Triple A denuncia que fraudes en el Atlántico equivalen a llenar 86 piscinas olímpicas

Un gran número de conexiones ilegales ha detectado la empresa Triple A en lo que va corrido de este año en establecimientos comerciales como hoteles, lavaderos de carros, y restaurantes, entre otros, ubicados en la ciudad de Barranquilla y los 14 municipios en los que opera.

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De acuerdo con la compañía, las pérdidas por las irregularidades encontradas a corte de julio de 2023 ascienden a 214.268 metros cúbicos, lo que equivale a llenar 86 piscinas olímpicas.

"Hasta la fecha, por lo menos 15 establecimientos identificados han incurrido en estas acciones, consideradas según el Código Penal colombiano como delito, y se tienen más de 50 en seguimiento permanente por posibles casos de fraude", indicó la empresa.

Asimismo, aseguró que el de acuerdo al estimado que maneja la empresa, los fraudes se presentan más en el sector hotelero quienes, por ejemplo, "deberían registrar un consumo medio de 400 metros cúbicos, sin embargo registran solo entre 8 -12 metros cúbicos, lo que en teoría debe gastar una vivienda ocupada por 2 personas".

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“Queremos que la comunidad evite realizar fraudes, pues en caso de ser identificada una irregularidad y ser comprobada por nuestro equipo, el propietario del inmueble deberá afrontar, no solo el pago de la obligación, sino que también problemas con la justicia, pues es un robo de un recurso público”, agregó la empresa.

La compañía informó que ante este aumento de casos, ha fortalecido su equipo técnico y tecnológico para combatir este delito con la vinculación de 110 personas especializadas en el área que llegan a integrar esta unidad, quienes contarán con equipos de alta calidad y con un software que permitirá hacer seguimiento exhaustivo a los puntos críticos que Triple A ha identificado.

A corte de agosto de 2023 se han detectado y anulado 5.197 irregularidades.

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"Triple A ha incorporado herramientas tecnológicas para la detección de fugas y fraudes, como macro medidores con telemetría para medir las conducciones y circuitos, correladores, georradar, geófono, entre otros, que sirven para realizar balances hídricos e identificar dónde se encuentran las mayores pérdidas", explicó.

De igual forma, "los medidores con telemetría arrojan alarmas que indican si existe una posible manipulación o si se tiene un contraflujo, el georradar ayuda a identificar acometidas no autorizadas y el geófono para fugas".

El Código Penal en su artículo 256 de la Ley 599 del 2000, indica que todo aquel que mediante cualquier mecanismo clandestino o alterando los sistemas de control o aparatos contadores, se apropie de energía eléctrica, agua, gas natural, o señal de telecomunicaciones, en perjuicio ajeno, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a setenta y dos (72) meses y en multa de uno punto treinta y tres (1.33) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Por su parte, el Código de Policía en su artículo 31, establece que modificar o alterar redes o instalaciones de servicios públicos, acarrea una sanción de 367.709 pesos.

Flor Díaz Ospino

Con información de Triple A