La lucha del Acueducto por frenar robo de agua durante temporada de racionamiento

¿No es injusto que, mientras la mayoría de los ciudadanos se apegan a la restricción de suministro de agua, haya otros tantos que se roban el líquido para evadir la medida y de paso robarle el dinero a la ciudad? Pues esa fue la realidad con la que se encontró la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) en medio del estricto racionamiento que, dentro de poco, cumplirá un año desde que se decretó. 

De acuerdo con los datos suministrados por la EAAB, en 2024 se realizaron 2.357 inspecciones y operativos que permitieron recuperar cerca de tres millones de metros cúbicos de agua que habían sido hurtados y que le podrían costar a la ciudad más de 19.000 millones de pesos.

Lo grave de esto es que no se trata de ninguna red criminal de tráfico de recursos naturales, sino que, por el contrario, entre todos los operativos realizados se logró detectar 15 casos, los de mayor gravedad, en los que eran los mismos ciudadanos dueños de hoteles, lavaderos de autos, lavaderos de papa, una institución educativa privada y dueños de carrotanques los que se estaban robando litros y litros de agua. 

En uno de los casos más graves, la entidad logró identificar un predio, ubicado en la localidad de Fontibón, en el que funcionaba una captadora de agua clandestina dentro de un parqueadero fachada. En ese lugar se llenaban carrotanques para la distribución y venta ilegal de agua desde hace varios años. 

Desde la Gerencia de Analítica y Pérdidas de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá señalaron en su momento que las falencias en el modus operandi de esta red delictiva fue lo que los dejó en evidencia. Para extraer el agua usaron una motobomba que arrastraba la presión del suministro y generaba problemas en las viviendas aledañas; sin embargo, esto pasó desapercibido mucho tiempo gracias a un mecanismo de insonorización que silenciaba toda la operación. 

En medio del racionamiento, la baja en la presión del sector fue tanta que incluso disparó las quejas de los ciudadanos, llevando a la EAAB a hacer revisiones más detalladas hasta dar con el entramado criminal de robo de agua en la zona.

El gerente de Analítica de Pérdidas de la EAAB, Álvaro Rojas, explicó: “Encontramos una conexión clandestina de una tubería de 2 pulgadas con una bomba que permitía succionar una mayor cantidad de agua. Esa conexión irregular estaba pegada a la red principal del Acueducto desde hace unos 10 años, había sustraído unos 240.000 metros cúbicos de agua equivalentes a 2.000 millones de pesos”.

Como este caso, también se registró el de un hotel en Quinta Paredes que robaba el agua suficiente para abastecer a más de 1.100 familias por un mes o el de otro establecimiento de comercio que creó una red de tuberías ilegales, usando un dispositivo by para conectarse a las redes del acueducto y robarse el agua.

No obstante los buenos resultados del Acueducto en esta materia, gracias a todos los operativos y detenciones se pudo evidenciar que existen falencias en la seguridad de las redes de suministro de agua y también en la ley, que resulta ser ambigua para este tipo de delitos y que, en momentos críticos como este del agua en Bogotá, parece no ser lo suficientemente estricta para proteger los recursos de la ciudad.

“Este tipo de actividades son consideradas como delito de recaudación de fluidos que pueden dar al infractor penas privativas de la libertad de 16 a 72 meses y multas de hasta 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes (s. m. m. l. v.)”, dijo la gerente del Acueducto, Natasha Avendaño.

La ley colombiana dice lo siguiente para este tipo de casos de defraudación de fluidos: “El que mediante cualquier mecanismo clandestino o alterando los sistemas de control o aparatos contadores, se apropie de energía eléctrica, agua, gas natural, o señal de telecomunicaciones, en perjuicio ajeno, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a setenta y dos (72) meses y en multa de uno punto treinta y tres (1.33) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Pero más allá de lo que está consagrado en la ley colombiana, EL TIEMPO consultó con expertos penalistas que aseguraron que la conducta punible es ‘débil’ y que, según lo estipulado en el mismo Código Penal, este delito no solo es querellable, es decir que necesita de una denuncia explícita, sino que puede ser excarcelable porque no es considerado como una conducta de mayor gravedad o que represente un peligro para la sociedad. 

Esta situación es muy similar a la que ocurre con quienes se roban los cables de cobre y dejan a los barrios de la ciudad sin el servicio de internet. Aunque la consecuencia del delito es muy grave para la ciudadanía, lo cierto es que la justicia lo analiza desde la óptica de un robo simple, por lo cual deja desprovista de herramientas a las entidades denunciantes para poder impulsar un castigo severo que dé cuenta de la gravedad que, por ejemplo, tiene robar agua en Bogotá justo en este momento.

El penalista Fabio Hummar asegura que la dificultad en la judicialización de este tipo de delitos radica en la incapacidad del Estado para perseguir e investigar este tipo de conductas. “Es muy poco probable que pase algo con las personas denunciadas por robar agua. Frente al delito de usurpación de fluidos, es muy escasa la capacidad del Estado y es muy débil para investigar esos hechos porque es muy difícil y toma mucho tiempo”.

En esa misma vía, aseguran los expertos, la única forma para que esta conducta delictiva alcance el nivel de incidencia necesario en el sistema y pueda decantar en resultados positivos por parte de la ley es que se compruebe desde la denuncia que los criminales incurrieron en alguno de los elementos agravantes del delito y, así mismo, que la ley pueda imputar conductas anexas que amplíen la gravedad de la situación.

Por lo demás, coinciden los analistas, será muy difícil que se pueda hacer un control efectivo sobre este tipo de “criminales” que se roban uno de los recursos más importantes en este momento para Bogotá.

No obstante, también son claros cuando aseguran que la denuncia ciudadana constante puede presionar al sistema para que se den reformas en pro de la protección de los recursos naturales de la ciudad.

Finalmente, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá hace un llamado a la ciudadanía para que denuncie en la Acualínea 116 o al correo electrónico [email protected] los posibles casos de robo de agua.

Asimismo, la EAAB informó que para reforzar su estrategia de control al fraude, la EAAB renovó con Vanti y Enel la alianza ‘Unidos por la legalidad’ con el propósito de adelantar acciones conjuntas y compartir buenas prácticas que permitan mejorar la efectividad en la identificación y control de la defraudación de fluidos.