Desde el sábado 18 de julio, unos 200 indígenas de la comunidad embera katío se volvieron a ubicar en el parque Tercer Milenio de Bogotá. Además de la preocupación porque niños, ancianos y madres en gestación estén a la intemperie, preocupa la aglomeración, porque propicia el contagio de covid-19. Hay siete positivos.
Antes de la pandemia se sabía que el Distrito había censado a 738 indígenas, que se conforman en 169 familias, pero se estima que el número ya sobrepasa los 1.000. Esta comunidad residía sobre todo en las localidades de Los Mártires, Santa Fe y La Candelaria en los conocidos como ‘pagadiarios’, pero con la crisis muchos fueron expulsados ante su imposibilidad de poder pagar un arriendo.
Desde hace años, esta comunidad despierta diversas percepciones en la ciudadanía. Hay quienes los comprenden porque la mayoría fueron desplazados del conflicto armado, y otros que los critican porque ven a los niños y mujeres de la comunidad dedicados a la mendicidad, tirados en el piso y en pésimas condiciones de salud e insalubridad. Incluso hay ciudadanos que señalan a algunos hombres de esa comunidad como personas que explotan a los de la misma.
Así que la solución para muchos es contar con el apoyo del Gobierno Nacional para que sean llevados de vuelta a sus regiones, en donde podrían retomar su vida y no ver degradadas sus costumbres, como sucede en Bogotá.
Según Camilo Acero, subsecretario de Gobierno, desde el inicio de la emergencia sanitaria en la capital y las primeras movilizaciones de los integrantes del pueblo indígena embera, el Distrito ha brindado todo el apoyo para el restablecimiento de sus derechos y a través del diálogo se han llegado a acuerdos y se ha cumplido con la entrega de ayudas concertadas con sus líderes.
De hecho, estas familias están incluidas en la atención del programa Bogotá Solidaria en Casa. En la última semana, las 24 que hacían falta ya son beneficiarias del programa. Como resultado de las concertaciones, a la fecha, en el marco del programa Bogotá Solidaria en Casa, se han girado más de 700 millones de pesos.
También se les ha realizado transferencias monetarias por 39’500.000 del programa Arriendo Solidario, para 158 familias, y para arriendo por 7’456.000 para 160 familias, bonos canjeables por alimentos de 31’222.000 para 134 familias, pago de albergues por 260 millones para 90 familias, pago de alojamiento y alimentación por 60 millones para 100 familias, ayudas alimentarias por 198 millones para 220 familias y más ayudas alimentarias por 44 millones para 200 familias.
Así mismo, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas les entregó a 165 familias un giro adicional de 69 millones de pesos, y luego, un segundo giro extraordinario por valor de $ 49’980.000 a 119 familias. El ICBF también ha atendido de manera integral a los niños y las niñas que allí se encuentran.
El Distrito ha venido dialogando desde el pasado 18 de julio en el parque Tercer Milenio con esta población y atendiéndola de manera integral. Y lo que más preocupa a las autoridades es que se identificó que siete personas que participan en la protesta han dado positivo a la prueba de covid-19, de acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de Salud.
Pero la respuesta de la comunidad embera, dice el Distrito, ha sido la de rechazar la oferta de este. Le dicen no a los albergues y a otros lugares para el aislamiento de las personas que han contraído el virus. No han querido autorizar su traslado.
Lo que más preocupa a las autoridades es que se identificó que siete personas que participan en la protesta han dado positivo a la prueba de covid-19
¿Qué dice la comunidad?
EL TIEMPO habló con Leonival Campo, autoridad mayor de los embera katío asentados en el parque Tercer Milenio, quien dice que las familias asentadas en el parque están tranquilas y niegan estar afectados por la pandemia, así como la existencia de personas contagiadas.
“Nosotros como indígenas no creemos en eso. Para eso tenemos nuestra medicina tradicional”. Dicen que se han suspendido entregas de ayudas alimentarias por las noticias de contagios dentro de la comunidad.
También aseguran que hay muchas familias que no han ingresado a los programas de ayudas y que lo que están pidiendo es un techo seguro porque, explican que, los auxilios distritales son temporales y no responden a sus exigencias. “En los albergues temporales nos tienen por 14 días y luego nos botan hacia la calle”, dijo Campo.
Ellos afirman que no han tenido ningún tipo de garantías, es decir, una solución definitiva. Pero Camilo Acero es enfático en señalar que se han dado todas las ayudas posibles por parte del Distrito.
Agregó que se presume que puedan haber intereses detrás de las peticiones por parte de algunos supuestos líderes de esta comunidad. “Ellos quieren unos edificios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), creen que nosotros les podemos dar esas propiedades, lo que no es posible. Por eso creemos que alguien les metió esa idea en la cabeza”.
Explicó también que el Distrito no está en la capacidad de darles una vivienda permanente y que algunos por voluntad propia han decidido quedarse en Bogotá teniendo la posibilidad de retornar a sus tierras.
El funcionario ya ha recibido peticiones incluso por parte del personal de Medicina Legal, ya que la situación de salud de estos indígenas representa un foco de contagios para el personal del lugar.
Finalmente, residentes de la zona han informado que en las noches, mientras las mujeres y los niños son dejados en los cambuches, varios hombres de esta comunidad ingieren licor en locales aledaños a el parque Tercer Milenio.
Por ahora, las conversaciones siguen, las mismas que se han llevado a cabo en varias istraciones sin soluciones aún de raíz.
Siga informándose:
CAROL MALAVER
Subeditora de Bogotá