La vía a Buenaventura se mantiene este jueves 11 de mayo con bloqueos de ciudadanos que reclaman por incumplimientos del Gobierno Nacional.
Es la tercera protesta en este año y la segunda en menos de un mes, dejando incomunicada la ciudad puerto más importante del suroccidente colombiano.
El bloqueo se inició el pasado miércoles.
De acuerdo con el líder Orlando Meza, luego de la protesta anterior se ha venido insistiendo al Gobierno la necesidad de honrar los pactos, relacionados con mejoras en viviendas, tras impactos por lluvias, deslizamientos e inundaciones, además de educación y salud.
El líder dijo que la comunidad esperaba a la viceministra del Interior, Lilia Clemencia Solano, el pasado 10 de mayo, en la caseta comunal de Loboguerrero, pero "nunca llegó".
De no contar con la alta funcionaria, dijo, el bloqueo persistirá.
Otros que están en la protesta anotaron: "En la comunidad de Loboguerrero nos sentimos inconformes y están siendo vulnerados nuestros derechos como ciudadanos, debido a la problemática socioambiental que se ha venido presentando en nuestro corregimiento".
Sin embargo, hay habitantes que señalan que estos bloqueos no los lideran comunidades, sino "personas que están en oposición al consejo de la comunidad negra. a ellos se han sumado líderes que están en campaña electoral".
Se indicó que en estos bloqueos participarían personas que persiguen al consejo comunitario de las negras. "Es una persecución, en la que participan políticos que ponen en riesgo mi vida, la de mi familia y equipo de trabajo", aseguró una habitante.
Los bloqueos y los derrumbes en la vía a Buenaventura han mantenido en una encrucijada a la economía y la movilidad, tanto de carga, como de viajeros en esa zona del suroccidente del país.
No pasó ni un mes desde que se registró el primero de los taponamientos por protestas de comunidades, en lo que va de este año, en la carretera a la ciudad puerto del Valle del Cauca por donde transitan 6.000 vehículos, entre camiones de carga y particulares, y se movilizan, en promedio, 50.000 toneladas diarias de mercancías.
De acuerdo con el Comité Intergremial y Empresarial de Buenaventura y del Valle (CIEV), así como la Federación Colombiana de Transportadores de Carga (Colfecar) con otros gremios de la región, ahora vuelve la zozobra con el nuevo bloqueo que se suma a los efectos por deslizamientos en este 2023.
A comienzos de enero pasado, un derrumbe cerró las dos calzadas de la carretera que lleva a Dagua y hacia el corregimiento bonaverense Loboguerrero, para encaminarse a la ciudad portuaria.
La vía fue despejada por una calzada y en febrero totalmente.
La tercera emergencia por cuenta de la naturaleza ocurrió más cerca de Cali. Fue el pasado 13 de febrero, cuando se sintió un estruendo y remezón en la carretera que comunica a la capital del Valle con el puerto de Buenaventura, a la altura del kilómetro 14. Ahora se depende de Mediacanoa, que en 2019 tuvo daños en un largo tramo.
El 24 de abril pasado, el nuevo cierre por comunidades afros, de indígenas y campesinos ocurrió a la altura del kilómetro 62, en zona de Loboguerrero.
Sus promotores señalaron, en ese entonces, que volvieron a cerrar la vía, porque el Gobierno no les ha cumplido con acuerdos en materia de inversión social, en cuanto a seguridad, obras de acueducto, prevención de desastres y mejoras en viviendas de quienes han venido siendo damnificados por la ola invernal que viene desde el año pasado.
Colectivos, entre ellos, el Proceso de Comunidades Negras (PCN) y la Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca y la Región Pacífico (Aciva), reiteraron que el Gobierno viene desatendiendo el llamado de la población.
Voceros de estos colectivos indicaron que se cansaron, además, de enfrentamientos cada vez más recurrentes entre grupos armados, como el disidente 'Jaime Martínez' o la 'Segunda Marquetalia', en la zona rural de Buenaventura que dejan 1.500 desplazados.
Sin embargo, para gremios y hasta para las mismas autoridades y la gobernación del Valle del Cauca, la situación desencadena una crisis humanitaria porque se dificulta en el paso de alimentos que provienen y van a Buenaventura. Los que salen del puerto van a Cali y al interior del país, así como a Cauca y a Nariño.
Para Confecar, “es muy compleja la movilidad en el puerto de Buenaventura, es muy difícil tener una logística de comercio exterior. Se solicita urgentemente, el apoyo del Gobierno departamental y Nacional que permita solucionar la situación. Buenaventura no aguanta un bloqueo más”.
Con estos cierres a la ciudad de 400.000 bonaverenses, según los gremios, las pérdidas van de $ 5.000 a $ 10.000 millones diarios.
El Comité Intergremial y Empresarial del Valle volvió a elevar el llamado al Gobierno Nacional para salidas soluciones viables a este nuevo cierre.
El primer bloqueo de este año fue el 22 de marzo, en el sector conocido como El Gallinero, y se levantó dos días después.
En ese primer bloqueo se había activado un paso y luego toda la vía, ante una larga fila de vehículos, mientras que desde terminales de Cali y Buenaventura se notaba la llegada de viajeros. La venta de tiquetes estuvo frenada durante tres días.
En ese entonces, el Gobierno se comprometió a velar por el retorno de comunidades de nueve cuencas de Buenaventura en regiones que han estado afectadas por retenes ilegales y confinamiento.
En las dos veces anteriores de protestas, una comisión del ministerio del Interior se desplazó para buscar alguna salida. No obstante, las comunidades pidieron soluciones reales y no solo promesas.
En un comunicado en esa época, los manifestantes que bloquearon la carretera por segunda vez, a fines de abril, afirmaron: "Estamos siendo revictimizados por parte de las instituciones del Gobierno Nacional, a los cuales, venimos haciendo un llamado por medio de derechos de petición y demandas, pero han hecho a nuestra problemática".
Anotaron que el pasado 21 de abril fueron convocados a una reunión, esperando la presencia de defensores de derechos humanos y no fue así.
En la misma misiva manifestaron que estos delegados se habrían excusado.
Por ello, reclaman "ser escuchados, tener una información clara y transparente, así como autonomía en la comunidad, en la toma de decisiones e intervenciones de calidad".
Hace un mes, también hubo protestas en vía a Guacarí, centro del Valle, igual que el año pasado, cuando en una misma semana hubo dos bloqueos en la vía a Buenaventura.
Uno duró 72 horas y en el segundo por protesta de las comunidades de La Delfina y Cisneros se requirieron 12 horas de diálogos con la comisión del ministerio del Interior para levantarlo, como sucedió el 22 de marzo de este 2023. Es decir, en cinco meses van cuatro taponamientos viales a Buenaventura.
Desde el año pasado, todas estas comunidades, tanto de Buenaventura, como de Guacarí han venido consolidando movimientos, clamando, además, por ayudas en materia de educación, becas del Icetex y licencias ambientales por obras de infraestructura que ponen en duda.
“Necesitamos la reivindicación de los derechos de comunidades étnicas”, dijeron en Guacarí, incluyendo entre los argumentos de su protesta, la calidad del agua.
CALI