La primera línea advierte que vendrían más protestas

Cinco meses habían pasado desde que no se tenía rastro del denominado grupo de manifestantes primera línea en Bogotá. Diligencias judiciales en contra de los capturados por los desmanes del 2020 y 2021 y duros golpes a algunos de esta organización que permanecen en la cárcel habrían menguado las protestas que se daban los días 28 de cada mes.

Sin embargo, la noche de independencia del 20 de julio fue el escenario para que este grupo reapareciera en medio de una protesta en el Portal Américas, o como se le conoce desde el paro de 2021, Portal Resistencia.

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Lo que inició sobre las 2 de la tarde, con un pequeño grupo de jóvenes que se estaban movilizando de manera pacífica en ese sector para pedir la liberación de los capturados en el paro del año pasado, terminó con una fuerte disputa entre casi 100 manifestantes y agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

En este hecho, cuatro policías resultaron heridos, tres menores fueron aprehendidos y trasladados a un centro de protección y tres buses de transporte público quedaron vandalizados. Sin embargo, lo que quedó claro en esa jornada es que la primera línea reapareció para presionar al nuevo Gobierno Nacional para que cumpla con sus pedidos. Así lo dejaron saber en una transmisión de video que realizaron por cerca de dos horas en medio de los desmanes.

Aunque en un primer momento la información recopilada por las autoridades apuntaba a que el grupo responsable de los desmanes habría sido uno llamado Cuerpos Presos, Mentes libres, esta organización emitió un comunicado en el que afirman que su colectivo no tuvo nada que ver con el evento ‘Libertad a los presos’ y que, por el contrario, su actividad está centrada “en la realización de eventos pedagógicos con arte y no en bloqueos ni violencia”.

Por otro lado, el grupo Comunidades Unidas Populares, que sí estuvo en la manifestación y que se atribuyó la organización de un evento conmemorativo pacifico en la plazoleta del Portal Américas, denunció que su acto habría sido infiltrado por “personas ajenas a la colectividad que habían ocasionado que la noche se convirtiera, una vez más, en un escenario de represión y uso excesivo de la fuerza”.

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Esta incógnita sobre los verdaderos responsables de tomarse de nuevo el Portal Américas se resolvió rápidamente cuando, por redes sociales, circuló un video desde la página oficial de la primera línea Bogotá en el que se hacían responsables de los disturbios y donde además sentenciaron que “si Petro la embarra nosotros vamos a criticar y a protestar porque necesitamos reformas”.

El coronel Herbert Benavídez, subcomandante de Policía Metropolitana de Bogotá, señaló que “la policía con su grupo de Esmad realizó presencia en los puntos de alteración pública donde se mantuvo en la mayor parte la calma y el orden público, hasta que fue necesario la utilización de la fuerza para controlar a los manifestantes”, estas declaraciones concuerdan con los videos publicados por un miembro de la primera línea en la que se evidencia cómo los manifestantes agreden con rocas y hasta machetes a la fuerza disponible.

Uno de los puntos más tensos para la seguridad de Bogotá durante los próximos meses es la expectativa que hay dentro de los grupos o colectivos de movilización estudiantil, que esperan respuestas favorables del nuevo Gobierno de izquierda a las peticiones que se vienen realizando desde los paros de 2020 y 2021.

No obstante, lejos de ser una situación tranquilizadora, podría ser un detonante de nuevas manifestaciones, como lo explicó Juan Sebastián Jiménez, experto en seguridad de la Universidad Nacional.

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Para Jiménez, la pregunta de fondo debería ser: ¿cómo va a funcionar la movilización social en la capital en un gobierno de izquierda? Según el experto, hay un antecedente muy claro y es la alcaldía de Petro en Bogotá, donde hubo varias manifestaciones por el mal servicio de TransMilenio y en las que el ahora presidente, siendo alcalde, también respondió con el Esmad.

“Lo que muestran eventos como los de ayer en el Portal Américas es que no todas las personas que se manifestaron durante el paro nacional estaban con Petro y que algunas de las que lo apoyan también tienen reticencias y esas diferencias son las que empezaremos a ver. Esto es un recordatorio de que con este nuevo gobierno los manifestantes van a empezar a pedir medidas que los satisfagan o si no se sentirán con libertad de salir a las calles”, aseguró.

Sin embargo, dentro de los movimientos estudiantiles de Bogotá las pretensiones son más fuertes y dejan claro que seguirán manifestando ante incumplimiento de sus demandas.

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“¿Qué va a hacer Petro cuando los estudiantes salgamos a movilizarnos por la crisis financiera o, cuando la minga cierre las carreteras denunciando la violencia o cuando las feministas revolucionemos las calles por los feminicidios y la violaciones?”, así se lo planteó una lideresa estudiantil de la Universidad Nacional a EL TIEMPO, quien además señaló que de este gobierno esperan respuestas para la gente.

Bajo este panorama, Rafael Báez, analista en seguridad de la Universidad Manuela Beltrán, señaló que lo que se verá en Bogotá no es diferente a lo que ya venía ocurriendo en materia de vandalismo, pues estas organizaciones son cada vez más estructuradas y sistematizadas.

“Este modus operandi ya está identificado por las autoridades, y es la fuerza pública –mediante la utilización de elementos de inteligencia, de infiltración y de un adecuado uso de la fuerza– la que puede desmantelar las estructuras que están llevando a la ciudad al caos”, advirtió.

Finalmente, las autoridades distritales han dicho que están preparadas para atender este tipo de situaciones y que aunque garantizarán la movilización social, no van a permitir que el vandalismo se tome la ciudad.

Desde noviembre de 2021 las autoridades adelantan una ofensiva en contra de los presuntos de la primera línea. En ese entonces se dio la captura de 11 jóvenes que habrían participado en los desmanes de abril, julio y agosto en el Portal Américas, Suba y la calle 80.

De ellos, seis fueron enviados a prisión y a cinco se les otorgó detención domiciliaria mientras esperan los juicios de acusación.

La Fiscalía deberá revelar todas las pruebas para que el al juez las estudie y dicte, si así lo considera, una condena por los delitos de terrorismo, concierto para delinquir, porte y fabricación de armas y agresión contra servidor público.

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Sin embargo, respecto a estos últimos cinco, el pasado 14 de junio un juez del Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento Transitorio de Bogotá les retiró la medida domiciliaria y los envió a prisión porque consideró que “el peligro para la sociedad lo justificó el ente acusador adecuadamente, en consideración a la gravedad y la cantidad de los delitos imputados, en donde no solo ejercieron (los capturados) el derecho a la protesta como manifestó la primera instancia, sino que afectaron los intereses colectivos de la sociedad con su actuar, en donde no solo les fue imputado un solo delito, fueron varios delitos y de extremada gravedad”.

De acuerdo con este juez, los procesados no solo incurrieron en los delitos ya mencionados, sino que, además, podrían ser acusados de secuestro, pues “afectaron uno de los derechos fundamentales de las personas como lo es la libertad al tener retenidas a las víctimas durante un término de 40 a 70 minutos; además, siendo agredidas estas personas física y psicológicamente”.