'Lo que hace el Presidente es inmiscuirse en temas que le corresponden a Bogotá': Carlos Fernando Galán

Tras rechazar la más reciente decisión del Gobierno Nacional sobre la terminación del contrato del Hospital San Juan de Dios, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, habló con EL TIEMPO y dijo que no ha subido el tono frente al jefe de Estado, sino que está defendiendo a la ciudad. Habló también de los desafíos en seguridad, de las obras, de la comunidad Emberá, entre otros temas.

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Más que subiéndole el tono, es defendiendo a Bogotá. He percibido en varios temas y en varios momentos una actitud del Gobierno Nacional de menoscabar la autonomía de la ciudad, en algunos casos tratando de imponer un proyecto, como ocurrió con el metro. La decisión de Bogotá era el metro como va. En otros momentos ha sido con la intervención de la Subred Centro Oriente en mayo; en decisiones en temas ambientales e inclusive discusiones sobre el ordenamiento territorial en Bogotá y la Sabana.

Mi responsabilidad también es defender los intereses de la ciudad, defender su autonomía y las decisiones que se toman. Me ha tocado cada vez más exigir respeto, porque veo que desde el Gobierno Nacional se tiene una actitud de no respetar.

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El Presidente fue alcalde de Bogotá y tiene una posición sobre muchos temas de la ciudad y eso es respetable. Pero tiene que respetar que hay un alcalde en Bogotá, que puede tener una visión distinta en muchos frentes. Así funciona la democracia. Lo que son decisiones locales de ordenamiento, de manejo, por ejemplo, de humedales, tiene que respetar las instancias locales que están en la Constitución.

Son difíciles porque percibimos una intromisión permanente en temas de la ciudad. Desde el primer día he tenido la disposición de trabajar con el Gobierno Nacional en varios frentes, entendiendo que hay diferencias, respetando esas diferencias, pero hay temas en los que vale la pena que trabajemos juntos y además es una responsabilidad mía y de la Nación. El hecho de que en Bogotá haya sido elegido alguien que no es cercano al Gobierno Nacional no puede implicar que Bogotá se vea afectada.

Un asunto clave es la discusión sobre el ordenamiento y el tema ambiental. Hay unas instancias nacionales que tienen responsabilidades, pero hay otras locales que también las tienen. Le preguntaría al Presidente ¿qué hubiera pensado si el Gobierno Nacional se hubiera metido en decisiones que le correspondían a él como alcalde?, ¿qué habría hecho? Lo que él está haciendo es inmiscuirse en asuntos que dependen y le corresponden a la ciudad.

Hasta ahora la Nación ha cumplido lo que está en los convenios acordados con el Distrito. Por ejemplo, el aporte de vigencias futuras de la Nación en julio para la línea 1 del metro se respetó. Sí vemos con preocupación que hay una especie de freno para tomar las decisiones que implican que Bogotá pueda avanzar con créditos para las siguientes fases del proyecto metro, etcétera. 

No es garantizar de cierta forma que la Nación dé las vigencias, sino es garantizar que podemos avanzar en temas de crédito. Eso tiene que darse pronto porque ya la ciudad va a empezar a necesitar esos créditos, seguramente el primer semestre del año entrante, inclusive este segundo semestre.

Espero que eso se destrabe y que se pueda avanzar. Eso depende del Ministerio de Hacienda, con el que tenemos un diálogo por proyectos como el Metrolínea uno, Metrolínea dos, lo que tiene que ver con la renovación de flota y la compra de flota para las nuevas troncales de TransMilenio. 

Una decisión que tomó Bogotá es que la flota de 260 buses del patio taller del Vínculo, que es en Soacha, será toda eléctrica. Estamos hablando de buses articulados y biarticulados. Eso cumple el objetivo de la Nación de migrar a un sistema de transporte no contaminante y esperamos que eso implique que la Nación nos apoya con recursos, como está planteado en su plan de Desarrollo.

Nos pusimos la tarea de buscar los recursos que nos faltaban para terminar las obras que están en curso. En el empalme la istración anterior nos habló de recursos adicionales que se requerían para terminar por cuenta de reprogramaciones, de prórrogas, de más tiempo en obra, que eran cercanos a los 600.000 millones de pesos. Encontramos que en realidad eran cerca de 2.000 millones y y en el plan de desarrollo nuestro dimos una primera discusión y estamos avanzando en poder conseguir esos recursos. La Nación tiene que cumplir el objetivo de pagar lo que le corresponde según el convenio inicial. No estamos pidiendo que vayan a pagar cosas que no les corresponde.

Desde que fui elegido había una intención de proponer un cambio y parar el proyecto como está contemplado. Yo tengo un mandato para defender ese proyecto como está contratado y terminarlo. Veo que migraron los críticos del proyecto y están de acuerdo con que avance, porque ahora la preocupación que tienen no es que el proyecto sea elevado, sino que el proyecto tenga algún tema que hay que resolver en la 72 o en el viaducto. 

A mí me parece una gran noticia, porque eso implica que ya el proyecto no tiene cuestionamientos, que debe avanzar como está y para mí es muy importante tener al Pacto Histórico apoyando para vigilar que logremos solucionar cualquier problema que surja.

El proyecto en su conjunto, con los tres elementos (contrato de concesión de obra, traslado anticipado de redes principales y gestión predial), debería ir entre 37 % y 42 %, y va en 36 %. Sí está levemente desviado de lo que debería tener en la programación, pero no es grave, es algo que se está resolviendo con la estrategia que anunciamos.

El contratista va a traer, ya no seis vigas lanzaderas, sino ocho, y eso va a permitir que, cuando estén todas instaladas a finales de año o principios del año entrante, vamos a tener construidos tramos de viaducto a un ritmo de ocho por semana. Eso va a permitir agilizar mucho la construcción. Lo mismo lo que tiene que ver con las piloteadoras, que eran cuatro originalmente y van a ser seis. Entonces, esa desviación que hay se va a corregir en el curso de este semestre que viene.

Ya mencioné el tema de recursos para las obras que no teníamos. Encontré las 76 obras del IDU, donde están las de las troncales Caracas, la Cali y la 68 y obras de valorización importantes, gravemente atrasadas. No había ninguna de las 76 a tiempo. Algunos de esos atrasos tienen que ver con la adquisición de predios. Por ejemplo, la 68, una obra contratada en el 2020, a primero de enero del 2024, todavía le faltaban 65 predios por adquirir. Eso no tiene sentido.

En la 13 la alcaldía anterior adjudicó dos tramos por un total de 3 kilómetros y quedaron faltando 7 kilómetros, porque fueron declarados desiertos en dos oportunidades. Un problema que tiene el resto de esa obra es que no se han adquirido más de 400 predios. Nos hemos puesto en cada uno de los casos a revisar qué pasó y a resolverlo.

Esta ciudad no puede seguir haciendo obras sin poner orden en cómo las contrata y cómo las ejecuta. Estamos haciendo eso, terminando todas. Le he dicho al IDU, a Orlando Molano, no contratemos una obra si sabemos que va a tener problemas de predios, resolvamos todo antes, para que cuando arranque la obra reduzcamos al máximo el riesgo adquiriendo por lo menos el 80 % de los predios y verificando que estén los estudios y diseños.

En el caso de los emberás, el censo que teníamos a finales de julio era de 2.183 indígenas en Bogotá que están distribuidos en el parque Nacional, la Florida y en La Rioja. Se hizo un esfuerzo con la Nación y había un compromiso para garantizar las condiciones de retorno, porque el 80 % quiere retornar a su lugar de origen. 

Eso depende de que la Nación actúe con Invías, con la Agencia de Desarrollo Rural, entre otros, con diferentes apoyos que ellos exigen en el territorio. Hemos hecho lo que nos corresponde y esperamos que se resuelva. Ya se reactivó el proceso del Gobierno Nacional y nosotros estamos listos para poner en práctica la estrategia de apoyo al retorno.

La Unidad para las Víctimas lo ha hecho. El ministro del Interior ha manifestado interés y ha estado pendiente de esto. Otras entidades no. Con la CRI tenemos un diálogo constructivo y trabajamos para que tuvieran un lugar donde llegar a Bogotá. Nos dijeron que se iban a quedar unos dar unos días y nosotros confiamos en eso.

Sabíamos que la seguridad era un reto grande que no se resuelve de la noche a la mañana, pero podíamos dar resultados. Si uno se rige por las cifras del Siedco, de la Policía, estamos hablando de que hay una reducción de cerca del 40 % en el hurto de celulares y en hurto a comercio es de 35 %. Tenemos un aumento en la extorsión y eso nos ha generado un impacto grande y pensamos que esa tendencia de crecimiento ya se empezó a frenar.

Esto porque se han desplegado esfuerzos adicionales con el Gaula, el Ejército, Policía y la Fiscalía. Hemos dado golpes muy grandes al ‘Tren de Aragua’ y a ‘Satanás’. Desmantelamos un call center de extorsión. Hemos capturado 19.400 personas, capturamos a los cuatro que cometieron el homicidio del señor del frigorífico en Kennedy, a los del asesinato del joven en la estación Molinos, los responsables de los hurtos a los comercios a principio de año y seguimos dando golpes contundentes.

Tengo que confesar que, en el primer semestre, tuvimos varias dificultades que ya hemos superado. Por ejemplo, con los equipos de la Policía porque no nos dejaron en el presupuesto recursos suficientes para poder mantener las motos y vehículos y cerca del 20 % de las cámaras no estaban sirviendo. Todo eso nos afectó.

Más que opiniones le voy a dar datos. El recaudo tributario que está proyectado a llegar a 15 billones va bien. A la fecha estamos por encima de 10,4 billones de pesos de recaudo y eso quiere decir que vamos en la tendencia para cumplir la meta. 

En términos de ejecución hemos sido juiciosos y esta es la istración, de las últimas cuatro, que más ha ejecutado presupuesto en sus primeros siete meses. Un sector clave es la obra civil y la hemos activado. Hemos pagado obras realizadas este año por cerca de 1,7 billones de pesos y eso es un avance importante. 

También hemos trabajado en el sector vivienda, que desde el año pasado se cayó por un tema de licencias y ahí tenemos un rezago pero estamos trabajando para activar 75.000 soluciones de vivienda: 60.000 nuevas viviendas de interés social y prioritario, 12.000 en mejoramiento y 3.000 de arrendamiento social. Ahí vamos a avanzar para que la primera tanda fuerte sea en este segundo semestre.

Estamos generando incentivos como el beneficio en el ICA durante el primer año a todos los emprendimientos y microempresas que se creen y que tengan ingresos menores a 1.500 millones. Estos no van a pagar ICA el primer año, el 20 % en el segundo año, el 40 el tercero y así hasta llegar al 100 %.

La tendencia del trimestre móvil de marzo, abril y mayo fue positivo, fue el más bajo en cerca de ocho años y estamos por debajo de la Nación en desempleo, pero tenemos que hacer un esfuerzo mayor.

Parte de esto ayuda la política de seguridad, también la atracción de inversión extranjera en la que tenemos un aumento del 16 % comparada con el mismo periodo del año pasado. Hay buenas tendencias, pero hasta ahora estamos empezando.

Lo que hemos venido trabajando con el Concejo es ver cómo logramos suplir un hueco que se nos generó porque en el presupuesto de 2024 la istración anterior nos dijo que la Nación nos iba a dar 825.000 millones de pesos y no nos los dio y no tienen posibilidades de darnos ese apoyo. 

Eso que era parte de los recursos para cubrir el hueco de los 3,7 billones del FET (Fondo de Estabilización Tarifaría) hemos tenido que buscarlos con recursos propios y estamos buscando con el Concejo cómo cubrir ese déficit y hemos hecho trabajos de eficiencia para que no sean 800.000 millones sino 700.000.

Con la Nación estamos trabajando en un tema más de largo plazo porque el FET se afectó por dos cosas: uno, TransMilenio no tenía un déficit cuando era solo troncal pero cuando se implementó el SITP se abrió el hueco entre lo que costaba la operación y lo que se recibía por tiquetes y eso se agravó en la pandemia. 

Lo que estamos haciendo con la Nación, que ha dicho en su Plan de Desarrollo que puede ayudar a financiar flota no contaminante ya adquirida y flota no contaminante a adquirir, y si eso ocurre nos va a ayudar a largo plazo a solucionar el problema con el FET.

Hay una discusión con la Nación porque luego de dos años lanzó el proyecto PAS, que consiste en que las alcaldías consigan predios con ciertas características en los que ellos apoyarán con la financiación de una construcción prefabricada temporal y con un punto de diferentes elementos de la cadena de alimentación.

 Bogotá tiene historia de haber trabajado de manera efectiva la lucha contra el hambre con ‘Bogotá Sin Hambre’ que lanzó Lucho Garzón y que fue efectivo, aunque seguramente tuvo problemas, hay que aprender de esa institucionalidad que se ha ido construyendo y no llegar a inventarse otra cosa improvisada.

Donde hay que tener comedores comunitarios no es donde consigamos un predio de ciertas características sino donde se necesite de verdad y donde esté la población que requiere de eso. Por eso en Bogotá hemos apostado con estructuras robustas y la meta es pasar de 115 comedores a 165. Lo que hemos hecho es invitar a la Nación a que nos apoye la estrategia, que se adecúa más a las necesidades de la ciudad y a la que le vamos a meter 4,6 billones de pesos.

Esa es la apuesta más efectiva porque Bogotá es una ciudad que tiene una población con inseguridad alimentaria grave, más de 340.000 personas están caracterizadas.

ERNESTO CORTÉS - Editor General de EL TIEMPO

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