define que la base gravable es el consumo.

“Es contradictorio, pues en virtud de las definiciones de la ley 142 de 1994, no es lo mismo suscriptor que o consumidor, entonces quienes consumen en condición distinta a suscriptor, en sentido estricto, no deberán quedar vinculados a la obligación de pago de la tasa. Es el caso de los arrendatarios y comodatarios, por ejemplo. ¿A quién se va a imponer la sanción de pago de intereses moratorios si la tasa no la cancela el sujeto pasivo? Como está redactado el parágrafo del artículo 9 del proyecto de ordenanza solo se sanciona al suscriptor”, afirmó Javier Gaviria Betancur, presidente de la entidad.

El directivo también manifestó que “la tarifa es injusta y regresiva, eleva a los s residenciales el costo de su kilovatio hora en 9,5 %, a los comerciales en 8,4 % y a los industriales en 7,2 %.

“Además, al determinarse con base en la Unidad de Valor Tributario (UVT), siempre se ajustará con el IPC de ingresos medios, y si se logra justa merma de la tarifa de energía, en virtud del reclamo generalizado de los s de todo el país, a los estratos residenciales 4, 5 y 6, industriales y comerciales no les llegará el beneficio", puntualizó Gaviria.

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En el mismo sentido de las críticas, se sumó Fenalco Antioquia, que ha recibido numerosas quejas de sus empresas afiliadas sobre las consecuencias de tener que pagar esta tasa si se aprueba la iniciativa del Gobernador.

María José Bernal, directora ejecutiva de Fenalco, contó uno de los tantos casos que hay:

“Hicimos cálculos con la gerente de un centro comercial afiliado, subiría a pagar adicional 87 millones anual con la sobretasa. Me dice que tiene 20 empleos directos y 70 indirectos. Para cubrir el sobrecosto tendría que reducir planta de personal, aumentar la cuota de istración a los comerciantes y aplazar inversiones”, dijo la líder gremial.

Entidades como la Cámara de Comercio, el Comité Intergremial de Antioquia, Acopi, entre otros, también han expresado su postura en contra de esta tasa especial de seguridad.

De otro lado, quienes se han mostrado a favor de la iniciativa, además de algunos de los diputados ya mencionados, están más de 100 alcaldes de Antioquia, quienes apoyaron públicamente este proyecto de Ordenanza.