Primera sentencia de restitución de tierras a indígenas en Buenaventura

El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cali profirió fallo a favor del Resguardo Indígena de Guayacán Santa Rosa del pueblo indígena Wounaan Nonam, que así recupera 236 hectáreas.

Es la primera sentencia que se profiere a favor de una comunidad indígena en zona rural del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura y la cuarta sentencia étnica para el departamento de Valle del Cauca.

Con este fallo se benefician 147 personas de esa comunidad indígena. A decir de  Juan

Bautista, director territorial encargado Unidad de Restitución de Tierras de Valle de Cauca y Eje Cafetero, es un triunfo de la vida sobre el proyecto de la muerte que ha vulnerado los derechos de esta comunidad del sur del país.

Ante esta sentencia, el Estado colombiano deberá aplicar el enfoque diferencial étnico para restablecer los derechos vulnerados al pueblo indígena Wounaan Nonam.

También se debe brindar garantías para el retorno efectivo a 30 familias que conforman la comunidad y quienes se encuentran en situación de desplazamiento forzado. Además, debe prestar los servicios de atención en salud, vivienda, educación y liderar acciones concretas que protejan su pervivencia física y cultural al implementar proyectos económicos productivos, el aseguramiento físico y material del territorio y la integridad ambiental.

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"La Unidad de Restitución de Tierras evidenció que entre los años 2000 a 2010, después del ingreso del Bloque Calima de las Auc a la zona, a través del Bloque Pacífico, se presentaron múltiples afectaciones, situaciones de confinamiento determinadas por el control social y restricciones a la movilidad, violaciones a los

derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, debido a la confrontación y disputa territorial existente entre las Farc-Ep y las Auc", dice el documento.

Este contexto se intensificó dada la presencia desde el año 2011, del grupo armado organizado ‘Los Rastrojos’; y más recientemente, con la disputa existente entre la guerrilla del Eln, disidencias de las Farc-Ep y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc).

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En este contexto se han generado desplazamientos forzados masivos, reiterados por parte de las familias pertenecientes al pueblo Wounaan Nonam y asentadas en el

territorio. La comunidad ha tenido que huir para salvaguardar sus vidas e integridad

personal, hallándose sometidas durante sus desplazamientos a múltiples

vulneraciones de sus derechos fundamentales dada la falta de atención humanitaria

y la pérdida del vínculo con su territorio.

El Resguardo fue objeto de protección a través de medidas cautelares

ordenadas al Estado colombiano por parte de la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos (CIDH), con el fin de proteger y garantizar la dignidad, la

seguridad física del territorio, la vida e integridad personal, la situación humanitaria

y atención médica.

“La Unidad de Restitución de Tierras, en el departamento de Valle del Cauca, suma tres sentencias que reconocen los derechos sobre más de ocho mil hectáreas a comunidades indígenas” destacó Juan Bautista, director territorial (e) del Valle del Cauca y Eje Cafetero y se refiere a los fallos de los últimos años:

En el 2019 se profirió la sentencia para el Resguardo Indígena Cabildo

Central Kwe´sx Yu Kiwe ubicado en Florida, Valle del Cauca.

En el 2022 la justicia reconoce los derechos territoriales al Resguardo Indígena Triunfo Cristal ubicado en Florida, Valle del Cauca.

En el 2023 se profiere sentencia a favor del Resguardo Indígena Guayacán Santa Rosa ubicada en Buenaventura – Valle del Cauca.

A estas, se suma el fallo en el año de 2017 a favor del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Yurumanguí, ubicado en Buenaventura, el cual restableció los derechos sobre 54.776 hectáreas favoreciendo a comunidades negras.

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Con este nuevo pronunciamiento de la justicia el reto de la Unidad de Restitución

de Tierras será lograr articular las acciones necesarias para el cumplimiento de las

órdenes, con el fin de armonizar la vida de estas comunidades vulneradas por la

violencia.

La providencia vincula a entidades como: la Unidad para las Víctimas, la Agencia Nacional de Tierras, el Departamento de Prosperidad Social, la Agencia de Desarrollo Rural, al Sena, a las Fuerzas Armadas de Colombia, la Unidad Nacional de Protección, a la Corporación Autónoma Regional del Valle – CVC, los ministerios de Vivienda,

Educación, Interior y Cultura y la Secretaría Departamental de Educación quienes

tendrán la obligación de cumplir las órdenes impartidas en el fallo.