Por qué sigue inconformismo de damnificados de La Calera

Siguen las quejas de la comunidad de las veredas y los asentamientos aledaños a la vía a La Calera por la atención tardía prestada durante la emergencia invernal que provocó la muerte de dos personas y un desaparecido el pasado 12 de noviembre.

De acuerdo con algunos vecinos de la zona, esta tragedia se habría podido evitar si se hubiera atendido de manera oportuna el llamado que la comunidad le venía realizando a la Alcaldía Mayor desde la temporada invernal de 2020; como lo señala una comunicación emitida por María Elena Bonilla, residente de la zona, a este medio.

“Desde el 28 de octubre de 2020, con la temporada de lluvias de dicha fecha, ya se habían presentado represamientos y deslizamientos. En dicha oportunidad la magnitud de los hechos no cobró vidas. Sin embargo, la Alcaldía de Bogotá hizo caso omiso de los llamados de toda una comunidad”, señaló Bonilla.

No obstante, agrega en su denuncia que durante este año, en las mesas de trabajo realizadas entre el Idiger, la Alcaldía Local de Chapinero y los residentes del barrio San Luis y el municipio de La Calera “no solo se alertó del mal estado de la vía, sino que le entregaron (a la Alcaldía de Bogotá) un detallado informe, preparado por el colegio Los Alcaparros, en el que con registros fotográficos y con indicación de la localización precisa se notificaba del estado de los árboles y postes de energía”.

Sin embargo, EL TIEMPO se comunicó con la institución educativa, que afirmó no tener conocimiento de dicho documento y señaló que no había realizado tal estudio. Por su lado, el alcalde local de Chapinero, Ómar Ramos Calderón, dijo que aunque sí ha estado en mesas de trabajo con la comunidad en varias oportunidades, nunca se abordan temas de riesgo porque son convocadas para revisar los temas sobre asentamientos ilegales en la zona.

Según la alcaldía local, el alcalde Ramos dijo que no tenía conocimiento de esta denuncia ni del informe que supuestamente se presentó. “Puede que haya pasado en alguna de las reuniones en las que no estuve presente. Tengo que reunirme con todo el equipo para analizar la situación y revisar minuciosamente los documentos de cada reunión para poder verificar si efectivamente pasó”, le contestó Ramos Calderón a este medio.

Aunque las versiones oficiales dicen que nunca se estableció por parte de la comunidad ningún informe sobre los riesgos que había en la zona, lo cierto es que Yolanda Vargas, expresidenta de la junta de acción comunal del barrio San Fernando, confirmó que las reuniones entre las diferentes entidades y la comunidad sí se dieron y que en esas mesas de trabajo se presentó un pliego de peticiones al Distrito.

No obstante, EL TIEMPO accedió a dicho documento (entregado por la comunidad), en el que se pudo constatar que se formaron ocho mesas de trabajo entre la comunidad y las diferentes entidades del Distrito, en las que se trabajaron temas de educación, derechos humanos, legalización, servicios públicos, economía popular, salud, recreación, medioambiente y contexto político; sin embargo, no hay registro de algún espacio para discutir sobre los riesgos que representaban los árboles, postes, cuerpos de agua y deslizamientos de tierra en la zona, tal cual lo señaló el alcalde de Chapinero.

Pero la inconformidad de esta comunidad no viene de ahora. En las denuncias presentadas por los ciudadanos se habla de un episodio ocurrido el 28 de octubre, cuando un fuerte aguacero derribó los árboles ubicados en el sector de Tauro, en el kilómetro 3 de la vía a La Calera, y provocó un caos vehicular y que la vía quedara energizada, producto de la caída de postes de luz.

A esto se suman las quejas por la situación de los árboles que nadie atiende, según los residentes del sector, que se habían hecho desde el invierno de 2020. Durante la atención de la emergencia del fin de semana pasado, la alcaldesa Claudia López señaló que la responsabilidad por los árboles que representan riesgos en la vía y en los sectores aledaños a las quebradas era de la Corporación Autónoma Regional (CAR) y que aunque la comunidad ya había advertido sobre el riesgo inminente en la zona, no se había hecho nada. “La tala de árboles es responsabilidad de la CAR y lo estamos haciendo nosotros”, señaló López.

No obstante, este diario se ó con la entidad, que explicó que “la competencia de la CAR radica solo en la autorización de las talas y los encargados de ejecutarlas son las alcaldías”, según María Fernanda Zuluaga, directora (e) de la oficina regional Bogotá-La Calera.

Entre tanto, la entidad también dijo que desde 2017 se autorizó la tala de 117 árboles que representaban riesgo de caída y que esa labor estaba en manos de las alcaldías de Usaquén y Chapinero. Estos árboles se suman a los otros 133 que fueron autorizados para ser derribados el pasado fin de semana luego de la emergencia.

El otro de los grandes puntos que han generado encontrones entre la comunidad y la Alcaldía fue la recomendación de tomar como vía alterna para llegar a La Calera la ruta que pasa por El Codito, que según los habitantes de esta zona “tiene problemas de trochas, árboles a punto de caerse, ocupación de espacio público y canales taponados de basura”.

“Esta carretera está muy deteriorada. Es una piscina. Los carros pierden placas y repuestos en los huecos. Esta es una vía alterna al Guavio, pero si estuviera en buenas condiciones”, dijo Gregorio Huertas, residente de la vereda Aurora Alta.

Todo esto llevó a que la comunidad protestara el pasado miércoles 16 de noviembre. Piden lo mismo de hace años en cartas, reuniones y quejas. El 14 de noviembre, líderes comunales, presidentes de juntas de acción comunal (JAC) y habitantes de las veredas afectadas sorprendidos por los estragos de las lluvias y porque la vía se proponga como ‘alterna’ decidieron marchar sobre la antigua vía al Guavio, que conduce desde La Cabaña (Perimetral de Oriente) hacia la vereda La Aurora, que conduce a Bogotá por El Codito.

Allí, la comunidad pide un plan de acción inmediato y funcional para la puesta en marcha de esa vía, maquinaria, recebo, desagües y encauce del agua a fin de lograr la movilidad hoy inexistente.

Ahora, otro de los grandes problemas que ha hecho de la vía a la Calera un zona de inminente riesgo por deslizamientos, inundaciones y caída de árboles, según la alcaldesa López y algunos de la comunidad, es la construcción de viviendas irregulares en zonas aledañas a las quebradas.

María Rozo, habitante de la zona de La Capilla, en el kilómetro 5, dice: “Siempre que llueve, el agua sube hasta un metro por todas las paredes de las casas y eso pasa porque las quebradas se rebosan y arrastran todo el material de las construcciones, que tapa los drenajes. La gente aquí construye donde quiera y eso debilita todo el terreno”.

Y aunque la comunidad dice que en varias ocasiones se ha alertado a las entidades sobre los diferentes riesgos naturales que hay en la vía a La Calera, la alcaldesa también ha sido clara en decir que muchas de las construcciones que hay en la zona son irregulares y están levantadas sobre predios inestables que no son adecuados para la edificación por estar en los bordes de las quebradas.

“La UPZ 89 es una zona rural que no se puede convertir en urbana. Aquí no hay autorización para construir y tampoco hay cobertura de servicios. Eso también afecta la situación”, dijo la alcaldesa.

JONATHAN TORO

REDACCIÓN BOGOTÁ

@ToroRomeroJ