Alerta en el sur del Atlántico por aumento en los niveles del Canal del Dique : piden al Minambiente otorgar la licencia para que inicien las obras

El río Magdalena vuelve amenazar a los habitantes del cono sur del departamento del Atlántico. Lentamente su nivel sube a diario entre tres y cinco centímetros, según lo que denuncian los habitantes de esta zona.

El temor ronda en especial a los pueblos localizados a orillas del Canal del Dique, brazo del río Magdalena, como Santa Lucia, en donde hay preocupación por el crecimiento del caudal en el Canal del Dique.

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De allí que los habitantes y líderes locales le estén pidiendo a la Ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad, que acelere la emisión de la licencia ambiental para completar las obras en el Canal del Dique y así evitar que la situación de La Mojana se repita en el departamento.

Gustavo de La Rosa, líder en el sur del departamento, dijo a los periodistas que no quieren que ocurra lo del boquete de Cara de Gato en La Mojana, donde la situación es delicada debido a que no se realizaron las obras a tiempo y con las especificaciones adecuadas.

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Según De La Rosa, si el boquete de Cara de Gato no estuviera abierto, el río Cauca enviaría sus aguas al Magdalena, creando una situación difícil en el Atlántico.

"Eso nos brinda cierta tranquilidad, ya que no creo que el nivel del río alcance los 9 metros 40 centímetros, que es la cota que preocupa a los habitantes del sur del Atlántico".

El proyecto es considerado uno de los más importantes contra los embates del cambio climático que hoy aborda la nación.

Las obras, que abarcan los 115.5 kilómetros del brazo artificial del rio Magdalena, evitarán la entrada de mayor sedimentación a la Bahía de Cartagena, y evitará inundaciones trágicas como la del 2010 que dejo miles de damnificados, cuando el dique se rompió anegando poblaciones enteras. Fenómeno solo superado por la ruptura del boquete de Cara de Gato, este año, en la Mojana sucreña que terminó inundada por las aguas de río Cauca.

Esta restauración de ecosistemas degradados del Canal del Dique tiene un costo de 3.25 billones de pesos y buscará además la mitigación de inundaciones y promete la recuperación de oportunidades para esta ecoregión con un corredor fluvial más competitivo, que una al centro del país con el Puerto de Cartagena.

La ejecución de las obras incluye, entre otros, un sistema de esclusas y compuertas para evitar la entrada no controlada de grandes cantidades de sedimentos y caudal.

La ejecución de estas obras, como su respectivo mantenimiento, se hará a través de una concesión que tendrá un plazo de 15 años y estima la generación de 61.766 empleos entre directos e indirectos en la zona.

La población beneficiada con este proyecto será de 1.5 millones de habitantes de 19 municipios: ocho del Atlántico (Campo de La Cruz, Candelaria, Luruaco, Manatí, Repelón, Sabanalarga, Santa Lucia y Suan); diez de Bolívar (Arjona, Arroyohondo, Calamar, Cartagena de Indias, Mahates, María La Baja, San Cristóbal, San Estanislao, Soplaviento y Turbana); y uno de Sucre (San Onofre).

El proyecto se encuentra paralizado en estos momentos, luego que en febrero la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) solicitó el requerimiento de licencia ambiental, argumentando que el Plan Hidrosedimetológico no es suficiente para mitigar el impacto que pueden tener las obras en las áreas protegidas.

El mandatario hizo un vehemente llamado a la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, para que se agilicen los trámites de la licencia ambiental del macroproyecto. Indicó que a este llamado se unieron los alcaldes de Luruaco, Campo de la Cruz, Candelaria, Manatí, Repelón, Sabanalarga, Santa Lucía y Suan.

“Como sabemos, el 29 febrero de 2024, mediante resolución N° 000322, la Anla solicitó que el proyecto debe contar con licencia ambiental, pero Cormagdalena, el dueño del instrumento ambiental, impugnó dicha resolución. Hasta el momento, la Anla no se ha pronunciado sobre esta impugnación, lo que sigue retrasando y perdiendo tiempo valioso para el inicio del proyecto”, aseveró.

La Procuraduría General de la Nación, a través de su delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, envió un oficio a la ANLA solicitando revertir la resolución que exigió en los últimos meses, en apoyo a un recurso de reposición presentado por la Corporación Autónoma Regional del Río Grande la Magdalena (Cormagdalena).

El Ministerio Público argumenta que el proyecto cuenta con un plan hidrosedimentológico aprobado desde 2017, por lo que cuestiona la nueva determinación tomada siete años después. Considera preocupante que esta conclusión técnica se haya alcanzado después de tanto tiempo, y destaca que la ANLA debería haber considerado y evaluado esta información en el momento oportuno.

El concesionario responsable del proyecto, con el acompañamiento de la ANI, realizó  tres jornadas de socialización, en la que participaron las gobernaciones de Bolívar, Sucre y Atlántico y los alcaldes del área de influencia del Canal.

Este espacio permitió que se presentará la estrategia institucional de promover el desarrollo de la ecorregión Canal del Dique y se socializará el plan de gestión del riesgo, así como la concertación de planes de acción conjuntos en aras de afrontar los efectos del cambio climático en el proyecto del Canal del Dique.

Entre las acciones a implementar por el concesionario, se adelantará recorridos con los responsables de la Gestión del riesgo para la identificación de puntos críticos a fin de alertar y priorizar las medidas que permitan salvaguardar la integridad de la comunidad.