En Atlántico siguen los operativos para detectar viviendas y negocios con contrabando de energía. El último dio como resultado la detección de 13 cabañas o casas de recreo operaban con luz robada.
El procedimiento se llevó a cabo en inmediaciones de El Vaivén, en donde las cabañas fueron conectadas directamente a la infraestructura eléctrica de propiedad de Air-e sin autorización de la compañía, según explicaron en un comunicado.
En los procesos penales los s se exponen a prisión de hasta 72 meses y multas de hasta 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes
Esto implica que no eran clientes de la empresa y, por ende, evadían el pago de los impuestos de alumbrado público y tasa de seguridad.
"La mayoría de los casos se detectaron en la Urbanización El Jobo en las cabañas Villa Luz, VIP, Villa Lupita, El Diamante, Villa El Gran Aragón y en la Urbanización Valles del Jobo, de tres predios sin identificación", indicó la compañía.
El monto de la defraudación de fluidos es del orden de los 15 millones de pesos mensuales, teniendo en cuenta que varias cabañas tienen equipos para la operación de piscinas, aire acondicionado y otros electrodomésticos, de acuerdo con Air-e.
"Este valor equivale anualmente a un promedio de 180 millones de pesos. Los propietarios asumieron los costos de la energía dejada de facturar y fueron normalizados. Adicionalmente, aportaron la documentación para la legalización del servicio de sus predios", informó la empresa.
Asimismo, indicaron que se logró una negociación de pago a través del diálogo directo con los representantes: Mellys Quiroz, Eduardo Muddi, Claudia Roncallo, Fanor Alfonzo Barrios, Guadalupe del Carmen Guerrero, Manuel Coll, Efraín Ruiz, Iván Segrera, Rodolfo Rojas, Andrés Rocha, Lisseth del Carmen Egeo y Neila Arteta.
De acuerdo con Fermín de la Hoz Torrente, gerente de Servicios Jurídicos de Air-e, la empresa sigue actuando de manera contundente contra la práctica ilegal del robo de energía.
“En los procesos penales los s se exponen a prisión de hasta 72 meses y multas de hasta 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes por incurrir en el delito de defraudación de fluidos. Además, los s comerciales se exponen al cierre temporal de su establecimiento o al cierre definitivo en caso de reincidencia, tal y como lo consagra el Código Nacional de Policía y de Convivencia Ciudadana”, explicó.
A la fecha, la empresa lidera con la Fiscalía cerca de 440 investigaciones penales por hurto y defraudación de fluidos. Han sido capturadas 183 personas por este delito y concierto para delinquir.
Flor Díaz Ospino
Con información de Air-e