Procuraduría investiga a Claudia López por hacinamiento en centros de detención

La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y contra el secretario de Gobierno, Felipe Ángel, por presunta omisión en el manejo de hacinamiento de internos en los centros de detención transitoria. 

Según Lucía Bastidas, concejal de Bogotá, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario  (INPEC) ha dicho que de  los 126 establecimientos carcelarios que hay en el país, con capacidad para 81.381 PPL, tienen un hacinamiento del 21,67% con 17.601 personas adicionales. En Bogotá, hay 3 centros con 10.379 cupos y en estos momentos la sobreocupación general es del 18,6%. El que genera mayor preocupación es el “Buen Pastor” con un 46,1%.

En el caso de las Estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata que  hay en la capital el hacinamiento es del 304%. Por ejemplo, las 5 Estaciones con mayor sobreocupación son: Usaquén (1.010%), Bosa (557%), Usme (415%), San Cristóbal (431%), Kennedy (371%) y Teusaquillo (248%). Cifras que motivaron que el Magistrado Jorge Enrique Ibañez de la Corte Constitucional decidiera visitar estos equipamientos con el propósito de verificar de primera mano el estado en

La sentencia SU-122-22 sobre la extensión del estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario a las URI y estaciones hacinadas que tiene como hoja de ruta para combatir este problema debía pasar por dos fases: la transitoria y la definitiva.

En la primera, ordenó el traslado a sus casas o a centros carcelarios a: los condenados, a quienes un juez haya impuesto la medida de detención preventiva en el lugar de residencia y a quienes les haya sido concedida la prisión domiciliaria. También, ordenó a las entidades territoriales, que tienen Centros de Detención Transitoria, en máximo un año disponer de más lugares para quienes aún no han sido trasladados a una cárcel. La segunda, que tiene como fin cortar de raíz este tema ordenó que, en el plazo de 6 años, las entidades territoriales, deben construir cárceles y adecuar y mejorar la infraestructura para garantizar que la detención preventiva se cumpla en condiciones dignas.

Bastidas dijo que la capacidad y voluntad del distrito para cumplir con el segundo punto es cuestionable. Aunque se han hecho intentos como la construcción de la Nueva Cárcel Distrital, este proceso va demasiado lento y supliría el déficit solo en 2.200 cupos. Hay inconvenientes en la meta del proyecto “Mejoramiento y protección de derechos de la población privada de la libertad en Bogotá” relacionada con disminuir el hacinamiento, cerró el año pasado con una ejecución de apenas el 57%.

La cabildante explica que, uno de las agravantes, es que en 2023 los delitos de alto impacto siguen al alza, por ejemplo, el homicidio subió 20.1% y el hurto a automotores 4,6%. La alcaldesa reportó que en el marco de los siete comandos operativos se han capturado a más de 2.300 personas. En dónde se ubicará a los nuevos capturados o qué harán si cada vez hay más ladrones y asesinos en las calles. La seguridad no tiene un enfoque en la prevención del delito ni en la reacción efectiva, pareciera que ni siquiera se ha tenido un enfoque durante esta istración.

La propuesta del gobierno nacional para humanizar la política criminal y penitenciaria, dice la concejal, se ha centrado en la eliminación de delitos como la inasistencia alimentaria, el incesto, entre otros y en reducir las penas con el fin de evacuar los equipamientos se aleja de la realidad y desconoce que puede terminar en impunidad. Además, porque los principales delitos por los que hay personas privadas de la libertad son el hurto, el homicidio y el concierto para delinquir. "El hacinamiento se ha convertido en el escenario perfecto para que al interior de los equipamientos de justicia las dinámicas sean más violentas, por ejemplo, es común ver que hay conflictos, riñas, actuaciones de bandas de crimen organizado, linchamientos y hasta asesinatos". 

Concluyó Bastidas que para enfrentar el problema del hacinamiento carcelario en Colombia y Bogotá, es necesario tomar medidas integrales que incluyan la construcción de nuevas cárceles, la implementación de programas de prevención del delito y la reducción de la violencia, así como la reforma del sistema judicial para acelerar los procesos judiciales, reducir la cantidad de personas en prisión preventiva y evitar la impunidad.

En varias declaraciones, la alcaldesa de Bogotá ha dicho que ni Bogotá ni ninguna ciudad se pueden dar el lujo de que cuando se capture a los atracadores y ladrones en flagrancia, solo 2 de cada 10 sean judicializados. "Ahora el Gobierno Nacional nos viene a proponer con la excusa del hacinamiento hacer procesos que dan gabelas a los delincuentes. No es con impunidad como se va a mejorar el hacinamiento carcelario, es construyendo e invirtiendo en infraestructura de seguridad, convivencia y justicia”.

Según la alcaldesa, un proceso de resocialización de un capturado si es posible y el mejor ejemplo de ello es la Cárcel Distrital, la única de Colombia certificada nacional e internacionalmente. "Es una cárcel sin hacinamiento, con segundas oportunidades serias y donde el 95% de los reclusos que salen no reinciden, un resultado de invertir en justicia penal restaurativa y juvenil. Por lo que en vez de excarcelar presos, se debe estudiar cómo resolver el hacinamiento con un proceso que contenga centros de reclusión nuevos y mejores". 

Respecto al difícil panorama que se vive en Bogotá, la Personería se manifestó en enero del 2023 mediante un comunicado en el que aseguró ‘’el hacinamiento a inicios de año que se vive en las estaciones de Policía y URI de la ciudad es casi de 300% de su capacidad máxima’'. Adicional a esto, insistió en que es una preocupación reiterada desde esta entidad.

Por tal razón, el Personero de Bogotá, Julián Pinilla Malagón, ha hecho varios llamados  al Distrito para que “en articulación con las entidades del gobierno nacional se cumpla la Sentencia SU-122 de 2022 de la Corte Constitucional que ordena a las entidades territoriales garantizar las condiciones de vida digna de las personas privadas de la liberad en calidad de procesados”.

Preocupa, además, que en estos centros transitorios actualmente hay 332 personas condenadas que deberían estar recluidas en establecimientos penitenciarios y carcelarios.

De igual manera, el Jefe del Ministerio Público Distrital pide a las autoridades responsables que tomen las acciones necesarias para mitigar el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios y carcelarios, así como en las Unidades de Reacción Inmediata –URI– y estaciones de policía, situación que conlleva a que la seguridad de los detenidos y de los custodios se vea afectada y se generen posibles amotinamientos.

Asimismo, señaló que la Personería de Bogotá mantiene el seguimiento a la situación que se registra en las URI y estaciones de policía con el fin de que se garanticen los derechos de los privados de la libertad.

REDACCIÓN BOGOTÁ