Los sueños de Rafael y Ángel González por encontrar una mejor vida se redujeron a un par de mudas de ropa en unas mochilas algo deshilachadas. Ambos, padre e hijo, salieron hace seis años de su Valera natal, una ciudad en la falda de los imponentes Andes del estado de Trujillo (Venezuela), para ir hacia Colombia. Un viaje sin retorno.

Los dos se subieron a un bus que los llevó hasta Cúcuta, la puerta para los extranjeros ansiosos por respirar y vivir en una democracia. Sus tenis desgastados los llevaron a iniciar toda una travesía a pie y a lo largo de más de dos mil kilómetros, cruzando casi todo Colombia, pasando por el corazón del territorio nacional con rumbo al suroccidente. Querían cruzar la frontera nariñense: Ecuador se vislumbraba como un destino formidable.

"Recorrimos a pie medio Colombia. Hubo personas que nos ayudaron. Caminábamos con otros migrantes que también habían salido de Venezuela. No queríamos ir solos, sino en un grupo de 11 viajeros. Algunos de ellos iban a Ecuador y otros querían llegar a Perú. Por eso siempre estuvimos con ellos. No teníamos nada en los bolsillos. Recogíamos dinero que nos regalaban y cuando juntábamos, nos quedábamos en una vivienda no muy costosa. La noche era como a 10.000 pesos y con el dueño se llegaba al acuerdo de pagar 80.000 por todos", recuerda Ángel.

La ruta del Sol fue su principal guía. Pasaron por páramos y planicies, bajas y altas temperaturas. Cuando llegaron a Cali, decidieron avanzar. Los motivaba seguir en dirección al sur. Tras 28 días llegaron a Ecuador, pero no duraron mucho. “No nos gustó el trato de varios ecuatorianos” —detalla— “Yo fui el primero en devolverme a Colombia. Mi papá se quedó un tiempo, pero después se devolvió”.

Ángel vio en Jamundí, la quinta ciudad más grande del Valle del Cauca, una oportunidad para establecerse. Empezó trabajando para una persona que alquilaba lavadoras.

"Al pasar unos días, esa persona tenía otros planes. Yo pedí prestado dinero para comprar las lavadoras y la moto. Pagaba el arriendo de un cuarto, no era fácil, pues cuando no tenía trabajo reparando las lavadoras, buscaba empleo en construcción. Acá en Jamundí es en lo más que se trabaja", dice.

Los pagos eran diarios y sumaban 70.000 pesos. Las jornadas eran de nueve horas, pero a veces se prolongaban hasta la noche. Muchos de los jefes de obreros evitaban asumir su seguridad social por lo que no tenía.

¿Dueños del espacio público?

Rafael tampoco se amañó en Ecuador y se reunió con su hijo en Jamundí, a los tres meses de pisar Quito. Tenía 57 años y a su edad le era más difícil conseguir trabajo. Cuando intentó tocar la puerta para ser operario en una construcción, le cerraron la puerta.

Fue así como, ante la premura por sobrevivir, con el poco dinero que tenía, compró bolsas de dulces para venderlos mientras caminaba entre los carros del centro del municipio. "No tenía un puesto como tal. Él vendía los dulces como ambulante", recuerda su hijo.

En esas calles, Rafael entendió que había quienes asumían ser 'dueños' de esquinas para reciclaje en los andenes, de metros de andenes para parqueo de motos y hasta de escuadras en parques, algo con lo que ganaban más dinero más que vender dulces. Entonces, encontró una estrategia para lograr un ingreso extra: ayudarle a cuidar motos a varios en algunas calles al tiempo que vendía golosinas.

En promedio lograba 50.000 pesos diarios. Cuando estaba de suerte, 150.000 pesos. Lo hacía para ayudarle a Ángel, y enviarle dinero a Ronald, su hijo mayor que se había quedado en Mérida hasta antes de la tragedia, y su abuela. No obstante, la mayoría de los días no podía girarles porque apenas les alcanzaba para pagar el arriendo de una habitación.

Si bien en el campo de los cuidadores de motos hay cierto acaparamiento, Rafael no tenía lío de cubrir turnos para que esos pedazos de calles no les fueran arrebatadas por otros. "Las ganancias eran para quien cuidaba; lo importante era que mi papá estuviera ahí en el sitio para evitar que alguien más se apropiara", cuenta Ángel.

La fatídica esquina

El sitio predilecto de Rafael era la zona céntrica de entidades bancarias en Jamundí. Una cuidadora era quien le encargaba al migrante la tarea de vigilar en ese sector, desde las cinco de la mañana hasta entrada la noche.

El 12 de junio del año pasado, el hombre quería descansar, pero la noche anterior, la mujer le pidió que acudiera en su lugar desde las primeras horas.

Así lo hizo. Antes de las 7 de la mañana estaba en el lugar de siempre. Mientras caminaba, estalló muy cerca de él una moto bomba que dejaron las disidencias de las Farc. La onda explosiva lo tumbó y lo dejó con fracturas y graves quemaduras. Un video registró cuando cayó al piso lleno de esquirlas incrustadas en su cabeza y cuerpo.

Fue trasladado a la Clínica Valle de Lili, en Cali. Durante 13 días agonizó. Una bacteria afectó sus extremidades, al punto de que le tuvieron que amputar varias de ellas. Pese a los esfuerzos, la infección y las heridas derivaron en un desenlace fatal.

'No he recibido ninguna ayuda'

Tras el asesinato de su padre, la vida de Ángel se puso más difícil. Hoy intenta seguir los pasos de él, buscando su sustento diario, en medio de la precariedad y aceptando cualquier oficio, no importa si hay exceso en horas y los pagos son deficientes. “Tengo que sobrevivir”, enfatiza.

"Hubo muchas personas que se me acercaron para ofrecer ayuda y no fue así. No he recibido ninguna por parte del Estado" —asegura— “Tuve que reunir la plata para pagar todo”.

El hombre, en medio de su dolor, menciona que varios políticos y funcionarios en Cali solo lo buscaron para salir en medios de comunicación con promesas de ayudas que no han cumplido hasta el momento.

Su hermano, Ronald, decidió viajar a Jamundí para acompañarlo. Pero la tragedia se profundizó cuando fueron víctimas de extorsión por parte de un grupo armado. Alguien lo engañó con una supuesta oferta cerca de una finca de la ciudad. Él acudió y al tiempo llamaron a Ángel por teléfono para exigirle un pago. Le habían dicho que su hermano estaba secuestrado. "Yo le lloraba a esa persona por teléfono, le decía que no tenía dinero", recuerda.

Por fortuna, la situación se calmó, luego de que la Policía intervino. El origen de las llamadas extorsivas aún es desconocido y es un tema que ya no se toca en la casa.

"Mi hermano aún no tiene trabajo porque no posee el permiso por ser venezolano. Nos han dicho que vayamos a la Unidad para las Víctimas, pero no ha pasado nada desde que rendí declaración el año pasado. No he recibido ninguna ayuda desde la explosión. Solo pedimos una oportunidad", puntualiza.