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Los millonarios ingresos de banda criminal por explotación ilegal de terreno en Atlántico: burlaban a las autoridades con sofisticada fachada

El material era distribuido a diferentes construcciones en Barranquilla y sus alrededores, según informó la Fiscalía.

Un juez les dictó medida no privativa de la libertad. Foto: Fiscalía

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Deivis Jhoan López Ortega

PERIODISTA29.07.2024 10:33 Actualizado: 29.07.2024 10:33

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La Fiscalía General de la Nación informó en la mañana de este lunes 29 de julio que logró la judicialización de cinco presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a la explotación ilegal de grava y arena en el municipio de Galapa (Atlántico).

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Según la investigación de las autoridades, se evidenció que la mina, ubicada en la finca El Socorro, no contaba con los permisos ambientales ni los títulos mineros para desarrollar dicha actividad económica.

El material era distribuido a diferentes construcciones en Barranquilla y sus alrededores, bajo la fachada de una empresa dedicada al transporte y la disposición de escombros y residuos. Así burlaban los controles y comercializaban el producto.

Estas actividades le permitían a la organización ilegal obtener rentas ilícitas por, al menos, 2.400 millones de pesos al año, de acuerdo con las cifras oficiales que reporta el ente acusador.

Durante el operativo que se realizó en agosto de 2023 fueron incautadas dos excavadoras, un libro de contabilidad y celulares que serían utilizados para la coordinación de las acciones delictivas.

Los elementos fueron fundamentales para emitir las órdenes de captura y judicializar a los responsables.

Delitos imputados a los presuntos implicados

En ese entonces, la Policía Metropolitana de Barranquilla indicó que “con estas capturas se logra determinar el daño ambiental, la contaminación a los recursos naturales y la identificación de maquinaria por parte de las autoridades competentes”.

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Un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente imputó a los procesados los delitos de explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales, daños en los recursos naturales y ecocidio; y concierto para delinquir agravado, cargos que no fueron aceptados.

Un juez de control de garantías impuso medida no privativa de la libertad a los investigados, con prohibición de ingresar al predio donde se realizaban las labores de explotación.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla