¿Por qué no se ha podido superar crisis de comunidades emberás en Bogotá? Distrito pide acción de la Nación: algunos líderes impedirían atención médica

El funcionario, además, tuvo que asistir al Concejo de Bogotá luego de la trágica muerte en el Parque Nacional. La situación es tan crítica que se vio obligado a pedir una reunión con la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres: “Solicitamos ser más estrictos con las denuncias que hemos puesto en defensa de los niños, y el impedimento por parte de los líderes para atender temas de salud y hacer seguimiento a los menores”.

En el llamado también lo defendió el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pues pidió acciones urgentes: “Lamento profundamente la muerte de una niña de tres meses en el Parque Nacional. Le hago un llamado urgente al Gobierno Nacional, quien debe liderar y responsabilizarse de los procesos de retorno de la comunidad emberá, a que brinde todas las garantías y resuelva de fondo la problemática de esta población en su territorio".

El mandatario agregó que esto incluye tomar las medidas necesarias para evitar que continúe el desplazamiento forzado hacia Bogotá y otras ciudades de acogida, y permitir que quienes quieran regresar a sus resguardos puedan hacerlo de manera segura y digna, puntualizó.

Galán propuso una acción conjunta entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá “Cito a una reunión del más alto nivel de todas las entidades del Distrito que acompañan a la Nación en ese proceso para revisar qué otras medidas se pueden tomar".

La urgencia, explicó Bermont, es que se necesita acompañamiento del ICBF para que los equipos de salud puedan ingresar a los asentamientos indígenas que habitan en Bogotá. La denuncia fue clara; muchas veces los líderes de la comunidad no permiten que los equipos de salud ingresen. Y eso ocurre en la UPI La Florida, La Rioja y en el Parque Nacional.

Este grave comportamiento impide que los profesionales de la salud puedan hacerle seguimiento estricto a la situación de los menores de edad y adultos hombres y mujeres que requieren atención: “Igual estamos comprometidos, pero necesitamos poder actuar sobre todo para ayudar a los niños y a las mujeres gestantes”.

Y es que la entidad, a pesar de las reiteradas quejas de los líderes emberás, ratifica que sí ha hecho presencia de forma permanente desde que las comunidades ingresaron a la ciudad y se asentaron en el Parque Nacional, en el mes de septiembre de 2021; así como desde su ubicación en las Unidades de Protección Integral (UPI) La Florida en el mes de enero, La Rioja en mayo de 2022 y en el Albergue transitorio desde septiembre de 2023.

De hecho, hay una Unidad de Atención Integral Comunitaria para la atención prioritaria de niños menores de 5 años y, de manera permanentemente, con un médico general y auxiliares de enfermería. Además, se cuentan con parteras, jaibanás y gestores de la misma comunidad.

Incluso el Cabildo Distrital está en alerta por la situación de esta comunidad indígena. De hecho, menores de edad en condición de calle, vulnerabilidad, exclusión y marginalidad, abandonados por sus padres y expuestos a riesgos como la delincuencia, abuso, enfermedades, trabajo infantil y mendicidad fue lo que motivó al concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Julián Uscátegui, a presentar una tutela que insta al Estado a actuar de manera inmediata. Esta fue fallada a su favor por un juez.

A través de un comunicado dijo que la situación de los menores emberá en el país, pero, sobre todo en la capital, es de tal gravedad que en el año 2023 varios fallecieron por desnutrición: “Estos niños, niñas y adolescentes no tienen cubiertas sus necesidades básicas como alimentación, higiene personal, suministros y atención médica”.

El cabildante denunció además que hay indicios de violencia, explotación comercial y sexual, así como de su instrumentalización para el expendio de estupefacientes: “Durante el 2024, se han registrado dos casos de mutilación genital femenina en dos niñas, una bebé de 23 días de nacida y una niña de 13 años”.

Agregó que las autoridades deben garantizar el retorno o reubicación de la comunidad Emberá que se encuentra en el Parque Nacional: “Los niños no pueden seguir padeciendo la inclemencia del abandono ni sufriendo todo ese tipo de vejámenes”.

EL TIEMPO habló con el ICBF y hasta el cierre de este artículo no se había pronunciado aún sobre la situación. La Unidad de Víctimas, por su parte, dijo que no se pronunciaría sobre la situación de los indígenas en Bogotá.

Según Douglas Eduardo Molina Orjuela, profesor de la Universidad Javeriana, en todos los asentamientos indígenas en Bogotá se requiere de una atención integral que aborde todas las necesidades de la comunidad de manera respetuosa y culturalmente sensible: “Eso implica que las respuestas de instituciones departamentales y nacionales y entidades del Distrito sea una. Lo que he observado es que hay una atomización de las respuestas”.

Agregó que debe existir una mesa de respuesta institucional real, una gobernanza multinivel, es decir, "que se involucren todos los actores responsables, que exista concertación y respuesta para solucionar este problema”.

Molina agregó que esa mesa tiene que tener como único fin dar respuestas a la comunidad que históricamente ha sido marginalizada y olvidada: “Hay que mantener diálogos con las comunidades. El retorno a sus territorios, las causas determinadoras del desplazamiento deben ser investigadas y solucionadas, así como la falta de oportunidades en las regiones. Los emberás también deben participar en la toma de decisiones que afecten su futuro”.

Gustavo Quintero, secretario de Gobierno en Bogotá, dijo que en efecto hay una situación crítica en La Rioja, en la Florida, en Funza y en el Parque Nacional: “Por ejemplo, el 17 por ciento de las personas que están en el Parque Nacional, hoy, se quieren quedar en Bogotá. El 83 por ciento quiere retornar a su territorio. Eso surge a partir de los datos que recoge la Secretaría de Salud casi todas las semanas en esos lugares”.

Por eso dijo que lo que habría que hacer es trabajar de la mano con La Nación: “Lo que esperamos es el cambio en la Unidad de Víctimas para poder recoger todo el trabajo que se había hecho durante el año para lograr retornos efectivos”.

Agregó que en Bogotá se han realizado varios retornos, unos 12. El problema, añadió, es que muchas de estas personas vuelven a la capital: “Por eso necesitamos que estos sean sostenibles y duraderos. En eso venimos trabajando y para eso el Distrito se ha comprometido”.

El líder Leonibal Campo Murillo, quien se presenta como autoridad mayor del pueblo emberá katío de la UPI La Rioja, dijo que está de acuerdo con que se inste al ICBF a intervenir y a garantizarles pronto la restitución de derechos a los niños de su comunidad: “Aquí en esta UPI no hay nada, no hay comida, no hay salud. Los niños están muriendo por desnutrición”.

También pidieron no ser discriminados y acceder a garantías como subsidios, seguridad y acompañamiento de toda las entidades nacionales y distritales: “Hay muchos de nuestra comunidad que están enfermos y hospitalizados, sobre todo, por desnutrición”.

En cuanto a la mutilación genital, dijo que esa es una práctica ancestral que viene de los abuelos de la comunidad y que están en su derecho cultural de practicarla.

Gerson Bermont fue claro en detallar qué tipo de seguimiento médico hizo el personal de salud desde la etapa de gestación a la madre de la bebé que falleció: “Esta familia fue identificada con su núcleo familiar el día 11 de septiembre de 2023 en la UPI La Florida, en la base se identifica tipo de familia nuclear con la ubicación actual en el Parque Nacional”.

Este hogar está conformado por un padre de 31 años, una madre gestante de 24 años y tres menores de 9 años, 7 años y de 1 año y 10 meses, procedentes del departamento de Chocó. “Evidenciamos que ella no tenía controles prenatales”.

Diez días después, se le realizó una valoración a la gestante en la UPI La Florida y fue llevada a una jornada de salud en el Centro de Salud de Suba, donde recibió atención.

Para el 10 de octubre de 2023 se le dio cita de psicología bajo un programa en el Centro de Atención en Salud Emaus, pero se negó asistir.

Todo ese mes se realizaron dos abordajes a la gestante en la UPI La Florida el 23 de octubre de 2023, pero no la encontraron y por eso fueron a buscarla en el Parque Nacional: “Se realizó valoración con edad gestacional, aproximadamente, de 32 semanas”.

El paso siguiente fue una valoración antropométrica: “Ella dijo que tenía náuseas y vómito, pero no se identifican signos de alarma. Entonces se le pide que asista a los controles prenatales y a las citas a las que se remitiera”.

Para el 27 de octubre de 2023, se realizó seguimiento y se gestionó por parte del equipo de salud la autorización generada por la EAPB Nueva EPS para continuar con los controles prenatales, esta cita se programó para el 8 de noviembre de ese año.

La mujer emberá recibió información sobre los signos de alarma como sangrado o manchado vaginal, dolor pélvico intenso, dolor o ardor al orinar, aumento en la frecuencia o cantidad de vómito, depresión o excesiva tristeza o llanto fácil.

Para ese momento la mujer fue informada de acudir a una ambulancia ubicada en el Parque Nacional si sentía alguna incomodidad: “La gestante manifestó no querer asistir a la cita programada para el 8 de noviembre y la familia tampoco viajó en retorno programado”.

Fueron muchos los abordajes que tuvo esta indígena, pero solo hasta marzo de este año se le identificaron signos de alarma. Ahí se trasladó al Hospital Materno Infantil en ambulancia: “Desde el 1 hasta el 19 de marzo se le hicieron 7 seguimientos hospitalarios”.

La bebé finalmente nació con 38 semanas de gestación, pero quedó hospitalizada por bajo peso en la unidad neonatal y su mamá salió el día 7 de marzo.

Cuando se le dio salida a la recién nacida se autorizó su atención en la clínica San Ignacio, pero la madre no quiso asistir a una cita que se le programó para el 20 de marzo y a posteriores controles postpartos. Se le insistió el traslado al Hospital San Ignacio para continuar el programa.

Para el 3 de mayo la niña ya tenía signos de alarma por infección respiratoria aguda, por lo que se trasladó en la ambulancia al Servicio de Urgencias del Hospital Santa Clara y duró hasta el 23 del mismo mes hospitalizada. Los días siguientes había días en los que los líderes no permitían los abordajes en territorio.

Más de un mes después, el equipo de la ambulancia del Parque Nacional fue abordado por los padres de la menor, quienes la llevaron en brazos porque no respondía: “Ahí se le identificó ausencia de signos vitales y rigidez, por lo que se declaró el fallecimiento de la bebé y se informó a la Policía y a la Fiscalía para realizar el levantamiento del cuerpo”.

Según el Distrito, los cuidadores de la menor se encontraban presuntamente en estado de alicoramiento, dado el aliento alcohólico y la incoherencia en el diálogo: “La progenitora no permitió valoración, ya que se encontraba bajo estado de embriaguez”.

La causa de la muerte de bebé es materia de análisis por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal, esta entidad será quien indique las causas de acuerdo con los hallazgos encontrados.

CAROL MALAVER
REDACCIÓN BOGOTÁ
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