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Otra acción popular para frenar las alzas en el servicio de energía en la Región Caribe

La Representante Ingrid Aguirre radicó la demanda ante el Tribunal istrativo del Atlántico.

La congresista Ingrid Aguirre estuvo en Barranquilla entregando detalles de su demanda. Foto: Cortesía Prensa Fuerza Ciudadana

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Leonardo Herrera Delgans

PERIODISTA09.04.2024 16:06 Actualizado: 09.04.2024 16:30

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En respuesta a las crecientes preocupaciones sobre las tarifas de energía eléctrica en la Región Caribe, la Representante a la Cámara por Fuerza Ciudadana, Ingrid Aguirre, ha presentado una acción popular ante el Tribunal istrativo del Atlántico.

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Esta acción tiene como objetivo principal detener las alzas injustificadas en las tarifas de energía que han impactado significativamente a los hogares y empresas en varios departamentos del Caribe colombiano.

La medida, dirigida al Ministerio de Minas y Energía y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), busca proteger los derechos colectivos de los ciudadanos, garantizando un justo y eficiente a los servicios públicos esenciales.

Específicamente, la acción de la representante Aguirre apunta a asegurar que el valor pagado por los consumidores corresponda únicamente a su consumo real de energía eléctrica, excluyendo cualquier cargo relacionado con pérdidas técnicas y no técnicas de las empresas Air-e y Afinia.

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La representante Aguirre hizo un llamado al Ministerio de Minas y Energía para que utilice recursos del presupuesto nacional a fin de cubrir la deuda generada por las tarifas diferenciales.

Esto, según argumenta, permitiría a las empresas adelantar proyectos de producción y modernización de redes para reducir las pérdidas técnicas y, por ende, aliviar la carga financiera sobre los consumidores.

Además, la acción popular también solicita una revisión de la tarifa diferencial durante el periodo de la pandemia de Covid-19. En caso de que no sea viable la solución anterior, se insta a la CREG a modificar la fórmula de cobro de la tarifa diferencial durante este periodo, disminuyendo el porcentaje correspondiente a este cobro.

Según Aguirre, esta acción se basa en la protección de los derechos colectivos de los ciudadanos, especialmente en un contexto donde los altos costos de energía afectan el ejercicio de derechos fundamentales como la vida, la salud, el trabajo y la educación en la Región Caribe.

La representante subraya que el cobro de pérdidas técnicas y no técnicas en la factura de energía de las empresas Air-e y Afinia constituye una carga injusta para los habitantes de la región.

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