De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, ente que adelanta la investigación, León Mass pertenecería, aparentemente, a una red de funcionarios públicos que direccionaba fallos judiciales a favor de particulares, los cuales demandaron istrativamente a distintas entidades en el departamento del Atlántico.
"La medida se produce como consecuencia de la acusación formulada en su contra, presentada en audiencia pública el pasado 25 de abril, situación que la inhabilita para desempeñarse en la Procuraduría tal como lo indica la Ley 262 de 2000 que establece las normas para el funcionamiento de la entidad", informó en un comunicado.
Asimismo, indicó que "desde su ingreso a la institución en 2009, la ciudadana Faicy León Mass no ha ocupado en ningún momento el cargo de procuradora delegada al interior de la entidad, como ha sido informado equivocadamente".
La suspensión del cargo permanecerá vigente hasta cuando culmine el proceso penal adelantado en su contra.
Otros investigados
La investigación implica no solo a León Mass, sino también a la asesora del Tribunal istrativo del Atlántico, María Milagros Navarro Lobo, por cohecho impropio y cohecho propio; y los abogados Victoriano Apolinar Sierra Nerio, Yenny Bustamante Toscano, Yina Paola y Sindris María Benthan Arias, por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.
Según la Fiscalía, los abogados le habrían dado, al parecer, 10 millones de pesos a un juez istrativo de Barranquilla y otra suma a una juez de Sabanalarga, con la intención de obtener una rápida y favorable decisión en un caso tramitado en esos juzgados.
De acuerdo con el ente investigador, María Milagros Navarro Lobo proyectó una sentencia en la que el Tribunal istrativo de Atlántico ordenó a la Policía Nacional indemnizar a un grupo de personas, decisión que fue avalada por la procuradora León Mass.
"Al parecer, en estas actuaciones medió la entrega de 12 millones de pesos repartidos entre las dos funcionarias", señaló en un comunicado la Fiscalía.
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