Funcionarios de Soledad a responder por invasión de tierras

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en contra el exregistrador de Instrumentos Públicos de Soledad, Atlántico, David de Castro Macías, y el actual inspector de Policía de ese municipio, Edward Enrique Galindo Argel, por posibles irregularidades en el ejercicio de sus funciones que favorecieron la invasión y urbanización ilegal del inmueble “Los Ángeles”.

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En un comunicado el ente de control informa que la legítima propietaria María Cecilia Ospina de Camacho solicitó el inicio de una actuación istrativa en Instrumentos Públicos de Soledad para invalidar una anotación falsa según la cual, el predio había sido vendido a Álvaro Santander Baca Barceló en octubre de 2018.

No obstante, pese a haber fallado inicialmente en favor de la legítima propietaria, el exregistrador Castro Macías habría revocado dicha decisión en septiembre de 2019, tras el recurso de reposición interpuesto por Baca Barceló.

"Un mes después, el exfuncionario habría rechazado de forma presuntamente irregular el recurso de reposición presentado por la verdadera dueña y adicionalmente, no se habría pronunciado sobre el recurso subsidiario de apelación presentado por la afectada impidiendo que instancias superiores hicieran la revisión de la decisión adoptada en primera instancia", señala el informe de a entidad.

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La Procuraduría también investiga la presunta violación del Estatuto Registral y de las directrices de la Superintendencia de Notariado y Registro por parte de Castro Macías, quien al parecer desconoció los derechos de la real propietaria en favor de los invasores.

Posteriormente, el falso propietario presentó querellas policivas por perturbación a la posesión contra la real propietaria del predio Los Ángeles "y en respuesta, el 23 de marzo de 2021 el inspector de Policía de Soledad, Atlántico, Galindo Argel, la declaró perturbadora, desalojó a su familia y le entregó el bien al señor Roger Luis Seña Rhenals, comisionado por Baca Barceló".

La Procuraduría también cuestionó la posible omisión por parte de la autoridad policial para realizar la identificación plena del inmueble objeto de litigio y el trámite adelantado para atender las querellas.

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"Las presuntas irregularidades en este proceso policivo habrían contribuido a que se adoptara la decisión del mencionado desalojo y la ocupación por personas que iniciaron de forma fraudulenta el tráfico inmobiliario del mismo, generando procesos de invasión de tierras y estafas a la ciudanía", indica el ente de control.

Al parecer, agrega la Procuraduría en el documento,  con dicho amparo, los falsos poseedores protocolizaron alrededor de 43 escrituras de compraventa de posesión en favor de diversos ciudadanos entre los meses de mayo y septiembre de 2021, iniciando una parcelación y presunta venta irregular de lotes y construcción sin licencia en el mencionado predio.