¿Qué va a pasar tras brutal golpiza a mujer emberá? Líderes indígenas piden que deje de haber impunidad en estos casos

Crece la indignación luego de que circulara un video por las redes sociales en el que se ve a un líder indígena de la comunidad emberá propinándole una golpiza a una mujer en el albergue La Rioja. Quien protagoniza esta brutal agresión es Saúl Arias Sintua. A él se le ve dándole puños y patadas a su compañera sentimental y peor aún, delante de sus hijos.

Sobre estos hechos se han pronunciado varias voces, pero resaltan las de líderes indígenas, quienes piden que cesen ya este tipo de agresiones. Una de estas es la de Patricia Tobón Yagarí, indígena emberá, lideresa social y exdirectora de la Unidad de Víctimas. “Rechazo vehementemente el hecho. El líder emberá Saúl Arias Sintua arremetió de forma infame y alevosa, pegándole con puños y patadas a una mujer delante de sus hijos. Como mujer emberá no puedo callar”. Su repudio fue tal que hizo un llamado a las mujeres emberá a organizarse y alzar su voz en contra de este tipo de atropellos.

Lo mismo opinó Sandra Chindoy, indígena Kamentsá, exgobernadora del Cabildo con el mismo nombre en Bogotá. “Horroroso el trato que le da a su esposa un señor que dice ser líder de la comunidad emberá. Esto es repugnante, nada justifica la violencia contra la mujer. Esto es una alerta para que las autoridades y organizaciones indígenas le pongan la lupa a las violencias”.

El abogado penalista Camilo González Gómez señaló que en este caso hay un delito de violencia intrafamiliar que se podría imputar. También explicó que hay que determinar qué jurisdicción debe juzgar a este ciudadano y verificar si realmente funge como líder de esa comunidad. “Es importante determinar en dónde ocurrió la conducta punible, no solo desde el punto de vista geográfico, sino si, en el espacio donde habitan, están llevando a cabo las características de su cultura, sus ritos, sus creencias religiosas, toda su esencia. Si esto no pasa y ya todo está degradado, no deben ser juzgados por la jurisdicción indígena sino por la justicia ordinaria”. Añadió que en este caso sí se podría hacer efectiva una orden de captura.

La Personería de Bogotá fue más allá y rechazó de manera tajante la violenta agresión de la que fue víctima la mujer en el alojamiento temporal UPI La Rioja, y anunció la constitución oficiosa de una agencia especial para intervenir, como Ministerio Público, en el proceso penal que adelanta la Fiscalía 277 local por el delito de violencia intrafamiliar.

El ente de control solicitó acciones inmediatas ante la Comisaría de Familia para que se le brinde protección integral a ella y a sus cinco hijos, sujetos de especial protección constitucional, y se proceda al desalojo del líder indígena que la agredió.

“Hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes para garantizar la integridad y seguridad de todas las mujeres víctimas de violencia de género en la ciudad”, dijo el personero de Bogotá, Andrés Castro Franco.

En los primeros seis meses de 2024, la Personería Distrital ha realizado 5.636 intervenciones en procesos que tramitan las fiscalías locales para defender y proteger los derechos de mujeres víctimas de violencia.

En este caso, la Fiscalía General de la Nación abrió noticia criminal de oficial para iniciar una investigación al respecto, pero aún no se sabe si habrá orden de captura.

El hallazgo de ropa, preservativos usados y restos de sustancias psicoactivas, específicamente en los alrededores del río Arzobispo, muy cerca del asentamiento de la comunidad emberá en el parque Nacional, fue determinante para que el secretario de Integración Social, Roberto Angulo, pusiera los hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. “Decidimos poner una denuncia por indicios de presunta explotación sexual de niñas, niños y adolescentes”.

Todas las pruebas fueron recogidas por personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) del ente investigador para su respectiva valoración. El funcionario dijo que todo surgió tras la instalación en el lugar de un puesto de mando unificado (PMU) que garantizará atención inmediata a esta población. “Todo se descubrió luego de rutas hechas por las entidades presentes en el entorno del parque Nacional”.

Además, hay que recordar que hace poco se conocieron varias denuncias de la comunidad sobre presunta violencia sexual a menores de edad, por lo cual el Distrito diseñó una estrategia para fortalecer la presencia institucional y asegurar de una manera eficiente una respuesta integral en favor de los derechos de la comunidad. “Esta iniciativa también está al servicio de la ciudadanía y busca prevenir conflictos en el perímetro del parque Nacional, contribuyendo a generar dinámicas de convivencia tranquilas y seguras mientras se adelanta el proceso de retorno y reubicación o integración local”, explicó Angulo.

EL TIEMPO consultó a la fiscalía si hay un recórd de judicializaciones por denuncias realizadas desde la alcaldía de Claudia López pero hasta el momento no hay información al respecto. 

La consejera de Víctimas, Paz y Reconciliación de la Alcaldía Mayor, Isabelita Mercado, dijo que la estrategia móvil para hacer presencia 7 días a la semana, 24 horas al día y atender a la población emberá está pensada para responder de forma eficiente a todos los riesgos. “El foco está puesto de forma particular en la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, en la explotación sexual y comercial contra ellos”, dijo, y recalcó: “Estamos respondiendo a los hechos ocurridos hace algunos días en este sitio por presuntos casos de abuso sexual ocurridos en el entorno del parque Nacional”.

Los operativos contra la explotación sexual infantil también se han realizado en otros sectores de Bogotá. La Secretaría de Gobierno hizo presencia a través de un operativo realizado en la zona norte de Bogotá, específicamente, en los alrededores de la calle 85, en el que se evidenció la violación flagrante a los derechos de 13 niñas, niños y adolescentes. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)tuvo que intervenir de inmediato. Todo esto hace parte de una estrategia distrital enmarcada en la ruta de Acción Emberá y la iniciativa contra la mendicidad y trata infantil. Según el Distrito, es el resultado de un trabajo conjunto entre el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y la directora nacional del ICBF, Astrid Cáceres Cárdenas, para llegar a zonas críticas de la ciudad en horarios nocturnos.

En este último esfuerzo se trasladaron 14 personas, de las cuales 13 eran niñas, niños, adolescentes y un adulto. Avanzan 10 procedimientos de restablecimiento de derechos.

Se supo también que ocho niñas y niños son de la comunidad emberá y dos tienen nacionalidad venezolana. “Tres niños quedaron en su medio familiar, con vinculación a la Secretaría Distrital de Salud”.

La istración distrital le pide a la ciudadanía, en especial a diferentes gremios de restaurantes, hoteles y a quienes transitan habitualmente por esta zona, ser consciente de la vulneración de los derechos de niñas y niños y reportar a la línea 123 casos que sean evidentes por estos lugares.

Hay que recordar que, en junio, un juez de la República falló la tutela presentada por el concejal de Bogotá, Julián Uscátegui a favor de los menores de edad indígenas. El ICBF y el Distrito lo acataron.

Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá, dijo que hay una situación crítica en La Rioja, La Florida, Funza y el parque Nacional. “Por ejemplo, el 17 por ciento de las personas que están en el parque Nacional hoy se quieren quedar en Bogotá. El 83 por ciento quiere retornar a su territorio. Eso surge a partir de los datos que recoge la Secretaría de Salud casi todas las semanas en esos lugares”.

Por eso dijo que se debe trabajar de la mano con la Nación. “Lo que esperamos es el cambio en la Unidad de Víctimas para poder recoger todo el trabajo que se había hecho durante el año para lograr retornos efectivos”.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

Escríbanos a [email protected]