Voy y vuelvo | ¿Qué pasa con las relaciones entre Bogotá y la Nación?

Desde la campaña, y ya como alcalde en ejercicio, Carlos Fernando Galán no ha cejado –en un esfuerzo que hay que reconocerle– por mantener buenas relaciones con el Gobierno Nacional. Ha sido claro y franco en temas como el metro, ha tendido puentes con buena parte del equipo del Presidente de la República para asuntos de infraestructura, salud, medioambiente, justicia, entre otros. Y no ha mordido el anzuelo que desde distintos flancos le lanzan personas hoy con poder desde lo nacional.

Todo en aras, como decía, de tener relaciones armoniosas y transparentes con el Ejecutivo, comoquiera que Bogotá, además de ser la capital, es la ciudad que en mayor escala contribuye al país en términos de generación de riqueza, empleo, inversión extranjera, entre otros. Y porque, en últimas, la suerte de Bogotá siempre termina impactando al presidente de turno.

Sin embargo, en la sociedad y desde la propia istración distrital, se ve con preocupación que varias decisiones del alto Gobierno se estén tomando sin tener en cuenta ese diálogo cordial, sin atender argumentos del Distrito, sin consultar y sin un conocimiento profundo de lo que el propio gobierno local está haciendo para mitigar posibles fallas.

La intervención del superintendente de Salud a una de las subredes de salud es un claro ejemplo. Hace solo un par de semanas, tanto el alcalde como el propio superintendente aparecieron en público dando buena cuenta de la charla abierta que habían sostenido alrededor de la situación financiera de Capital Salud, la EPS del régimen subsidiado de Bogotá.

Tras ese encuentro, el propio superintendente habló de una coordinación más eficaz entre el Distrito, el Gobierno y las instituciones prestadoras de salud con el fin de garantizar la buena calidad del servicio para los s. Hubo fotos, rueda de prensa, declaraciones y, en general, un clima de armonía.

Por eso sorprendió la abrupta intervención a la Subred Centro Oriente esta semana. Es cierto que este modelo cayó en manos de pésimos es y que una buena idea terminó en reclamaciones de los pacientes y en investigaciones a sus titulares. Hoy, esa subred arroja pérdidas millonarias. Pero también es cierto que hay un plan de choque para contrarrestar su situación y una estrategia para el funcionamiento de estas entidades que está plasmada en el Plan de Desarrollo que discute el Concejo. Además, ya les hicieron un anticipo superior a 20.000 millones de pesos para garantizar la operación.

En el caso de Capital Salud, hubo muchos rumores sobre su intervención pese a que la Alcaldía ya había destinado 92.000 millones para aliviar su situación. Por ahora, se conjuró ese fantasma. Y sin embargo, ya se especula que por efecto de los racionamientos de agua ahora el Gobierno estaría pensando en intervenir la Empresa de Acueducto, cosa que no se ha confirmado. Pero con lo de la subred ya se generó un clima de prevención y se ha desatado una ola de mensajes alucinantes.

Todo esto ha causado malestar y no poca desconfianza entre la ciudadanía. El alcalde Galán se declaró sorprendido con la intervención, y un grupo de concejales recusó al superintendente. Lo anterior se suma a otros hechos que enturbian el ambiente de colaboración que debería reinar entre Nación y Distrito. Es el caso de las recientes críticas que hizo el jefe del Estado a la región metropolitana a raíz de la anexión de Soacha. El Presidente insistió en que ya no se consulta a la gente para este tipo de decisiones y que son el alcalde y el gobernador de turno quienes deciden el destino del territorio. Esto, a pesar de que el Congreso expidió la ley que aclara el tema.

Y ha habido otros desencuentros que, en medio de un país polarizado, lo único que consiguen es abrir espacios a las conjeturas y, lo más grave, a no construir de forma conjunta soluciones para la ciudad.

¿Qué le costaba al superintendente, pregunto yo, un nuevo encuentro con Galán para analizar el tema de la Subred Centro Oriente? ¿Conocía él los planes de choque para salvar la entidad? ¿No era mejor acordar un plazo para ver si las cosas mejoraban y, de no ser así, entrar a actuar a través de un proceso de vigilancia especial?

Pero no fue así. Y entonces se abre la discusión frente al asunto de la autonomía territorial. ¿En qué queda aquello de la autonomía para la toma de decisiones? ¿En qué queda el artículo 288 de la Constitución, que vela por esa autonomía cuando señala que las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales deberán ejercerse conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, en el reparto de competencias con el Gobierno?

No hay que olvidar que Bogotá es la única ciudad que tiene su propio estatuto orgánico, lo que le confiere una categoría especial para aplicar un conjunto de normas que le son propias y que emplea a la hora de tomar de sus decisiones. Si todo esto se desconoce, ¿para qué elegimos alcaldes si a fin de cuentas el Gobierno impone sus propias interpretaciones?

Cuando Juan Manuel Santos era presidente, creó una consejería especial para asuntos de Bogotá en cabeza de la exministra Gina Parody. La intención, hasta donde entiendo, era ayudarle a Bogotá y trabajar en proyectos de mutuo beneficio, en el entendido de que varias iniciativas necesitaban de la concurrencia de recursos de la Nación y porque, como lo señalé anteriormente, un jefe de Estado tiene que contar con Bogotá y viceversa. Pero Petro, el alcalde de entonces, nunca vio esa consejería con buenos ojos.

Siempre creyó que había una conspiración detrás de esta y una intromisión del Ejecutivo en asuntos del Distrito. Pero hubo más: también criticó duramente al gobierno Santos por la intervención que en su momento hizo la Superintendencia de Industria y Comercio a la Empresa de Acueducto por el manejo del sistema de aseo. A fin de cuentas, la consejería desapareció.

Irónicamente, hoy es este gobierno el que quiere intervenir dependencias, decidir sobre la suerte de proyectos viales, condicionar recursos y hasta criticar la calidad del agua de la ciudad. Es difícil imaginar que como alcalde, y ante estos hechos, el hoy Presidente hubiera permanecido en silencio; por el contrario, habría salido a defender con vehemencia la autonomía y decisiones de Bogotá. Y a los bogotanos, por supuesto.

Lo deseable es mantener el cauce de las cosas. O como lo está proponiendo el personero Andrés Castro, crear mesas de alto gobierno para atender las diferencias en temas como la salud, por ejemplo. Y en todo caso, seguir insistiendo en una buena relación.

Es lo que conviene. El Presidente es consciente de ello, lo repitió como alcalde cuando las diferencias con la consejería de marras crecieron: “Entre más intento acercar el Distrito y la Nación, más funcionarios aparecen tratando de destruir esas relaciones”, dijo en aquel entonces.
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​ERNESTO CORTÉS FIERRO
Editor General
de EL TIEMPO
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