Graves cuestionamientos a la gestión de la seguridad en Barranquilla y su área metropolitana

La Procuraduría General de la Nación inició una investigación formal contra nueve altos funcionarios, entre ellos comandantes del Gaula Militar Caribe, la Segunda Brigada del Ejército y representantes de la Gobernación del Atlántico y municipios como Galapa y Puerto Colombia. 

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Las pesquisas buscan esclarecer la falta de acciones para mitigar el riesgo generado por la presencia de al menos cinco grupos armados ilegales entre 2019 y 2023.

La investigación formal es contra Ricardo Andrés Díaz Pérez, comandante del Gaula Militar Caribe; José Luis Agudelo Jaimes, comandante de la Segunda Brigada del Ejército; Jorge Armando Ortiz Toro, comandante del Batallón de Policía N.º 2 de Barranquilla; Yesid Turbay Pereira, secretario del Interior del Atlántico; Jaime Navarro Herrera, subsecretario de Participación Comunitaria del Atlántico; Bertulfo Gutiérrez Vásquez y Piedad Ahumada, profesionales especializados de la Secretaría de Gobierno de Barranquilla; Leonel Morrón Maiguel, secretario de Gobierno de Puerto Colombia; y Luis Carlos Oquendo, secretario de Gobierno de Galapa.

De acuerdo con las indagaciones del Ministerio Público, entre 2019 y 2023, estos servidores habrían omitido acciones necesarias para mitigar los riesgos señalados en la Alerta Temprana N.º 037 de 2020, emitida por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.

 Esta alerta aún vigente advierte sobre el riesgo inminente en que se encuentran las comunidades de Barranquilla y su área metropolitana, incluyendo los municipios de Puerto Colombia, Soledad, Malambo y Galapa, debido a la presencia de al menos cinco grupos armados ilegales.

La Defensoría del Pueblo advirtió que estas estructuras criminales, en su lucha por el control territorial, han incrementado actividades ilícitas como el microtráfico, la extorsión, la prostitución y el uso de los puertos para el envío de drogas al exterior. 

Las principales víctimas de esta violencia son comerciantes, tenderos, defensores de derechos humanos, líderes sociales, estudiantes universitarios, niños, niñas y adolescentes, además de población desplazada y comunidades LGBTIQ+.

Según el ente investigador, la falta de planes y acciones efectivas por parte de los ahora investigados habría facilitado la consumación de los hechos violentos que han golpeado a la región. La Procuraduría requirió pruebas documentales de las acciones, si las hubo, adoptadas por estas autoridades para responder a la alerta de 2020.

También se solicitó un listado completo de otros servidores públicos que pudieran haber tenido responsabilidad en el cumplimiento de los requerimientos para proteger a la población vulnerable de la región.

La situación de inseguridad en Barranquilla y los municipios vecinos ha sido objeto de múltiples denuncias por parte de la ciudadanía, que reclama mayor presencia del Estado y estrategias contundentes para desarticular las estructuras criminales.

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La investigación de la Procuraduría busca establecer responsabilidades y enviar un mensaje sobre la necesidad de una gestión más eficiente frente a las alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo.

Se espera que, en los próximos días, los funcionarios mencionados entreguen las pruebas y argumentos que justifiquen sus acciones, en un caso que podría marcar un precedente sobre la atención a las alertas tempranas de violencia en el país.