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¿Qué tanto riesgo de corrupción hay en Bogotá? Esto dice índice de transparencia
Veeduría Distrital hace recomendaciones a IDEP, Concejo y Bomberos.
Palacio Liévano, en el centro de Bogotá. Foto: Claudia Rubio / ELTIEMPO
Transparencia por Colombia, en articulación con la Veeduría Distrital, presenta los nuevos resultados de la medición del Índice de Transparencia de Bogotá (ITB) 2022-2023, como una herramienta de carácter independiente que tiene como fin identificar los niveles de riesgo de corrupción istrativa en 36 entidades públicas distritales, correspondiente a la vigencia del 1° de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023.
La calificación más alta fue para la Secretaría Jurídica Distrital con 91,9 puntos sobre 100 con un nivel de riesgo bajo, seguida por la Secretaría Distrital de Movilidad con 86,6 y la Caja de Vivienda Popular con 85,8 puntos, estas dos últimas con un nivel de riesgo moderado.
Las calificaciones más bajas las obtuvieron el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP) con 61,7 puntos, la Sección istrativa del Concejo de Bogotá con 67,9 puntos y la Unidad istrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos también con 67,9 puntos. Las tres entidades se ubican en un nivel de riesgo medio.
Esta medición busca fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción en los procesos istrativos del Distrito.
ITB no detecta actos de corrupción en sí dentro de las entidades públicas, sino que evalúa el nivel de riesgo; tampoco aborda los procesos de cooptación del Estado, ni la percepción que tiene la ciudadanía sobre la transparencia y el desempeño de estas entidades.
Explican que su objetivo principal es proporcionar alertas tempranas sobre posibles deficiencias en las estructuras institucionales, con el fin de que estas entidades puedan elevar sus estándares de transparencia y robustecer sus procedimientos internos.
Al momento de evaluar a las entidades, se consideraron tres factores de riesgo, la visibilidad, la institucionalidad y el control y la sanción. En el factor Visibilidad, se analizan los riesgos relacionados con la opacidad en la información, restricción para acceder a la información pública y bajo cumplimiento de los estándares de publicación proactiva.
Este es el lugar favorito de Gustavo Bolívar. Foto:Milton Diaz
En el factor Institucionalidad, se identifican las deficiencias en los procesos y procedimientos en la gestión institucional y posibles ejercicios de discrecionalidad en la toma de decisiones; y, por último, en el factor de Control y Sanción se señalan los riesgos relacionados con el nivel de autorregulación, así como de disposición al control de organismos de control y los mecanismos de sanción por hechos de corrupción.
Los resultados de las entidades se basan en una escala de 0 a 100 puntos, de acuerdo con 5 niveles de riesgo: riesgo Muy alto (0 a 44,4 puntos), Alto (44,5 a 59,9), Medio (60 a 74,4), Moderado (74,5 a 89,4) y Bajo (89,5 a 100). Un puntaje cercano a los 100 puntos representa mayores esfuerzos de las entidades por prevenir la materialización de los riesgos de corrupción.
El control de la emergencia fue reportado a través de las redes sociales del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Foto:Bomberos Oficiales de Bogotá
Resultados generales
De las 36 entidades públicas distritales medidas, 15 son secretarías distritales y obtuvieron un promedio de 80,7 puntos sobre 100, 2 son departamentos istrativos (75,9), 11 establecimientos públicos (76,8), 4 unidades istrativas especiales (76,7), 3 organismos de control (74,1) y la Sección istrativa del Concejo de Bogotá (67,9).
Esto significa un promedio general de 78 puntos para las 36 entidades y una ubicación en nivel de riesgo moderado que indica un compromiso por asegurar cada vez más la disponibilidad oportuna de la información pública con los últimos estándares exigidos por MinTIC y el Distrito, fortalecimiento de reglas claras en los procesos y procedimientos internos, y mayor apertura al control social e institucional.
Se encontró que en los 13 indicadores que mide el ITB, 1 está en nivel de riesgo Alto (Gestión de la Planeación); 3 en Moderado (Cultura de ética, integridad y anticorrupción, Gestión estratégica del Talento Humano y Sistema de PQRSD); 9 en Medio (Control Interno de gestión y disciplinario, Control externo institucional, Participación y colaboración ciudadana, Rendición de cuentas a la ciudadanía, Divulgación de información pública, Divulgación de la gestión presupuestal y financiera, Divulgación de trámites, bienes y servicio al ciudadano, Divulgación de la gestión istrativa y Gestión de la contratación pública en Moderado); y ningún indicador en nivel Bajo.
Recomendaciones por factor:
Visibilidad:
Se identifican avances en la publicación de información de manera oportuna en las páginas web de las entidades en temas como presupuesto, contratación pública y los espacios que se ofrecen para acercar a la ciudadanía a la gestión pública; pero es importante robustecer el cargue de información completa principalmente a las plataformas digitales de trámites, bienes servicios que, aunque han mejorado, en la evaluación se reflejan inconsistencias, duplicidad o vacíos de información entre los diferentes sistemas.
Institucionalidad:
Se observan los esfuerzos de la istración distrital por fortalecer el mérito en el empleo público, sobre todo si se tiene en cuenta que es uno de los mayores movilizadores de la fuerza laboral en el Distrito. Sin embargo, un tercio de las entidades no están publicando sus ofertas de empleo en sus sitios web y es necesario continuar ampliando el porcentaje mínimo de vinculación de nuevos contratistas (persona natural) al Distrito, a través de plataformas como Talento no Palanca.
Contratación pública:
Es fundamental mejorar la pluralidad de oferentes que se presentan a licitaciones públicas, así como asegurar la coherencia entre la capacidad requerida y la experiencia de los contratistas/proveedores seleccionados, estudios de mercado que definan de manera clara la justificación técnica y jurídica de los valores y adiciones de los contratos y agilizar el tiempo entre la evaluación y la adjudicación de los contratos para asegurar la ejecución oportuna de los recursos de inversión.
Por otra parte, se necesita un avance concreto en medidas de integridad como la declaración y divulgación de conflictos de intereses y la declaración de bienes y rentas, el fortalecimiento de los mapas de riesgo de corrupción y LAFT, y definir protocolos internos de protección integral para los denunciantes de hechos de corrupción.
Control y sanción:
Se identificó durante la vigencia 2022 que 30 de las 36 entidades medidas no tuvieron fallos de responsabilidad fiscal y que cada vez más las entidades entregan sus reportes de gestión y de denuncias ante las autoridades distritales competentes. Asimismo, desarrollan espacios diversos espacios de rendición de cuentas que van más allá de la audiencia pública general, como los diálogos ciudadanos, ferias ciudadanas y gerenciamiento territorial, aunque al momento de tramitar sus peticiones ante las entidades, en algunos casos, los tiempos de respuesta sobrepasan los establecidos por Ley para la respuesta de peticiones que se tramitan ante las entidades.
Estos hallazgos son esenciales para mejorar la transparencia y la eficiencia en las entidades públicas del Distrito. “Es crucial que estas entidades aborden las deficiencias identificadas, centrándose en mejorar la visibilidad de la información, fortalecer procesos institucionales y de contratación, y adoptar medidas para prevenir y gestionar situaciones de conflicto de intereses y actos de corrupción”, señaló Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia.
Para Viviana Barberena, Veedora Distrital: “Es de resaltar el esfuerzo de la istración saliente de Claudia López en pro de lograr niveles bajos de riesgos de corrupción dentro de sus entidades, tomando como bandera los pilares del gobierno abierto: transparencia, participación y colaboración. Sin embargo, aun algunas entidades deben mejorar, siendo esto un reto para que la nueva istración en cabeza del alcalde mayor electo, construya sobre lo construido y genere un esfuerzo para lograr que las entidades distritales, y sobre todo los recursos públicos, sean blindados adecuadamente”.