Así va el proceso por el cual el exalcalde de Tuluá John Jairo Gómez sigue en la cárcel

Van 30  días desde que el Juzgado Sexto Penal Municipal con función de control de garantías ordenó enviar a la cárcel al exalcalde de Tuluá John Jairo Gómez y a otros cuatro exfuncionarios de su istración, la cual correspondió a los años comprendidos entre 2019 y 2023.

El exalcalde presuntamente habría dirigido acciones irregulares, disponiendo de manera indebida de la contratación pública, de los recursos físicos y también del personal del municipio para favorecer una campaña política de quien esperaba fuera su sucesor en este 2024 con la firma de contratos sin los requisitos legales y con la participación de los otros cuatro exfuncionarios detenidos.

(Lea también: Las 5 claves del éxito para quien dirige la compañía chilena que creyó en Cali).

En las diligencias se revelaron supuestas irregularidades en la contratación del municipio, las cuales llevaron a agentes del CTI de la Fiscalía a detener también a los exsecretarios de Gobierno, el coronel (r) Jorge Alexánder Gallego y John Fredy López Cardona; y a la exsecretaria de Hacienda Eliana Andrea Bedoya Bueno, así como al contratista Javier Hárrison Amaya.

El exalcalde Gómez fue enviado a la hacinada cárcel de hombres de Villahermosa, en Cali, al igual que los dos exsecretarios de Gobierno y el excontratista Amaya. En la cárcel de Jamundí, a donde llegan mujeres, está la exsecretaria de Hacienda.

De acuerdo con allegados y fuentes de la Fiscalía, estos exfuncionarios, incluidos el exmandatario y antecesor del actual alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, están afectados tanto física como emocionalmente. Se dice que uno de ellos tiene quebrantos de salud, luego de ser sometido a una cirugía previa y otro habría sido trasladado a urgencias de un centro asistencial por resultar herido en el centro carcelario. Aún no es claro si fue agredido o si habría tratado de quitarse la vida. 

Se conoció que uno de los detenidos con problemas de salud sería el exalcalde Gómez, al parecer, por fallas cardíacas. 

(Lea también: Cronología de obras del nuevo puente de Juanchito: una espera de 9 años que aún sigue).

Es por ello que abogados de los detenidos vienen apelando el caso, primero, porque no aceptaron cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por uso. Es por ello que el proceso sigue, pero bajo medida de aseguramiento en centro carcelario como lo ordenó el Juzgado Sexto con función de control de garantías.

Segundo, la defensa del exalcalde y de los otros detenidos  busca que las medidas carcelarias sean cambiadas a domiciliarias.

En las audiencias de captura e imputación de cargos por parte de la Fiscalía se revelaron supuestas irregularidades en la contratación del municipio contra estos exfuncionarios.

(Lea también: Jorge Humberto Zambrano: su padre cuenta la verdad sobre su muerte en San Andrés).

De acuerdo con la Fiscalía, "estas personas se habrían concertado y aprovechado sus cargos para orientar sin el mínimo cumplimiento de las normas vigentes contratos relacionados con la compra o abastecimiento de bienes y servicios de distinta índole, como capacitaciones a las juntas de Acción Comunal (JAC) y alimentación para los integrantes de la fuerza pública". 

En el ente acusador indicaron que la investigación permitió conocer que, por lo menos, 25 contratos presuntamente fueron entregados al señor Amaya, ahijado del mandatario municipal. Adicionalmente, evidenció que los dineros desembolsados, al parecer, se destinaron para financiar la campaña del coronel (r) Gallego Chávez, quien aspiraba reemplazar al entonces alcalde.

De igual manera, se acreditó que los hoy procesados habrían dispuesto de bienes de la alcaldía para realizar actos de proselitismo, y permitido que los funcionarios participaran en las concentraciones políticas del oficial en retiro.

Por todo lo anterior, una fiscal de la seccional Valle del Cauca, con apoyo de un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, imputó a los exfuncionarios y al contratista, de acuerdo con su posible participación en los hechos investigados, los delitos de concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por uso.

Gómez nació el 16 de diciembre de 1968, en Tuluá. Es egresado de la Unidad Central del Valle, especialista en Derecho istrativo y magíster en Derecho Constitucional.

(Lea también: El nororiente de Cali espera salidas a grave apagón)

Se vinculó a la vida pública en 1998 al ocupar la dirección del departamento istrativo de Planeación del municipio tulueño. En ese mismo período ejerció como secretario de Tránsito. También fue secretario de despacho e inició la conformación de Tuluá Líder, un movimiento político de origen liberal con el que llegó al Concejo municipal, siendo la mayor votación de la colectividad.

En 2011 asumió el cargo de secretario de Gobierno de Tuluá durante casi tres años, es decir, que en 2013, cuando nació ‘La Inmaculada’ en el barrio del mismo nombre y con exintegrantes del grupo criminal y narcoparamilitar 'Los rastrojos', encabezado por Luis Enrique Calle Serna, alias Comba, Gómez ocupaba una de las dependencias claves para determinar los operativos de seguridad de la ciudad.

Después de que John Estiven Idrobo, el primer cabecilla de este grupo criminal cayó para ser sucedido por Óscar Darío Restrepo, alias Porrón, capturado en 2015, Gómez había intentado llegar por primera vez a la alcaldía de Tuluá.

CAROLINA BOHÓRQUEZ

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CALI