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Se conoció un nuevo caso de uso de cepo en menores Emberá en Bogotá: autoridades activan rutas de protección

La Secretaría de Integración Social denuncia la aplicación de castigos físicos a adolescentes en la UPI La Rioja.

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Laura Valeria López Guzmán

01.05.2025 11:56 Actualizado: 01.05.2025 12:11

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La Secretaría Distrital de Integración Social denunció ante la Fiscalía General de la Nación el uso del cepo como castigo a menores de entre 11 y 14 años de la comunidad Emberá en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja. El caso fue reportado este jueves primero de mayo, tras la ausencia de uno de los adolescentes.

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Según informó la entidad, uno de los adolescentes fue reportado ausente del Centro Amar por parte del personal de Integración Social y, de acuerdo con la información recibida en la UPI La Rioja, se conoció que la razón era porque se encontraba en el cepo. De manera inmediata, se procedió con la verificación de la identidad de los niños y la activación de las rutas de prevención a vulneración de derechos a niños, niñas y adolescentes.

Las acciones comprendieron:

Denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, presentando los hechos para que sean investigados los delitos de violencia intrafamiliar (art. 229 C.P.) y/o maltrato mediante restricción de la libertad física (art. 230 C.P.), dado que regularmente este tipo de castigos son impuestos o concertados por los padres y la comunidad como medida de corrección.

Reporte al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que, junto con la defensora de familia de UPI La Rioja, responsables de la verificación de derechos, evidenciaron que los jóvenes habían sido liberados recientemente del cepo y se encontraban en sus instituciones educativas.

Articulación interinstitucional entre la Secretaría Distrital de Salud, el ICBF y la Secretaría Distrital de Integración Social, ya que el castigo fue presuntamente impuesto a los jóvenes por el consumo de sustancias psicoactivas.

La Secretaría de Integración Social rechazó enfáticamente estos hechos y reafirmó que los derechos de niños, niñas y adolescentes tienen prioridad sobre los derechos culturales y colectivos de las comunidades étnicas.

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Además, la entidad exhortó a la población Emberá que hace presencia en la UPI La Rioja a que se abstenga de implementar los métodos de castigo de la justicia tradicional, como es el uso del cepo, ya que su aplicación en dicho lugar no se ajusta a los criterios jurisprudenciales desarrollados por la Corte Constitucional frente a los factores subjetivo, territorial, institucional y objetivo para la activación de la jurisdicción especial indígena, porque dicho predio es un bien fiscal del Distrito por lo que, como mínimo, no se cumple el factor territorial para la aplicación de la justicia tradicional indígena.

El uso del cepo, un instrumento de castigo físico que consiste en sujetar a una persona por las extremidades durante varias horas o incluso días, ha sido objeto de polémica en anteriores ocasiones. En agosto de 2024, se reportó un caso similar en el Parque Nacional, donde menores indígenas fueron sometidos a este castigo. Las autoridades distritales reiteraron entonces que dicho parque no es jurisdicción indígena y que no se cumplen los elementos necesarios para aplicar la justicia tradicional en ese lugar.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció en su momento rechazando categóricamente estos actos cometidos por parte de la comunidad Emberá e insistió en que no se cumplen los elementos necesarios para aplicar jurisdicción indígena en el Parque Nacional. Además, anunció que se ampliarían las denuncias puestas ante la Fiscalía por usurpación de funciones públicas.

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La Secretaría de Integración Social continuará denunciando ante la Fiscalía las situaciones de violencia y vulneraciones, en estricta observancia a su competencia y al deber de proteger a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Asimismo, insta a la población Emberá que habita en la unidad a detener estas prácticas de maltrato y a utilizar el diálogo y el afecto como las mejores lecciones para la crianza de sus hijos.

Este caso pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de diálogo intercultural y de garantizar que las prácticas culturales no vulneren los derechos fundamentales de los menores. Las autoridades distritales reiteran su compromiso con la protección de la niñez y la adolescencia, y con la promoción de una convivencia respetuosa y armoniosa entre las diferentes culturas que coexisten en la ciudad.

Laura Valeria López Guzmán

En X y en Ig: @Lauravalerialo

Redacción Bogotá

EL TIEMPO