El caso que tiene ‘bajo la lupa’ de la Procuraduría a 19 concejales de Barranquilla: 'Investigación está hilando muy delgado'

En las últimas horas, se conoció un fallo de primera instancia de la Procuraduría General de la Nación contra un grupo de concejales del Distrito de Barranquilla por una presunta irregularidad en el periodo 2020-2023.

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A través de la procuradora delegada disciplinaria de juzgamiento 2, Olga Liliana Suárez Colmenares, se impone la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el término de 6 meses a los investigados.

De acuerdo con el Ministerio Público, la investigación se originó en una sesión del 27 de febrero de 2020, cuando esa Corporación designó como personera encargada de Barranquilla a Angélica María Ávila Golfar, al parecer, sin el cumplimiento de los requisitos para el cargo.

19 de los 21 concejales que tenían participación en ese periodo fueron mencionados por la Procuraduría. Uno de ellos, Oswaldo Díaz Insignares, falleció el año pasado, por lo que el organismo decidió archivar su caso.

Los cabildantes que menciona el fallo son Julio Álvarez Vega, Freddy Barón Orozco, Heidy María Barraza Vergara, Leyton Daniel Barrios Torres, Zamir Benavides Moreno, Antonio Bohórquez Collazos, Ernesto Crissien Barraza, Oswaldo Díaz Insignares (investigación archivada por fallecimiento), Richard Fernández Barraza. Juan Caillou Fuentes Pumarejo, María Henríquez Quintero, Samuel Elías Marino Angulo, Andrés Felipe Ortiz Hernández, Juan Ospino Acuña, Recer Lee Pérez Torres, Samir Eduardo Radi Chemas, Andrés Rengifo Lemus, José Trocha Gómez y Mauricio Villafañez Jabba.

De acuerdo con el fallo difundido este martes 28 de enero, los concejales incurrieron en una falta grave a título de dolo. De los 21, dos votaron negativo en esa sesión.

“Al considerar que de una parte, eran de público conocimiento los requisitos para ocupar el cargo de Personero distrital y de otra, que estaban informados de que la aspirante Angélica María Ávila Goldfarb, carecía del título de posgrado exigido, sabían de la prohibición contenida en la Ley 734 de 2002, por cuanto Oscar David Galán lo puso de presente en su intervención previa a la votación en la sesión de 27 de febrero de 2020, no obstante, la eligieron de manera voluntaria para ser nombrada en el cargo sin el cumplimiento de las exigencias legales y la posesionaron en sesión de 28 de febrero”, indicó.

Uno de los mencionados es el concejal Antonio Bohórquez, quien sigue vigente en este nuevo periodo. El cabildante habló con EL TIEMPO de cómo procederá, tras conocer el fallo a través de los medios de comunicación.

“No he sido notificado formalmente del tema. Estoy esperando que se cumpla el trámite para poder ejercer mis derechos. En este caso, la ley permite, uno, el fallo de primera instancia no está en firme, porque todavía procede un recurso de apelación y, eventualmente, habría una revisión automática”, expresó Bohórquez.

Para el concejal, avanza la mitad del proceso y ahora aspira tumbar el proceso en segunda instancia, con su argumentación jurídica, con las pruebas que cuentan y con “algunas imprecisiones” en el proceso.

“Si no pudiera pasar en apelación, buscaremos que el juez contencioso istrativo, creo que es el Tribunal istrativo del Atlántico quien conocería esta revisión automática y obligatoria, sea quien nos dé la razón. Eso nos genera cierta tranquilidad, nosotros seguimos trabajando”, agregó el hombre.

Antonio Bohórquez consideró que la investigación y el fallo “se exceden” al asegurar incumplimiento de requisitos por parte de la funcionaria designada en ese momento.

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“Recordemos rápidamente que en ese momento se suspende el concurso de méritos para proveer el cargo de personero. Se vencía el periodo del personero de ese momento, la ley nos obligaba a surtir transitoriamente por cierto tiempo mientras se avanzaba en el propósito. Nos daba unas razones y unos reglamentos: tendrá que ser una persona que cumpla estos requisitos y nosotros lo interpretamos como corresponde”, dijo el cabildante.

Bohórquez agregó: “Le correspondió a una funcionaria que tiene muchos años trabajando en el Ministerio Público, en esa área, con mucha experiencia, que había terminado su especialización, faltaba el formalismo de entregar la certificación, pero con el documento que presentó estaba incluso participando para el concurso de elección de personero. Esa certificación, según nuestra tesis jurídica y la de altas cortes, suple y muestra que había cumplido el requisito. La investigación nos demuestra que está hilando demasiado delgado, que había que buscar alguna responsabilidad”.

A su turno, la concejal Heidy Barrera suministró a este medio declaraciones que ha entregado en otros canales sobre la determinación de la Procuraduría.

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“Es una decisión en primera instancia, no está ejecutoriada, por lo que el orden legal y constitucional garantiza la doble conformidad. Toda decisión es susceptible de revisión por el superior, como la ley lo establece. Entonces ya estoy notificada, enterada y a disposición de los abogados para la presentación de los recursos pertinentes”, expresó Barrera.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla