La Secretaría Distrital de Hábitat dio uno de los primeros pasos para destrabar el plan parcial Bavaria, que, aunque se había aprobado por decreto en 2017, no ha podido arrancar por cuenta de múltiples factores, entre los que están cuestionamientos de vecinos, ambientalistas y concejales y, además, una medida cautelar que, desde 2019, frenó cualquier tipo de tala de árboles.
A finales de julio, se dio a conocer que, después de un proceso de diálogo que involucró al Instituto de Participación, a la alcaldía local y a la Secretaría de Ambiente, se llegó a una serie de acuerdos estratégicos que deberán traducirse en la reformulación del plan parcial. La noticia, que pasó desapercibida, fue retomada por EL TIEMPO, que dialogó con Nadya Rangel, secretaria de Hábitat, para entender con quién se conversó, qué se acordó y qué viene ahora para el terreno que alberga a la antigua fábrica Bavaria.
El proceso
Según le explicó Rangel a este diario, cuando se inició la istración de Claudia López, Masterplan, el desarrollador del proyecto, buscó al Distrito para que mediara en un proceso de diálogo con la comunidad y poder solicitar al juez que se levante la medida cautelar.
La Alcaldía, a su vez, les trazó ocho premisas para iniciar el diálogo: redistribuir las zonas verdes, ajustar el plan parcial (revisando el tema de tala), contemplar el derecho al paisaje, desarrollar vivienda VIS y VIP en las primeras etapas del proyecto (y no al final), generar espacios comunitarios para dar información sobre el proyecto, lograr cesiones públicas de parques con diseños participativos, solicitar que el desarrollador aporte equipamientos y que en el primer año de obras se entregue el parque principal.
Con eso sobre la mesa, Distrito y comunidad comenzaron la discusión el 10 de noviembre.
Al proceso, dice Rangel, se invitó a organizaciones civiles ambientales, líderes de veedurías ambientales y de los barrios Castilla y Tintal, el Colectivo Alsacia, entes de control, las JAL y al desarrollador. Sin embargo, EL TIEMPO, en abril, había puesto la lupa sobre las obras de la avenida Guayacanes, vecina a Bavaria, y había conocido ya de un rechazo rotundo a la mesa de diálogo por parte de algunos colectivos.
Frente a esto, Rangel hoy asegura que todos los actores invitados “llegaron hasta el final del proceso de diálogo, pero con cada uno se lograron distintos grados de acuerdo. Hay unos que dicen que definitivamente no se debe tocar el bosque, y no hacer el proyecto”.
Los acuerdos ambientales
Uno de los principales acuerdos tiene que ver con los árboles del predio. Por un lado, se actualizó el inventario forestal, proceso que llevó a que se pasara de 9.737 árboles registrados en 2018 a 21.574 en 2021. EL TIEMPO consultó a la Secretaría de Ambiente para entender cómo, en menos de tres años, se había duplicado el registro de árboles.
La entidad respondió que había dos motivos: por solicitud del juez se inventariaron también especies con diámetro del altura de pecho (DAP) de menos de 10 centímetros, pero con altura igual o superior a 1,5 metros (latizales); porque el abandono de la fábrica permitía dinámicas de regeneración natural.
En todo caso, con los 21.574 árboles como base, se acordó que “nunca habrá déficit de árboles” y que, en resumidas cuentas, no se podrán talar miles de árboles a la vez, sino que habrá un tratamiento de silvicultura mucho menos agresivo para garantizar el derecho al paisaje y que se siembre un árbol antes de talar.
“Al final del proceso, el compromiso es tener 110 % más de árboles”, anotó Rangel, y confirmó que esa área forestal, por medio del proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT), adquiriría la categoría de ‘bosque urbano’. Si todo se da, sería un bosque urbano de 23,5 hectáreas.
“Está también el compromiso de no fragmentar el bosque. No solo no talándolo, sino no haciendo las vías que se proponían inicialmente en el Plan Parcial”, añadió Rangel y mostró los nuevos planos (ver gráfico). Allí, en efecto, se ve que las vías que salían a la transversal 71 B ya no están en estos.
“Está también el compromiso de no fragmentar el bosque. No solo no talándolo, sino no haciendo las vías que se proponían inicialmente en el Plan Parcial”, añadió Rangel y mostró los nuevos planos (ver gráfico). Allí, en efecto, se ve que las vías que salían a la transversal 71 B ya no están en estos.
“La comunidad pedía quitar esa red vial para no fragmentar el bosque y para no permitir que aumentara el flujo vehicular frente a sus viviendas”, precisó Rangel. Así las cosas, el proyecto solo tendría como vías de y salida la avenida Boyacá (que sería ampliada, pero con un impacto mitigado por un corredor biodiverso) y la avenida Guayacanes (hoy en construcción).
Por lo demás, en materia ambiental, se acordó la siembra de 20.000 árboles en la cuenca del Fucha y en los humedales que hay del lado occidente, en los barrios Castilla y Tintal. También se incluirán sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS) para que el agua se infiltre y que, además, alimente un espejo de agua solicitado por la comunidad.
Ahora, todos estos ajustes ambientales se harán sin que se reduzca la oferta de vivienda planteada en el plan parcial original (que superaba las 12.000 viviendas). Para eso, la propuesta es “densificar algunas áreas para permitir el bosque”.
Mantener el número de viviendas habría sido uno de los motivos que llevó a ciertas organizaciones a rechazar la mesa de diálogo, pues sostenían que el proyecto urbanístico, a esas dimensiones, “implicaría unas afectaciones ecológicas, sociales, urbanísticas, de movilidad y esencialmente de injusticia ambiental”.
En otros puntos de interés, se logró que el desarrollador se comprometiera a entregar el parque principal en la primera etapa y que hiciera un aporte económico para construir un equipamiento público (que podría definirse en un proceso participativo). También se fijó un compromiso para que, a la hora de vender viviendas y asignar subsidios, se dé prioridad a los habitantes de la localidad de Kennedy.
Lo que viene
Con estos y otros acuerdos, ahora le corresponde al promotor reformular el plan parcial y radicarlo ante la Secretaría Distrital de Planeación. Normalmente, como le explicaron de los promotores a este diario, ese proceso tardaría entre seis meses y un año (o más).
Luego, ese documento se colgará en la página web de Planeación, y la invitación, desde el Distrito, es que la comunidad verifique que, en efecto, los acuerdos se vean reflejados en la nueva propuesta. Entonces, vendría otro proceso participativo para, finalmente, escalar a la aprobación y abrir la puerta a los licenciamientos.
Y, en medio de ese proceso, se harían nuevos acercamientos al juez que les dictó medida cautelar. “La idea es que con la radicación de la reformulación del plan parcial podamos presentarle al juez los cambios sustanciales que tiene el proyecto y, por lo tanto, solicitar el levantamiento de la medida cautelar. Eso ocurrirá una vez se dé el proceso de reformulación y que se garanticen los acuerdos”, aclaró Rangel.
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