Estas son las medidas de seguridad en el Valle del Cauca, tras asesinato de concejal

La media principal es el ofrecimiento de una recompensa de 30 millones de pesos por información que permita esclarecer el asesinato del concejal jamundeño.

También anunciaron desde el gobierno departamental, el envío de una solicitud a la Unidad Nacional de Protección para la protección de los concejales. A esto se le suma la llegada de un grupo especial de investigadores de la Fiscalía para adelantar indagaciones sobre los crímenes ocurridos en Jamundí y Tuluá.

Además, se incrementarán los controles mixtos de la Policía y Ejército en ambos municipios.

Al salir del consejo de seguridad, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, reiteró el llamado al Gobierno Nacional para que tomen medidas urgentes de seguridad.
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​(Además: Intensificarán medidas de protección a diputados del Valle ante amenaza de secuestro)

“Es el tercer concejal asesinado en estos primeros cuatro meses en nuestro Departamento. Solicito al Gobierno Nacional, al señor presidente, Gustavo Petro, y al ministro de Defensa, Iván Velásquez, que, en uso de sus competencias constitucionales y legales, aumenten y arrecien la lucha contra la delincuencia en el Valle del Cauca”, indicó la mandataria.

Además, enfatizó que “si no trabajamos unidos, prioritariamente en este objetivo, corremos el riesgo de que el departamento del Valle del Cauca recorra el lamentable camino que han recorrido otros territorios del suroccidente colombiano y no lo podemos permitir”. 

En las últimas horas, la Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Dirección de Protección de la Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) “tomar medidas urgentes para proteger la vida e integridad del alcalde de Tuluá, Valle del Cauca, Gustavo Adolfo Vélez Román, así como de varios funcionarios de la istración municipal y concejales amenazados por la banda criminal La Inmaculada, que delinque en ese municipio”.

En dicha comunicación, firmada por el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, les pidió a ambas entidades mayor celeridad en los estudios de nivel de riesgo necesarios “para definir y asignar las medidas de protección por trámite de emergencia en cada caso y evitar así que se cumplan las amenazas”.

Por último, solicitó un informe actual sobre las acciones realizadas frente al riesgo que enfrentan dichos funcionarios.