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La Procuraduría exige claridad a la ANI sobre licenciamiento ambiental del proyecto Canal del Dique

Pidió información sobre los impactos contractuales tras decisión de la ANLA de exigir nuevo estudio ambiental.

El Canal del Dique tiene una longitud total de 115,5 kilómetros. Foto: Cortesía Cormagdalena

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Leonardo Herrera Delgans

PERIODISTA05.05.2025 11:37 Actualizado: 05.05.2025 12:30

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La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) un informe detallado sobre el estado actual del trámite de licenciamiento ambiental del Proyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique, una de las iniciativas ambientales más ambiciosas del país.

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El requerimiento se da en el marco del seguimiento preventivo que realiza el organismo de control desde 2020, y se intensificó tras la reciente decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que negó la cesión del instrumento ambiental vigente y ordenó la elaboración de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) como condición para avanzar con la ejecución del proyecto.

Las obras en el canal del Dique son por 3,2 billones de pesos. Foto:ANI

Además de esta información, la Procuraduría solicitó a la ANI precisar si, como resultado de dicho proceso, se ha activado el Procedimiento de Información del Evento Eximente de Responsabilidad, y si la decisión de la ANLA ha generado alguna asunción de riesgos contractuales por parte del concesionario o de la entidad.

El ente de control también requirió copia actualizada del Plan de Trámites Ambientales, con todas las modificaciones derivadas de la obligación de gestionar una nueva licencia ambiental para el proyecto.

Finalmente, la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios recordó a la ANI la obligación legal de publicar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) todos los documentos contractuales producidos durante la ejecución del proyecto, conforme al artículo 13 de la Ley 1150 de 2007.

Hasta ahora, según señaló la Procuraduría, solo se ha hecho pública la firma del Otrosí No. 1 posterior al acta de inicio.

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Este pronunciamiento se da en medio de crecientes preocupaciones sobre la transparencia y sostenibilidad ambiental del megaproyecto, que busca intervenir más de 400 kilómetros de ecosistemas degradados entre el Atlántico y Bolívar.