Las 5 cartas de alerta de la Contraloría por riesgo estructural en sede de la alcaldía de Teusaquillo

Son varios los problemas que acumula la nueva sede de la Alcaldía de Teusaquillo que, desde hace varios años ha estado en la lupa de los entes de control distritales por cuenta de los riesgos estructurales que representa la construcción y por un cúmulo de polémicas que involucran presuntos casos de corrupción en la adjudicación del contrato para su edificación.

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A finales de 2016 la alcaldía de Teusaquillo contrató la construcción de un moderno edificio de 12 pisos y tres sótanos en la avenida 30 con calle 40ª, donde debía funcionar la istración de la localidad. La obra inició el 12 de enero de 2017 y debía estar terminada 26 meses después, a principios de 2019.

Sin embargo, el contrato ha tenido cuatro prórrogas que ampliaron el plazo en 23 meses y 18 días, tres suspensiones, que suman 143 días, y una adición por 7.600 millones, con lo que el valor pasó de 22.298,4 millones de pesos a 29.890,8 millones.

Desde 2021, el Concejo de Bogotá le ha estado haciendo seguimiento a lo que hoy por hoy está catalogado como uno de los grandes elefantes blancos de la ciudad. La construcción, que tuvo un costo de 22.290 millones de pesos, lleva 7 años sin poderse finalizar y tiene abierto un proceso de responsabilidad fiscal por 26.000 millones de pesos por irregularidades en la ejecución de los contratos de obra e interventoría para su construcción.

Pero más allá de los procesos fiscales y istrativos que cursan en contra de esta polémica construcción, lo que ha preocupado a los entes de control son las fallas estructurales que tiene el edificio y que podrían poner en riesgo estructuras aledañas.

En esa vía, la Contraloría de Bogotá envió cinco cartas a altos funcionarios y entidades del distrito alertando sobre la grave situación de la nueva sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo.

Las misivas, que fueron dirigidas al alcalde Carlos Fernando Galán; a la alcaldesa de Teusaquillo, María Angélica Gonzáles Russi; al secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, y al personero distrital, Andrés Castro Franco, alertan no solo del inexistente avance de la obra desde 2021, sino que ponen en evidencia una serie de riesgos estructurales que han sido desatendidos desde hace años.

“La obra no cuenta con avances en la ejecución desde el 19 de julio 2021, fecha en la que se suscribió el acta de terminación por vencimiento del plazo contractual, ni desde la celebración de la conciliación extrajudicial del 13 de diciembre de 2022 ante la Procuraduría 50 judicial II para asuntos istrativos (...) acuerdo que fue avalado mediante el Auto del 29 de septiembre de 2023 por el Tribunal istrativo de Cundinamarca”, señala la carta enviada por el ente de control al IDIGER.

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No obstante, este medio conoció un documento de la Contraloría de Bogotá, suscrito en septiembre de 2024, en el que señala que para ese entonces la obra no contaba con una licencia de construcción que estaba en trámite y que se tenían “desacuerdos económicos con el contratista encargado de realizar la interventoría del proyecto”, por lo que el Fondo de Desarrollo Local había decidido contratar una nueva interventoría.

“En medio del programa Vamos a la Obra, el 13 de noviembre, la Contraloría de Bogotá llevó a cabo la visita istrativa para verificar el estado del proyecto, diligencia en la que se avizoró que: 1. Los sótanos de la construcción se encuentran inundados 2. Se evidencia que la obra se está deteriorando, 3. Las edificaciones colindantes presentan averías en progreso (...) así las cosas, ante las situaciones enunciadas, considera este ente de control que es necesario tomar medidas tendientes a mitigar el riesgo en el que se encuentra la estructura”, quedó registrado en todas las cartas que fueron enviadas a los altos funcionarios.

Dichos problemas no solo retrasaron la reanudación de la construcción, sino que impidieron que se diera cumplimiento del acuerdo conciliatorio entre el Consorcio JR, responsable de la obra, y el Fondo Local de Desarrollo de Teusaquillo (FDLT).

El acuerdo suscrito entre las partes y aprobado por el Tribunal istrativo de Cundinamarca, tenía 11 puntos que requerían de especial cumplimiento para poder levantar la medida sancionatoria contra el consorcio y poder finalizar la construcción.

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Entre esos puntos había quedado estipulado que el FDLT conferiría el poder al contratista de obra para que, en su rol de constructor responsable, procediera con los trámites correspondientes a la modificación de la licencia de construcción. Ese trámite se efectuó el 29 de abril de 2024 ante la Curaduría Urbana No. 2 de Bogotá, y la entidad emitió un acta de observaciones el 3 de julio de ese mismo año.

Sin embargo, la Curaduría, el 11 de septiembre de 2024, dio por desistido el trámite de licenciamiento ante la no subsanación de las observaciones por parte del contratista.Por su lado, la Alcaldía de Teusaquillo señaló que en 2025 se retomarán las obras y que hay cerca de 7.000 millones de pesos destinados para finalizar el proceso de construcción y las adecuaciones faltantes.

Por su lado, la Alcaldía de Teusaquillo señaló que en 2025 se retomarán las obras y que hay cerca de 7.000 millones de pesos destinados para finalizar el proceso de construcción y las adecuaciones faltantes. 

Finalmente, la Contraloría le informó a este diario que, en aras de llevar el proyecto a buen puerto, la semana pasada se realizó una reunión con todas las entidades a las que se les envío comunicación y se estableció una mesa de trabajo interinstitucional para buscar salidas factibles para terminar el proyecto.

JONATHAN TORO ROMERO

Redacción Bogotá

EL TIEMPO

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